El Gobierno peruano, juzgado por ejecuciones extrajudiciales en 1997

Un comando militar de ¨¦lite rescat¨® en abril de 1997 a 72 rehenes secuestrados en la residencia del embajador de Jap¨®n en Lima, que hab¨ªan pasado m¨¢s de tres meses cautivos a manos del grupo subversivo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Testigos y pruebas indican que cuando el rescate concluy¨® y los emerretistas se hab¨ªan rendido, tres fueron asesinados extrajudicialmente. La justicia peruana no ha esclarecido el caso y por ello los familiares de los muertos acudieron a la instancia internacional. El gobierno de Ollanta Humala, un militar del Ej¨¦rcito en retiro, tiene un inter¨¦s particular en este juicio, cuya fase oral se realiz¨® este lunes y martes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San Jos¨¦ de Costa Rica.

El lunes, el ministro de Justicia, Flavio Figallo, destac¨® que hab¨ªan previsto una defensa de alto nivel para los comandos Chav¨ªn de Hu¨¢ntar, algunos son oficiales del Ej¨¦rcito activos y otros en retiro. Uno de ellos es el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera, y antiguo superior de Ollanta Humala cuando serv¨ªa en la base antisubversiva Madre M¨ªa en los a?os noventa.

¡°Vamos a defender intensamente, y en todos los aspectos y ¨¢mbitos, a los comandos Chav¨ªn de Hu¨¢ntar, y que no se genere contaminaci¨®n respecto a ese operativo¡±, asegur¨® Figallo.

En agosto pasado, adem¨¢s, los medios peruanos difundieron la grabaci¨®n de un di¨¢logo que sostuvo en mayo de 2012 el entonces presidente de Poder Judicial, C¨¦sar San Mart¨ªn, con dos funcionarios del Poder Ejecutivo y una jueza que ve¨ªa el caso. El entonces ministro de Justicia, Juan Jim¨¦nez; el exagente del Estado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojassi y San Mart¨ªn dialogan sobre c¨®mo ¡°unificar criterios¡± en el caso de la ejecuci¨®n extrajudicial de Eduardo Cruz S¨¢nchez, uno de los miembros asesinados del MRTA.

Jim¨¦nez le sugiere a la jueza archivar el caso, y sostuvo que para el Gobierno, Vladimiro Montesinos y un alto jefe militar del Ej¨¦rcito, Nicol¨¢s Hermoza, son unos ¡°desgraciados¡± que ya han sido condenados por otros delitos, y que ella ten¨ªa una gran responsabilidad al dictar sentencia para no manchar a los comandos Chav¨ªn de Hu¨¢ntar.

La sentencia de la jueza Rojassi ¨Cen 2012¨C absolvi¨® entonces a Montesinos, Hermoza y Roberto Huam¨¢n Azcurra, hombre de confianza de Montesinos que entr¨® al lugar del rescate de los rehenes cuando hab¨ªa terminado.

¡°Si en este caso reducimos cualquier contingencia que implica pelea con el Estado. Si podemos, en este caso, archivar¡­¡±, dijo a Rojassi en mayo de 2012 Jim¨¦nez, quien luego ha sido primer ministro, actualmente representa al Estado peruano en la OEA, y estuvo presente en la audiencia en Costa Rica este martes. El funcionario es uno de los pocos hombres de confianza del presidente Humala: pese a no haber sido parte del equipo peruano que trabaj¨® sobre el diferendo de delimitaci¨®n mar¨ªtima con Chile en La Haya, fue enviado a Holanda el d¨ªa que se conocer¨ªa la sentencia y apareci¨® en la mesa de la conferencia de prensa del equipo peruano en La Haya, realizada el jueves pasado en Lima. Por otro lado, el exagente ante la CIDH, Cateriano, es actualmente el ministro de Defensa, y se mantiene aun cuando ha atravesado varias crisis pol¨ªticas en su sector.

Pese a que el gobierno de Humala ha orientado este caso a que parezca una ofensiva contra los comandos que lograron el rescate ¨Ctambi¨¦n llamados ¡®chavines¨C, el proceso en la CIDH no se?ala a esa agrupaci¨®n ni a un grupo de personas, denominados ¡®gallinazos¡¯ por el exministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, quienes supuestamente ingresaron cuando los subversivos se hab¨ªan rendido y dispararon al final del operativo 'Nipon 96'. El actual ministro de justicia peruano calific¨® a esas personas como un ¡°fantasmal equipo que se alude que existi¨®¡± y se?al¨® que ¡°a partir de ciertos testimonios incriminatorios no se puede distinguir a los comandos (Chav¨ªn de Hu¨¢ntar) y a los que no lo eran¡±.

Francisco Quintana, portavoz de la ONG Cejil que defiende a la parte civil, explic¨® a EL PA?S que ¡°este caso se trata de la protecci¨®n al derecho a la vida de cualquier persona en situaci¨®n de uso de armas, dentro o fuera de conflicto armado. El Estado peruano tiene esa obligaci¨®n por los instrumentos internacionales que ha ratificado¡±.

Quintana inform¨® que luego de las dos sesiones de la fase oral del contencioso ¡®Cruz S¨¢nchez vs. Per¨²¡¯, las partes tienen un mes para presentar a?adir m¨¢s elementos o aclarar su posici¨®n por escrito. ¡°La sentencia puede conocerse en ocho meses o un a?o¡±, agreg¨® v¨ªa telef¨®nica el director del programa para Norteam¨¦rica y la regi¨®n andina de Cejil.

Gloria Cano, abogada peruana de la parte civil, declar¨® a EL PA?S que durante las audiencias en San Jos¨¦, ¡°los peritajes presentados por el Estado reconocieron que las personas fuera de combate son sujetos de protecci¨®n, y que a tres personas luego del operativo se les priv¨® del derecho a la vida. Son puntos importantes que hab¨ªamos planteado en la defensa¡±.

¡°La estrategia del Estado peruano ha sido tratar de llevar el caso a si era o no leg¨ªtimo que realizara un operativo de rescate, pero no solo nosotros, sino la Corte, le record¨® que el caso es sobre las ejecuciones extrajudiciales y no se apartara del foco, algunos de los jueces le pidieron al Estado peruano que definiera por escrito su posici¨®n. No es un proceso para establecer responsabilidades individuales, sino lo que hizo el Estado despu¨¦s de la ejecuci¨®n de las personas¡±, a?ade Cano.

El ministro de Justicia peruano cuestiona que el caso haya llegado a la Corte Interamericana cuando a¨²n est¨¢ vi¨¦ndose en ¡°sede nacional¡±, pero Francisco Quintana coment¨® que ¡°ha habido un retraso injustificado de la justicia nacional, por eso puede acudir a la internacional. A meses de que se celebrara esta sesi¨®n en Costa Rica ha habido audiencias nacionales y tanto el tribunal superior de Lima como la Corte Suprema establecen que deben ser investigadas las muertes¡±, precis¨®.

El caso genera sensibilidad en el pa¨ªs pues conduce a posiciones extremas, entre quienes se muestran sin piedad contra quienes cometieron actos de terror y quienes creen que los subversivos merecen justicia si fueron asesinados una vez rendidos o presos. Las fuerzas pol¨ªticas en Per¨² juegan a¨²n con esa polarizaci¨®n, y el gobierno tambi¨¦n.