Una puerta abierta en la frontera
Una sentencia permite a nueve mexicanos deportados volver a EE UU a defenderse en un tribunal y establece un precedente de consecuencias a¨²n desconocidas
¡°Un d¨ªa vino mi padre a casa y me pregunt¨®: ?has visto a tu mam¨¢?¡±. Marta Mendoza, michoacana de 47 a?os, no hab¨ªa vuelto a casa el d¨ªa anterior. La buscaron por todo el municipio de Reseda, al norte de Los ?ngeles, con la foto en la mano, preguntando a los vecinos. Dieron aviso a la polic¨ªa, pero no hab¨ªa nadie con ese nombre en los archivos. Pusieron carteles con la foto y la palabra missing. Hasta que unos empleados de una farmacia la reconocieron dos d¨ªas despu¨¦s. Aquella era la mujer a la que hab¨ªan parado al creer que intentaba robar algo de la tienda. Se la hab¨ªa llevado la polic¨ªa. En el sal¨®n de su modesto piso de Reseda, su hija Patricia se acordaba perfectamente el jueves pasado de la fecha. El 22 de julio de 2013, Marta Mendoza llam¨® por tel¨¦fono desde Tijuana a su casa: ¡°Me han deportado, estoy en M¨¦xico¡±. Lo recuerda como uno de los d¨ªas m¨¢s angustiosos de su vida. En Tijuana les cost¨® un d¨ªa entero encontrarla, dando vueltas por la ciudad con un taxi y ense?ando su foto por los hoteles.
La de Marta Mendoza era una historia habitual en Estados Unidos hasta que dej¨® de serlo. Lleg¨® a California hace 30 a?os, se qued¨® en el pa¨ªs ilegalmente y crio una familia de seis hijos limpiando casas. Un solo encuentro con la polic¨ªa y esa vida queda reducida a cenizas. Pero su caso forma parte de una demanda judicial que ha abierto una puerta sin precedentes para el retorno de un n¨²mero a¨²n indeterminado de personas que firmaron voluntariamente su deportaci¨®n. En 2013, Estados Unidos deport¨® a 133.000 personas como ella detenidas dentro de su territorio (la cifra total es de 368.000, contando los deportados en la frontera).
El 22 de julio de 2013, Marta Mendoza llam¨® por tel¨¦fono desde Tijuana a su casa: ¡°Me han deportado, estoy en M¨¦xico"
El caso se inici¨® en junio de 2013. La organizaci¨®n Uni¨®n Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en ingl¨¦s), present¨® una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la polic¨ªa de fronteras, en la que argumentaba que en los centros de detenci¨®n de este cuerpo se presiona y enga?a a los detenidos para que firmen su deportaci¨®n voluntaria. Los agentes, seg¨²n los demandantes, hacen creer a los inmigrantes que no tienen otra opci¨®n, o que al firmar podr¨¢n regresar m¨¢s f¨¢cilmente. No es as¨ª. Son deportados inmediatamente y no pueden volver a entrar en EE UU en una d¨¦cada.
El d¨ªa antes de la deportaci¨®n, Patricia Armenta pudo ver a su madre en un hospital de Lynwood, California, donde la hab¨ªan llevado por sus problemas de salud. Sufre hipertiroidismo y est¨¢ diagnosticada como depresiva. All¨ª la encontraron muy desmejorada. Sus hijas le pidieron que no firmara nada. Ella dijo a los agentes que ten¨ªa hijos ciudadanos americanos. ¡°Aun as¨ª la hicieron firmar¡±, dice Patricia. Al d¨ªa siguiente la deportaron. El abogado de la familia les dijo que ya nada se pod¨ªa hacer. Hasta que conocieron a Sean Riordan, abogado de ACLU, que los meti¨® en su demanda colectiva. ¡°?l es mi ¨¢ngel¡±, dice Patricia.
Seg¨²n la denuncia, los agentes de fronteras presionan y enga?an a los detenidos para que firmen su deportaci¨®n voluntaria
Riordan explica por tel¨¦fono desde San Diego que todos los demandantes ten¨ªan al menos una raz¨®n para no firmar y pelear su deportaci¨®n en un juzgado de EE UU. Pod¨ªan haber pedido la residencia por tener un familiar estadounidense, o una moratoria basada en el da?o que su deportaci¨®n puede causar a la familia. Nada est¨¢ garantizado, pero al menos se habr¨ªan defendido en un juicio.
La demanda se resolvi¨® el pasado 18 de julio, cuando un juez acept¨® un acuerdo entre las partes en el que la polic¨ªa de fronteras, aunque no reconoce haber hecho nada mal, acepta cambiar sus procedimientos. El acuerdo establece un protocolo de la informaci¨®n que se le debe dar a un detenido antes de ofrecerle firmar su deportaci¨®n voluntaria. Adem¨¢s, los demandantes podr¨¢n vigilar que se cumpla. ¡°Es muy importante que el Gobierno haya admitido esto¡±, dice Riordan. ¡°Esperamos que el sistema funcione lo mejor posible y que la gente pueda tener toda la informaci¨®n antes de tomar esta dif¨ªcil decisi¨®n¡±. En un comunicado, el cuerpo de fronteras dice que en ning¨²n caso ¡°tolera la coerci¨®n o el enga?o¡±.
La polic¨ªa de fronteras ha firmado un acuerdo judicial en el que acepta revisar sus protocolos
Los nueve demandantes volvieron a EE UU en los d¨ªas siguientes. Ahora podr¨¢n defender sus casos ante un juez de inmigraci¨®n. Patricia recuerda el d¨ªa de la semana pasada que vio a su madre salir libre de la garita de la frontera: ¡°Fue tan emocionante como tener a mi hija de nuevo¡±.
La sentencia supone un importante cambio para los protocolos de deportaci¨®n. Pero las organizaciones de defensa de los inmigrantes ven adem¨¢s un precedente trascendental ya que el juez debe a¨²n decidir a cu¨¢nta gente afecta. Se trata de una demanda colectiva a la que, si el juez as¨ª lo decide, podr¨ªa sumarse cualquiera que crea haber sido deportado en las mismas circunstancias. Seg¨²n los demandantes, se trata de cientos o miles de personas deportadas entre 2009 y 2013. Seg¨²n fuentes legales de la polic¨ªa de fronteras, en ese periodo firmaron su deportaci¨®n voluntaria unas 30.000 personas, pero solo una peque?a parte de ellas entran en los supuestos de la demanda colectiva. La decisi¨®n se conocer¨¢ en febrero.
Abogados especializados en inmigraci¨®n analizan la sentencia para saber qu¨¦ clase de precedente es este. Uno que abra la puerta a decenas de miles de inmigrantes o uno muy particular, para casos raros. Teresa Borden, experta legal de Carecen, una ONG de Los ?ngeles que ayuda a centroamericanos y que no tiene relaci¨®n con la demanda, est¨¢ convencida de que ser¨¢ lo primero. La enorme disparidad en las interpretaciones exige prudencia hasta que el juez lo ponga en negro sobre blanco. Pero el hecho es que Marta Mendoza, a la que su abogado le dijo que no se pod¨ªa hacer nada, despu¨¦s de un a?o viviendo con un familiar en Tijuana, est¨¢ de vuelta en su casa de California retomando su vida. Esa es una imagen que hace so?ar a decenas de miles.
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