HRW alerta sobre las democracias autoritarias en Am¨¦rica Latina

Aunque HRW reconoce los avances que han supuesto las reformas migratorias a la hora de facilitar la libertad de movimiento y de expresi¨®n de la disidencia y la reducci¨®n de las penas prolongadas de c¨¢rcel a los presos pol¨ªticos, la organizaci¨®n sigue siendo muy cr¨ªtica con las detenciones arbitrarias y las encarcelaciones breves, que el r¨¦gimen de la isla utiliza "a modo preventivo para evitar que las personas participen en eventos que se consideren contrarios al Gobierno" y la represi¨®n a disidentes como las Damas de Blanco, 30 de cuyas integrantes fueron detenidas y golpeadas en agosto de 2013 por asistir a una misa.

El informe denuncia la ausencia de libertad de expresi¨®n en Cuba y las condiciones en los centros de detenci¨®n en los que todav¨ªa se encuentran ¡°decenas de presos pol¨ªticos¡±.

Adem¨¢s de los asuntos relacionados con la libertad de prensa, HRW destaca en su informe c¨®mo la nueva legislaci¨®n aprobada en abril de 2013 por el Gobierno de Fern¨¢ndez supone una "grave limitaci¨®n de la independencia judicial" en Argentina. Aunque el informe reconoce que la Corte Suprema anul¨® algunas de las disposiciones, alerta de las restricciones para solicitar medidas cautelares que contempla la disposici¨®n.

HRW tambi¨¦n muestra su preocupaci¨®n por el Memor¨¢ndum de Entendimiento firmado por Argentina e Ir¨¢n para revisar las pruebas que vinculaban a ciudadanos iran¨ªes con el atentado de 1994 a la Asociaci¨®n Mutual Argentina (AMIA) de Buenos Aires en el que 85 personas perdieron la vida y m¨¢s de 300 resultaron heridas. El informe tambi¨¦n advierte sobre los obst¨¢culos de las mujeres argentinas para acceder a m¨¦todos anticonceptivos y recuerda que, salvo pocas excepciones, el aborto es ilegal. Estas condiciones determinan que ¡°a menudo mujeres y j¨®venes deban afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud¡±.

Adem¨¢s de la alerta, reiterada en los ¨²ltimos informes, sobre la acumulaci¨®n del poder ejecutivo y el deterioro de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresi¨®n, en esta ocasi¨®n, el informe de HRW pone el acento en la falta de transparencia y en la violencia poselectoral contra los opositores ejercida por la Administraci¨®n venezolana tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. "Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a partidarios del candidato opositor Henrique Capriles [...] Algunas de las personas detenidas se?alaron que se les pregunt¨®: '?Qui¨¦n es tu presidente?' y que recib¨ªan golpizas si no respond¨ªan 'Nicol¨¢s Maduro", denuncia la organizaci¨®n. El documento afirma que ning¨²n fiscal ha investigado ninguna demanda cre¨ªble sobre esos abusos.

HRW contin¨²a denunciando los abusos del Ejecutivo venezolano en materia de libertad de expresi¨®n y contra la independencia judicial. ¡°El Gobierno de Ch¨¢vez ha ampliado y ejercido de forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicaci¨®n durante la ¨²ltima d¨¦cada [...] y ha adoptado medidas en¨¦rgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicaci¨®n que ofrecen una programaci¨®n cr¨ªtica con el Gobierno¡±.

HRW lamenta que en 2013 EE UU no haya conseguido "revertir los resultados decepcionantes en aspectos de seguridad nacional". El informe es incisivo a la hora de recordar las promesas incumplidas del presidente Barack Obama, en concreto, el cierre de Guant¨¢namo o una mayor transparencia y reducci¨®n en el uso de los programas de ataques con drones, dos aspectos en los que el presidente estadounidense requiere de una complicidad por parte del Congreso que no est¨¢ dispuesto a ofrecer. "Es dif¨ªcil encontrar un ejercicio m¨¢s palmario de lo que representa el abuso en el ejercicio del poder que Guant¨¢namo", ha se?alado Vivanco que sostiene que el Gobierno de EE UU deber¨ªa demostrar que "el asunto del centro del reclusi¨®n en Cuba es prioritario".

En el caso de las batidas con aviones no tripulados, la organizaci¨®n lamenta que la Administraci¨®n no haya asumido de manera general la responsabilidad p¨²blica por las muertes de civiles que se producen en esas batidas.

La violaci¨®n del derecho a la intimidad de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en la que han incurrido los programas de espionaje de la NSA, desvelados por Edward Snowden, tambi¨¦n es abordada por HRW. ¡°La vigilancia masiva del gobierno de EE UU ha eliminado en gran medida el derecho a la privacidad en una ¨¦poca donde la poblaci¨®n pr¨¢cticamente depende de la comunicaci¨®n electr¨®nica. El documento lamenta que ¡°las personas no estadounidenses no tengan un inter¨¦s reconocido a la privacidad¡±. En el informe no se recoge la reforma de las pr¨¢cticas de inteligencia que Obama anunci¨® el viernes pasado, si bien Vivanco ha dado la bienvenida a los mayores controles sobre el uso de los metadatos pese a lamentar que no se hayan adoptado las mismas restricciones en materia de su recopilaci¨®n o que no se contemplen procesos judiciales a los que puedan recurrir los ciudadanos extranjeros sometidos a las pr¨¢cticas de espionaje de EE UU.

