?Qui¨¦n elige a los Jueces en Guatemala?

El a?o 2014 est¨¢ siendo un a?o clave para Guatemala y su sistema judicial. En Mayo, se eligi¨® una nueva Fiscal General a trav¨¦s de un proceso que no estuvo exento de cr¨ªticas e irregularidades. En Junio, comenz¨® el proceso para la elecci¨®n de los 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 90 magistrados de las Cortes de Apelaciones y suplentes. El mismo se ha visto manchado por irregularidades que est¨¢n poniendo en riesgo la independencia judicial en el pa¨ªs.

La Constituci¨®n de Guatemala ¨ªndica que el proceso de selecci¨®n de Jueces debe realizarse a trav¨¦s de la creaci¨®n de una Comisi¨®n de Postulaci¨®n cuya funci¨®n es la de recibir curr¨ªculos, analizarlos, y elaborar una lista corta de precandidatos que en ¨²ltima instancia ser¨¢n elegidos por el Congreso de la Rep¨²blica. Dicha Comisi¨®n, integrada por decanos de Universidades, autoridades de la justicia y representantes del Colegio de Abogados, deber¨ªa en teor¨ªa ser independiente de intereses pol¨ªticos a grupos de poder.

Esto pocas veces ha ocurrido. Un informe de la Fundaci¨®n para el Debido Proceso se?ala que la conformaci¨®n de la Comisi¨®n de Postulaci¨®n por lo general no ha escapado a las influencias de grupos de inter¨¦s pol¨ªtico y econ¨®mico, y de cuerpos ilegales, cuyo objetivo ha sido el de ¡°cooptar la institucionalidad del pa¨ªs¡±. Como resultado, ¡°las listas cortas de candidatos a magistrados suelen estar sometidas a negociaciones y compromisos corruptos¡±.

En esta misma l¨ªnea, la organizaci¨®n Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente de la Rep¨²blica Otto Perez Molina, resalt¨® el hecho de que la ley que regula la selecci¨®n de los Comisionados no requiere que los aspirantes informen acerca de la identidad de sus socios comerciales, empleadores o clientes, ni que transparenten su situaci¨®n patrimonial o el origen de los fondos para su campa?a. Sin esta informaci¨®n es pr¨¢cticamente imposible detectar qu¨¦ intereses se encuentran manchando estos procesos.

El proceso iniciado el pasado Junio para la elecci¨®n de los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, no se encuentra exento de estas y otras irregularidades. Los Comisionados a cargo del proceso fueron elegidos a fines de Mayo, en medio de ataques cruzados entre las diferentes listas de candidatos. La elecci¨®n de estos comisionados fue marcada por campa?as desproporcionadas, financiada por grupos de inter¨¦s, incluyendo al Poder Ejecutivo. Llama la atenci¨®n, por ejemplo, que entre los comisionados se incluyen representantes que han sido se?alados anteriormente por la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un informe denominado ¡°Jueces de la Impunidad¡±. El rector de la Universidad de San Carlos, por su parte, afirm¨® que la elecci¨®n de los comisionados se hab¨ªa visto ensuciada por la participaci¨®n de sectores externos y que en Guatemala el crimen organizado no solo est¨¢ compuesto por aquellos que siembran y trafican droga, si no tambi¨¦n por aquellos que debilitan las instituciones como el poder judicial.

Una vez comenzado el proceso, las cr¨ªticas no tardaron en llegar. Adicionalmente a los problemas surgidos en torno a la selecci¨®n de los comisionados y las denuncias por presunta presi¨®n de grupos de inter¨¦s, m¨¢s denuncias comenzaron a aparecer, las cuales sostienen que los comisionados se encuentran eludiendo los criterios establecidos en ley al no discutir en forma p¨²blica y razonada sobre la honorabilidad y m¨¦ritos ¨¦ticos de los candidatos para ocupar dichos cargos en el sistema de justicia, y al basar la evaluaci¨®n m¨¢s en la antig¨¹edad que en la experiencia que garantiza su idoneidad y capacidad.

Diversos grupos de la sociedad civil guatemalteca decidieron actuar. Abogados independientes, organizaciones no gubernamentales, y la prensa, monitorearon el proceso, y presentaron una serie de amparos y acciones legales con el objetivo de impugnar ciertos aspectos del proceso de elecci¨®n. Estas acciones tuvieron sus frutos. La semana pasada, el Tribunal Constitucional orden¨® a los Comisionados a retroceder en el proceso y revisar el perfil de los aspirantes en base a los requisitos establecidos en la Constituci¨®n, y no a los criterios laxos que ven¨ªan utilizando.

En respuesta, los comisionados han acusado a estos grupos de sociedad civil tales como el Movimiento Pro Justicia, la Fundaci¨®n Myrna Mack y al abogado Alfonso Carrillo de haber ¡°entorpecido el proceso¡± con sus denuncias, acus¨¢ndolos de haber ¡°violentado los derechos de los comisionados¡±. Los ataques de la Comisi¨®n de Postulaci¨®n tambi¨¦n se centraron en el Juez Cesar Adolfo Gonz¨¢lez ¨C quien fuera quien orden¨® el amparo- por haberse ¡°extralimitado en sus funciones¡±.

La comunidad internacional de derechos humanos tiene un ojo puesto sobre el proceso. El tema fue discutido la semana pasada durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un comunicado emitido por un grupo de 5 organizaciones no gubernamentales resalta que los procedimientos para la selecci¨®n de los nuevos Jueces no est¨¢n siendo guiados por los principios de independencia, participaci¨®n, transparencia y representatividad, existiendo dudas sobre la autonom¨ªa e imparcialidad de la Comisi¨®n de Postulaci¨®n.

Human Rights Watch por su parte, en la carta ya mencionada, se?al¨® que ¡°si la actual Fiscal General y los miembros de la Corte Suprema son reemplazados por personas que carecen de la idoneidad, independencia y credibilidad que se necesitan para desempe?ar estas altas responsabilidades, los logros conseguidos recientemente en el terreno de la justicia y el estado de derecho podr¨ªan detenerse, o incluso revertirse¡±.

Los pr¨®ximos meses ser¨¢n fundamentales ya que estar¨¢n en juego los pr¨®ximos 5 a?os de administraci¨®n de la justicia en el pa¨ªs. La votaci¨®n final de los Comisionados se realizar¨¢ entre el 18 y 21 de Septiembre. Luego, ser¨¢ el Congreso qui¨¦n elija a los nuevos jueces. La importancia de todo este proceso radica en que estos nuevos jueces ocupar¨¢n los m¨¢ximos tribunales luego de acabado el actual periodo presidencial. La responsabilidad de rescatar las instituciones estar¨¢ en sus manos.

Guatemala necesita fortalecer sus instituciones para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo acabando con uno de sus principales obst¨¢culos: la impunidad. Pero esto no ser¨¢ posible si no se hace frente hoy a los riesgos que est¨¢n manchando el proceso de selecci¨®n judicial.