La justicia condena a Per¨²

Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano indemnizar a familiares o a miembros de los dos grupos terroristas que desataron la violencia en el pa¨ªs entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario T¨²pac Amaru (MRTA), se reavivan los pedidos de pol¨ªticos y militares en retiro para que Per¨² se aparte de esa jurisdicci¨®n supranacional. Esta vez ha vuelto a ocurrir tras conocerse la sentencia de la CIDH a favor de Gladys Espinoza Gonzales, condenada en 2004 a 25 a?os de prisi¨®n por terrorismo, pero torturada y violada en 1993 en una dependencia policial despu¨¦s de ser capturada en Lima.

La sentencia obliga a Per¨² a pagar a la mujer, en el plazo m¨¢ximo de un a?o, 60.000 d¨®lares; 40.000 a la madre de Espinoza, y 5.000 al hermano; habiendo fallecido la madre, el dinero ser¨¢ entregado a sus descendientes, indica la Corte. Sin embargo, Gladys Espinoza debe al Estado una reparaci¨®n civil de unos 11.200 d¨®lares por los da?os que causaron sus acciones en el MRTA, dedicado en los a?os 90 a la extorsi¨®n y secuestro de empresarios, y la procura de armas para una insurrecci¨®n.

La agrupaci¨®n subversiva se form¨® en 1982, liderada por V¨ªctor Polay Campos, y hacia finales de esa d¨¦cada se expandi¨® desde Lima hacia la selva central.

Espinoza y su pareja, tambi¨¦n emerretista, fueron detenidos por la polic¨ªa en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, como supuestos responsables del secuestro de un empresario del ramo de la vidrier¨ªa, Antonio Furukawa. Ella fue trasladada a la Divisi¨®n de Secuestros de la polic¨ªa, donde la golpearon y violaron.

El ministro de Justicia, Fredy Ot¨¢rola, ha indicado que la cantidad que adeuda Espinoza al Estado "debe actualizarse e incluir el concepto de intereses a la fecha".

Sin embargo, Gloria Cano, la abogada de la mujer, indic¨® a este peri¨®dico que su defendida est¨¢ de acuerdo en que le descuenten ¡ªde la reparaci¨®n que espera¡ª, el monto que ella adeuda al Estado. Pero no se le debe aplicar intereses, si pretenden hacerlo podr¨ªamos presentar un recurso ya que desde que fue detenida ha sido sometida a un tratamiento de alta seguridad con prohibici¨®n de trabajo", anot¨®.

El catedr¨¢tico y abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera destac¨® que "desde 1995, ha habido 30 sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado peruano ha perdido, y la suma de las reparaciones asciende a aproximadamente18 millones de d¨®lares. Habr¨ªa que preguntarnos por qu¨¦ ha perdido tanto".

"Per¨² fue buen pagador de las reparaciones ordenadas por la Corte hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pero despu¨¦s de la sentencia por el caso Castro Castro (de miembros de Sendero Luminoso asesinados en una prisi¨®n) se produce un quiebre y es dif¨ªcil conocer en qu¨¦ casos Per¨² ha cumplido con sus obligaciones (deudas)", dijo Rivera a EL PA?S.

Durante el Gobierno del presidente Alan Garc¨ªa, el ministro de Justicia indic¨® en 2010 que no se destin¨® "ning¨²n pago de reparaciones en los casos derivados de terrorismo. Debemos se?alar que como pol¨ªtica del Ministerio, ocupan el ¨²ltimo lugar entre estas prioridades". En esa l¨ªnea, uno de los portavoces del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, critic¨® la semana pasada la sentencia a favor de Espinoza. "Creo que debe haber una protesta por parte del Gobierno de Per¨² y tiene que haber un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ¨¢mbito de la misma corte", sugiri¨®.

Adem¨¢s, un pol¨¦mico magistrado, el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, sugiri¨® que se someta a refer¨¦ndum la permanencia de Per¨² en el ¨¢mbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calific¨® la sentencia de inaceptable, aberrante y antijur¨ªdica. En contraste, el ministro de Interior, Jos¨¦ Luis P¨¦rez Guadalupe, lament¨® la sentencia, pero tambi¨¦n lament¨® el hecho que la origin¨®.