El responsable de la organizaci¨®n tambi¨¦n ha denunciado la persecuci¨®n penal por parte de la justicia estadounidense de Snowden para quien ha reclamado ¡°la protecci¨®n que merece quien ha desvelado delitos y abusos, pese a infringir su deber de silencio¡± por haberlo hecho ¡°en aras de un inter¨¦s p¨²blico superior¡±.

HRW advierte en su informe sobre Colombia de c¨®mo, pese a encontrarse en pleno proceso de negociaciones para poner fin al conflicto con las FARC, esta guerrilla, y el ELN, han seguido cometiendo grandes abusos contra la poblaci¨®n civil, entre los que se cita el uso de minas antipersonas. La organizaci¨®n extiende la alarma a la presencia de grupos de paramilitares. El informe alerta sobre el riesgo que puede suponer la aplicaci¨®n de la justicia transicional y de la situaci¨®n en la que se encuentras los m¨¢s de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto. "Las decisiones del Gobierno para garantizar el proceso de paz tienden a incrementar la impunidad y reducir la rendici¨®n de cuentas", sostiene Vivanco.

En este sentido, critica las deficiencias en la aplicaci¨®n de la Ley de V¨ªctimas, que contempla la restituci¨®n de tierras, y las amenazas que sufren aqu¨¦llos que quieren reclamarlas.¡±Lamentablemente no ha ofrecido los resultados esperados porque las condiciones de inseguridad en las zonas rurales colombianas siguen siendo extremadamente delicadas¡±, ha constatado Vivanco.

El responsable de la organizaci¨®n ha denunciado la falta de atenci¨®n por parte del procurador general a la investigaci¨®n de la colaboraci¨®n de miembros del Congreso y del Gobierno del anterior presidente ?lvaro Uribe, con grupos de paramiliatres. ¡°Por contra, la atenci¨®n del procurador ha estado en la gesti¨®n de la recolecci¨®n de basuras del alcalde de Bogot¨¢, Gustavo Petro, un asunto que no llega a la gravedad de los nexos con los paramilitares¡±, ha se?alado Vivanco quien considera que la destituci¨®n de Petro vulnera la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos.

HRW pone gran detalle en la denuncia de la Ley de Comunicaci¨®n que la Asamblea General de Ecuador aprob¨® en junio de 2013 que, "con disposiciones poco precisas, regula los medios audiovisuales y escritos de modo que cercena la libertad de prensa". La organizaci¨®n alerta de c¨®mo la norma "abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la informaci¨®n es veraz".

El informe tambi¨¦n critica la amenaza que se cierne contra los manifestantes en Ecuador debido a las disposiciones tan laxas sobre sabotaje y terrorismo que ¡°en numerosas ocasiones han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos p¨²blicos de protesta¡±. HRW ilustra esta situaci¨®n con el caso de los 10 de Luluncoto, unos j¨®venes condenados a un a?o de prisi¨®n por este tipo de delitos por organizar un acto de protesta p¨²blica.

Adem¨¢s de las denuncias sobre la cercenaci¨®n de la independencia judicial, corroborada en diciembre de 2012 por observadores internacionales que concluyeron que exist¨ªan anomal¨ªas en el proceso de designaci¨®n judicial, el informe advierte sobre los supuestos tan restrictivos en los que una mujer puede abortar en Ecuador, ¡°cuando su salud o vida est¨¦n en riesgo o el embarazo sea consecuencia de la violaci¨®n de una mujer ¡®idiota o demente¡¯ y c¨®mo la ley que va a modificar la interrupci¨®n del embarazo no avanza a la hora de garantizar abortos seguros debido a la amenaza de sanciones penales, y la existencia de centros privados de rehabilitaci¨®n parea ¡°curar la homosexualidad¡±

Si bien se reconoce la voluntad que el presidente Enrique Pe?a Nieto demostr¨® al llegar a la presidencia de M¨¦xico por hacer justicia con las v¨ªctimas de la guerra del narcotr¨¢fico desarrollada durante el sexenio de su predecesor, Felipe Calder¨®n, HRW advierte de que la escasa efectividad de normas, como la Ley de V¨ªctimas, o las comisiones, como la unidad dedicada a investigar desapariciones creada en el seno de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, creadas al respecto. El informe alerta de los "pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por soldados y polic¨ªas en el marco de las acciones contra la delincuencia organizada" y denuncia c¨®mo este tipo de violaciones ha continuado "durante la presidencia de Pe?a Nieto". Parte de esta inactividad, de acuerdo con la organizaci¨®n, se debe al hecho de que sean los tribunales militares -"que carecen de independencia y transparencia"- quienes se encargan de juzgar a los responsables de esos delitos.

HRW denuncia c¨®mo en M¨¦xico todav¨ªa es ¡°com¨²n se practiquen torturas para obtener informaci¨®n y confesiones bajo coacci¨®n¡± y advierte de los abusos que por parte de la delincuencia organizada sufren los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que cruzan el territorio del pa¨ªs norteamericano cada a?o. ¡°Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos¡±, denuncia HRW, que asegura que los centros de acogida de inmigrantes suelen ser objeto de ¡°amenazas y hostigamiento¡± por parte de grupos delictivos y funcionarios.

En materia de libertad de expresi¨®n, HRW denuncia la autocensura que se ven obligados a aplicar los periodistas en M¨¦xico ante los ataques de funcionarios o de grupos vinculados a la delincuencia.