La justicia de Venezuela destaca entre las m¨¢s sumisas de Am¨¦rica

El Gobierno de Venezuela puede presumir del dudoso honor de no enfrentar fallos adversos por parte del Tribunal Supremo desde que el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez (1998-2013) reform¨® en 2004 la ley org¨¢nica de este tribunal y nombr¨® nuevos magistrados. Vista su trayectoria en los ¨²ltimos nueve a?os, las opciones que puede tener el dirigente opositor Leopoldo L¨®pez ¡ªencarcelado desde hace 47 d¨ªas por supuesto enaltecimiento de la violencia¡ª de encontrar amparo en el Supremo son m¨¢s bien escasas. Para la ONG Human Rights Watch esa falta de independencia del poder judicial s¨®lo es equiparable a la que padecen Honduras, Nicaragua y Ecuador.

La mayor¨ªa de los Tribunales Supremos de Am¨¦rica Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las pol¨ªticas de sus Gobiernos. El equilibrio de poderes, tan saludable en cualquier democracia, se ha ejercido de forma bien visible en la mayor parte de la regi¨®n. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema vet¨® el a?o pasado la reforma judicial que promov¨ªa el Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez. En Brasil, la Suprema Corte conden¨® a parte de la c¨²pula del gobernante Partido de los Trabajadores en el caso de sobornos pol¨ªticos conocido como mensal?o. En la actualidad, siete altos cargos cumplen condena en r¨¦gimen cerrado. En M¨¦xico, la Suprema Corte declar¨® inconstitucional en 2007 la llamada Ley Televisa por considerar que propiciaba pr¨¢cticas de monopolio.

En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia anul¨® el a?o pasado la ley que imped¨ªa la impunidad para los represores de la dictadura, un gran varapalo para la izquierda uruguaya y para el Gobierno de Jos¨¦ Mujica. En Colombia, la Corte Constitucional vet¨® en febrero de 2010 la posibilidad de que ?lvaro Uribe pudiese concurrir a otras presidenciales para un tercer mandato. En Chile, la Corte Suprema acogi¨® el recurso de organizaciones ecologistas y paraliz¨® en 2012 el proyecto hidroel¨¦ctrico de Puerto Aysen, impulsado por el Gobierno. Y en 2008, la Corte Constitucional prohibi¨® la venta de la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s que hab¨ªa aprobado el Gobierno de Michelle Bachelet. En Bolivia, el Tribunal Constitucional declar¨® el a?o pasado parcialmente inconstitucional la ley de Autonom¨ªa, por la que el Gobierno de Evo Morales se hab¨ªa deshecho de varios alcaldes y gobernadores de la oposici¨®n. En Costa Rica, la Sala Constitucional tumb¨® en 2012 el proyecto tributario estrella del Gobierno de Laura Chinchilla. Los ejemplos son diversos y numerosos.

La mayor¨ªa de las Cortes Supremas se han enfrentado alguna vez a las pol¨ªticas de sus Gobiernos

En Venezuela, sin embargo, la situaci¨®n es distinta de la que se vive en la mayor parte de la regi¨®n. El director para Am¨¦rica de la ONG Human Rights Watch, Jos¨¦ Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un ¡°ap¨¦ndice del Ejecutivo¡± y es ¡°uno de los ejemplos m¨¢s burdos de falta de independencia judicial en la regi¨®n¡±. ¡°El Gobierno de Ch¨¢vez, desde 2004, ha manipulado la composici¨®n del m¨¢s alto tribunal, llen¨¢ndolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar pr¨¢cticas abusivas, como lo est¨¢n haciendo actualmente con la detenci¨®n de alcaldes de oposici¨®n¡±, subraya Vivanco.

El representante de HRW incide, adem¨¢s, en la situaci¨®n de vulnerabilidad en que se encuentran la mayor¨ªa de los jueces: ¡°El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayor¨ªa en el pa¨ªs, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a pr¨¢cticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo L¨®pez¡±.

Vivanco cree que el ejemplo ¡°m¨¢s n¨ªtido¡± de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detenci¨®n de la jueza Mar¨ªa Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009. ¡°Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento pol¨ªtico del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes tem¨ªan perder sus empleos, ahora temen, adem¨¢s, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso¡±.

El jurista venezolano Pedro Nikken sostiene que el ¡°sometimiento de la independencia¡± del Tribunal qued¨® confirmado en el discurso de apertura del A?o Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba. En aquel discurso, Vegas se?al¨®: ¡°El poder judicial venezolano est¨¢ en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecuci¨®n, en el ¨¢mbito de su competencia, de la pol¨ªtica de Estado que adelanta el Gobierno nacional¡± en el sentido de desarrollar ¡°una acci¨®n deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democr¨¢tico (¡­) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcci¨®n del Socialismo Bolivariano¡±.

Honduras, Ecuador y Nicaragua tambi¨¦n tienen justicias dudosas

Nikken, igual que HRW, considera que el gran momento de inflexi¨®n se produjo con la privaci¨®n de libertad de la juez Afiuni. ¡°Eso caus¨® un efecto devastador sobre la judicatura¡±, se?ala. Nicaragua es otro de los pa¨ªses donde un presidente puede dormir tranquilo con la convicci¨®n de que la Corte Suprema no le deparar¨¢ sorpresas desagradables. En 2011, la Sala Constitucional declar¨® inaplicable el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n que prohib¨ªa disputar un tercer mandato presidencial. Daniel Ortega reform¨® la constituci¨®n y en enero la Asamblea aprob¨® la posibilidad de reelecci¨®n indefinida.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa impuls¨® una reforma judicial en 2011 que fue refrendada mediante consulta popular. Desde entonces, ni la Corte Nacional de Justicia ni la Corte Constitucional se han pronunciado contra alguna medida de Correa. En 2013 fueron destituidos 165 jueces, 214 sancionados, 60 suspendidos y 17 multados por el Consejo de la Judicatura, integrado su mayor¨ªa por ex funcionarios del Gobierno. Ramiro Aguilar, abogado y asamble¨ªsta independiente, se?ala: "Los jueces actuales son militantes del partido de Gobierno. Si alguno se quiere desmarcar, el Consejo de la Judicatura los destituye".

Jos¨¦ Miguel Vivanco cree que el Gobierno de Ecuador se ha servido del Poder Judicial para "amordazar" a los medios de comunicaci¨®n independientes. Y para ello, ha sido clave el hecho de que el Consejo de la Judicatura est¨¦ "compuesto exclusivamente por ex-funcionarios de Correa".

En Honduras, la periodista Thelma Mej¨ªa recuerda que tras el golpe de Estado de 2009 fueron destituidos cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala Constituciones por emitir dos fallos contra los intereses del Poder Ejecutivo. En un sondeo de 2013, la Corte Suprema quedaba como una de las instituciones peor valoradas.

Con informaci¨®n de Magdalena Mart¨ªnez (Uruguay), Elizabeth Reyes L. (Colombia), Salvador Camarena (M¨¦xico), Carlos Salinas (Nicaragua) Mabel Azcui (Bolivia), Jos¨¦ Mel¨¦ndez (Costa Rica) ?y Soraya Constante (Ecuador).