La cara ¡®boliburguesa¡¯ de Miami

La noche del viernes 18 de julio Benny Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por delitos de tr¨¢fico de coca¨ªna, obstrucci¨®n de la justicia, lavado de dinero y extorsi¨®n. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de impedir la deportaci¨®n de uno de los narcos colombianos m¨¢s buscados entre 2009 y 2010, con ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas. Palmeri se hab¨ªa dedicado al negocio de los alimentos estos ¨²ltimos a?os: era directivo de la c¨¢mara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgu¨¦s: un miembro de la nueva oligarqu¨ªa que floreci¨® a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su s¨²bita ¨Cy con frecuencia mal habida- riqueza.

El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotr¨¢fico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri, o de la corrupci¨®n que crece al amparo de la bonanza petrolera ¨Cen especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admiti¨® en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entreg¨® 20.000 millones de d¨®lares para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de malet¨ªn. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperaci¨®n del mercado inmobiliario local, golpeado por la crisis econ¨®mica de 2011.

Esta gran inyecci¨®n de capital venezolano ha llegado por dosis. Las m¨¢s altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los j¨®venes empresarios de la antigua oligarqu¨ªa caraque?a favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos, entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar ¡°sus ahorros¡± cuando el presidente Hugo Ch¨¢vez enferm¨® de c¨¢ncer en 2011; y el de altos cargos ca¨ªdos en desgracia, que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de informaci¨®n sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen a¨²n conectados con la administraci¨®n del presidente Nicol¨¢s Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violaci¨®n a los derechos humanos en Venezuela.

¡°Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos", dice un senador republicano

¡°Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan empresas-fachada y testaferros para invertir ese dinero en nuestra econom¨ªa, sobre todo en Florida. No hay ninguna raz¨®n en el mundo por la que no deber¨ªamos ir tras estas personas por lo que han hecho¡±, dijo en junio pasado el senador republicado de Florida Marco Rubio, cuando el Congreso discuti¨® sin resultados la moci¨®n de aprobar sanciones contra estos funcionarios. El grueso de los dem¨®cratas se resist¨ªa a esta medida hasta este 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama anunci¨® unilateralmente que revocar¨ªa y denegar¨ªa visados a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados ¡°responsables o c¨®mplices¡± de la represi¨®n a las protestas contra el presidente Nicol¨¢s Maduro, que comenzaron en febrero y donde murieron m¨¢s de 40 personas y miles fueron detenidas. Washington no revel¨® ni los nombres ni el n¨²mero de funcionarios afectados por la medida, pero se sabe que hay entre ellos ¡°desde ministros a asesores presidenciales y funcionarios judiciales, adem¨¢s de militares y agentes de la ley¡±.

El cambio de opini¨®n del Departamento de Estado ocurri¨® luego de que las autoridades holandesas liberaron al exjefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, se?alado delitos de narcotr¨¢fico y pedido en extradici¨®n por Estados Unidos. Carvajal fue detenido en la isla caribe?a de Aruba este 24 de julio, el mismo d¨ªa en que el exjuez Palmeri-Bacchi tuvo su primera audiencia ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Hugo Carvajal fue liberado 72 horas despu¨¦s bajo el alegato de que gozaba de inmunidad diplom¨¢tica, y fue recibido en por el Gobierno de Caracas como un h¨¦roe que hab¨ªa logrado escapar de una trampa del ¡®imperio¡¯.

Durante las primeras horas del arresto, el chavismo tem¨ªa que Carvajal hubiese llegado a un arreglo con las autoridades estadounidenses, como ya lo han hecho otros en el pasado. En abril de 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el coronel retirado Eladio Aponte Aponte, huy¨® de Venezuela a Costa Rica y lleg¨® a Estados Unidos en un vuelo de la agencia antidrogas DEA, donde hizo p¨²blicas toda clase de acusaciones que involucraban a altos cargos del Gobierno con el tr¨¢fico de drogas y la manipulaci¨®n del Poder Judicial con fines pol¨ªticos. Tambi¨¦n el exteniente Alejandro Andrade -desde 1998, secretario privado de Ch¨¢vez, viceministro, presidente de fondos de desarrollo, tesorero de la naci¨®n y presidente del banco estatal de desarrollo Bandes- parece haber llegado a un acuerdo con Washington luego de que el Departamento de Estado revoc¨® su visado de empresario en 2013 por su participaci¨®n en un esquema millonario de sobornos.

Caballos purasangre

¡°Andrade inici¨® conversaciones sobre un posible acuerdo de cooperaci¨®n con el gobierno norteamericano a fines del verano de 2013 (¡­) El hecho de que las negociaciones fueron fruct¨ªferas lo demostr¨® su presencia durante las competencias de salto en Wellington en febrero y marzo de 2014¡±, escribe el periodista venezolano afincado en Miami Casto Ocando, en su libro ¡°Chavistas en el imperio: secretos, t¨¢cticas y esc¨¢ndalos de la revoluci¨®n bolivariana en Estados Unidos¡± (Factual, 2014). A la par de sus actividades en Venezuela, Alejandro Andrade se hizo propietario de la escuela de equitaci¨®n Hollow Creek Farms, en Carolina del Norte, y comparte el publicitado gusto del chavismo por los caballos pura sangre.

El banquero Arn¨¦ Ch¨¢c¨®n -exteniente de fragata y hermano del actual ministro de Energ¨ªa El¨¦ctrica, Jesse Chac¨®n- tambi¨¦n tuvo un establo llamado Gadu Racing Stable Corp. a media hora de Miami. Lo compr¨® unos meses antes de que el presidente Hugo Ch¨¢vez ordenara su detenci¨®n por fraude a la naci¨®n, en noviembre de 2009, y lo vendi¨® antes de salir en libertad condicional, en diciembre de 2012. En su lugar funciona ahora Rontos Stable Corp.: otro establo, propiedad de Ronald S¨¢nchez, hermano del Superintendente Nacional de Valores de Venezuela, Tom¨¢s S¨¢nchez, que condujo la intervenci¨®n de siete entidades financieras en 2009, entre las cuales se contaba el banco de Arn¨¦ Chac¨®n.

En Miami y las peque?as ciudades que la rodean se concentra tambi¨¦n la m¨¢s grande comunidad de venezolanos en la di¨¢spora, en su mayor¨ªa opositores al chavismo, que han intentado gestos de rechazo contra los gustos millonarios de quienes identifican como ¡®boliburgueses¡¯. El 22 de mayo, las autoridades de Miami-Dade aprobaron una resoluci¨®n simb¨®lica para declarar personas non gratas a los nuevos due?os del canal de noticias venezolano Globovisi¨®n ¨CRa¨²l Gorr¨ªn, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero¡ª, tres d¨ªas despu¨¦s de que el diario El Nuevo Herald publicara un reportaje sobre las millonarias propiedades que estos poseen en una de las ¨¢reas m¨¢s lujosas del sur de Florida, Cocoplum, en la ciudad de Coral Gables. ¡°Por aprovecharse hip¨®critamente de los beneficios de nuestra democracia, mientras ayudan al gobierno de Venezuela a negar (a sus ciudadanos) esos beneficios de derechos humanos, libertad de expresi¨®n y democracia¡±, dec¨ªa el documento original. Pero uno de los socios amenaz¨® con demandar a la ciudad por manchar sin pruebas su reputaci¨®n y en el ¨²ltimo minuto, la municipalidad decidi¨® modificar el documento, retirando los nombres de los empresarios.