El 96% del territorio destinado a la explotaci¨®n en Per¨² est¨¢ habitado

M¨¢s del 40% de la superficie de Per¨² se destina a concesiones para miner¨ªa, petr¨®leo, gas y madera, seg¨²n un informe presentado la semana pasada. La investigaci¨®n revela que m¨¢s del 93% de los territorios adjudicados para explotaci¨®n en ocho pa¨ªses propensos a recibir inversi¨®n est¨¢n habitados por pueblos ind¨ªgenas y comunidades locales. En Per¨², este porcentaje es del 96% dentro de la superficie explotada. Los autores alertan de que ¡°la inseguridad en la tenencia de la tierra es una amenaza para las poblaciones, pero tambi¨¦n para la estabilidad de las inversiones de las empresas¡±. El estudio fue dado a conocer en la conferencia Inversiones, comunidades y cambio clim¨¢tico: riesgos y oportunidades, con vistas a la Cumbre de Cambio Clim¨¢tico COP 20, que tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo diciembre en Lima.

La consultora The Munden Project, que ha realizado estudios para la Fundaci¨®n Ford, la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra, y el Fondo Brasile?o para la Biodiversidad, analiz¨® 73.000 concesiones otorgadas por los gobiernos de Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Indonesia, Liberia, Mozambique y Per¨², as¨ª como 100 conflictos vinculados al uso comercial de la tierra en esas ¨¢reas. El estudio fue un encargo de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalici¨®n de 14 instituciones que trabajan en Latinoam¨¦rica, ?frica y Asia en reformas de pol¨ªticas sobre bosques y tierras.

Los investigadores se?alan que ¡°las poblaciones locales son una contraparte no reconocida en los acuerdos de concesi¨®n¡±, y por ello alerta a los inversores acerca del alto ¡°coste financiero que puede derivar de la interacci¨®n negativa con quien posee el t¨ªtulo de la tierra y los que viven en las cercan¨ªas¡±.

De los 100 casos de conflicto, 10 proyectos fueron interrumpidos, la mayor¨ªa en Per¨². ¡°Hay alguna cosa que hace que las comunidades se movilicen m¨¢s y que las confrontaciones sean m¨¢s violentas aqu¨ª, incluso con muertes, a diferencia de los otros pa¨ªses, donde los conflictos se dan en el Poder Judicial o por otras v¨ªas¡±, coment¨® el investigador brasile?o Leonardo Pradela.

En la comparaci¨®n con los otros siete pa¨ªses de la muestra, todos con bosques tropicales, Per¨² tiene el mayor n¨²mero de concesiones para miner¨ªa (59.159), seguido de Colombia (9.464). Brasil tiene la mayor superficie para gas y petr¨®leo (239.832 kil¨®metros cuadrados), seguido por Per¨² (203.258), y Colombia (155.903 para petr¨®leo); en tanto que Indonesia supera a todos en el ¨¢rea destinada a la tala (302.505).

¡°El Estado debe cambiar de la visi¨®n sectorial a la territorial, que incluye a la vez a la gente, al ambiente y a los recursos en una sola visi¨®n, como la tienen los pueblos ind¨ªgenas¡±, afirma Gustavo Su¨¢rez de Freitas, coordinador del Programa de Conservaci¨®n de Bosques para la Mitigaci¨®n del Cambio Clim¨¢tico del Ministerio del Ambiente de Per¨². ¡°Para que no haya conflicto entre los diferentes usos del territorio, tienen que estar claros los mecanismos de articulaci¨®n entre sectores p¨²blicos sobre el otorgamiento de derechos¡±. Su¨¢rez de Freitas reconoci¨®, adem¨¢s, que Per¨² a¨²n no cuenta con una ley para ¡°otorgar derechos de manera ordenada¡±.

En la misma conferencia, la ONG peruana Instituto del Bien Com¨²n present¨® un nuevo mapa de las amenazas a los bosques, que act¨²an como barreras contra los efectos del cambio clim¨¢tico, y demostr¨® que en los territorios ind¨ªgenas se ha producido la cuarta parte de la deforestaci¨®n total en la Amazonia peruana entre 2001 y 2010 (m¨¢s de 1,4 millones de hect¨¢reas).

Seg¨²n Alberto Pizango, l¨ªder de Aidesep, la principal organizaci¨®n ind¨ªgena de la Amazonia peruana, m¨¢s de 1.000 comunidades nativas esperan que el Estado certifique la propiedad de unas 20 millones de hect¨¢reas que les corresponden. La carencia del t¨ªtulo de propiedad los ha vuelto vulnerables ante madereros ilegales y la miner¨ªa informal, y tambi¨¦n cuando negocian con empresas mineras o petroleras.

El pasado 1 de octubre, el Gobierno aprob¨® una norma para que las entidades encargadas de aprobar los t¨ªtulos de comunidades permitan que el tr¨¢mite contin¨²e, independientemente de si hay otras gestiones de empresas sobre el mismo territorio. La decisi¨®n se tom¨® despu¨¦s del asesinato, a inicios de septiembre, de cuatro ind¨ªgenas ashaninkas que ped¨ªan la titulaci¨®n de su comunidad, Saweto y se defend¨ªan de madereros ilegales. La comunidad sigue sin ser registrada oficialmente por el Gobierno Regional.

El cambio clim¨¢tico como tel¨®n de fondo

El ge¨®grafo Anthony Bebbington, de la Universidad de Clark (EE UU), ha documentado recientemente con mapas un incremento en las concesiones de miner¨ªa y petr¨®leo sobre tierras agr¨ªcolas y cuencas hidrogr¨¢ficas en Ghana y Per¨².

¡°Estos mapas muestran c¨®mo el Estado peruano ha ordenado el territorio maximizando la inversi¨®n. Otro sistema puede permitir la diversificaci¨®n productiva y reforzar la resiliencia del pa¨ªs frente al cambio clim¨¢tico¡±, asegura Bebbington.

Per¨² muestra siete de las nueve se?ales asociadas al cambio clim¨¢tico. Desde 2002, se ha incrementado el ¨¢rea de la cuencas de los r¨ªos Mantaro (centro) y Tambo (sierra sur) destinada a la miner¨ªa, entre un 40% y un 70%.

En la selva norte, las concesiones de exploraci¨®n de hidrocarburos se superponen en m¨¢s del 50% a la cuenca del Alto Mara?¨®n, al igual que en otras cuencas del departamento de Ucayali.

Con datos de 2011, el acad¨¦mico refiere que en la costa peruana el ¨¢rea de concesiones mineras sobre tierras agr¨ªcolas es de 21%, y de 22% en la sierra.