Diputados de 50 pa¨ªses instan a abolir las leyes que criminalizan el aborto

En lugares como El Salvador, Nicaragua, Chile, Rep¨²blica Dominicana o Malta est¨¢ prohibido abortar bajo cualquier circunstancia. En otros m¨¢s de 50, como Indonesia, Afganist¨¢n o Mauritania, solo es legal para salvar la vida de la mujer. Parlamentarios de medio centenar de pa¨ªses (incluido Espa?a) han instado este viernes en Berl¨ªn a esos Estados a abolir las leyes que criminalizan a las mujeres y ni?as que se someten a interrupciones voluntarias del embarazo clandestinas. La declaraci¨®n de Berl¨ªn, firmada por senadores y diputados de todas las regiones del mundo reunidos en la ciudad alemana, reclama tambi¨¦n a los Gobiernos que garanticen el acceso a m¨¦todos anticonceptivos baratos y pongan en marcha programas de educaci¨®n sexual en todas las escuelas.

El texto busca presionar especialmente a los l¨ªderes del G7, que se reunir¨¢n en junio en Alemania, para que adquieran compromisos concretos con la promoci¨®n de la salud sexual y reproductiva, y sirvan as¨ª como br¨²jula para el resto de pa¨ªses. La agenda dise?ada por la canciller Angela Merkel para esa cita con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Italia, Reino Unido, Canad¨¢, Estados Unidos y Jap¨®n incluye como punto clave el empoderamiento de las mujeres para desarrollar sus carreras y el fomento de su autoempleo como uno de los ejes de desarrollo mundiales. ¡°Pero si una mujer no puede planificar su maternidad ¨Ccu¨¢ntos hijos tener y cuando-- dif¨ªcilmente podr¨¢ desarrollar su vida; y mucho menos su carrera¡±, advierte Jenny Tonge, presidenta del Foro Parlamentario Europeo de Poblaci¨®n y Desarrollo (EPF), uno de los organizadores de la conferencia interparlamentaria mundial a la que este diario ha acudido invitado.

Unas 226 millones de mujeres (la mayor¨ªa en pa¨ªses en desarrollo) que no desean quedarse embarazadas carecen de acceso a m¨¦todos anticonceptivos fiables para evitarlo, seg¨²n datos de la ONU. Un problema a¨²n m¨¢s grave entre las menores; incluso aquellas que viven en pa¨ªses desarrollados, debido a la dependencia econ¨®mica o la falta de educaci¨®n sexual. Y el acceso a la contracepci¨®n ¨Cincluida la de emergencia¡ª que hab¨ªa ido avanzando en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas lleva estancado desde 2008. La situaci¨®n econ¨®mica y el decremento en los fondos de la ayuda al desarrollo han contribuido al par¨®n. Tambi¨¦n el avance de los grupos ultraconservadores que se oponen a la planificaci¨®n de la maternidad, alerta el diputado de Zambia Highvie Hamududu.

Para garantizar la suficiente financiaci¨®n, los parlamentarios reclaman adem¨¢s a los Gobiernos que dediquen al menos un 10% de los presupuestos nacionales y de la ayuda al desarrollo a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a la promoci¨®n de la igualdad de g¨¦nero. ¡°Solo as¨ª, con fondos suficientes los compromisos pueden ser algo m¨¢s que una declaraci¨®n sin m¨¢s¡±, expone Joyce Ampumuza, representante de DSW, la organizaci¨®n alemana para la ayuda al desarrollo.

Diputados y senadores hacen un llamamiento al G7 para que incluya la salud sexual como clave en su agenda

Pero el texto acordado en Berl¨ªn, quiz¨¢ porque se dirige especialmente al grupo del G7 --que tienen leyes m¨¢s avanzadas--, aunque tambi¨¦n a los del G20 ¨Cdonde est¨¢n Brasil, M¨¦xico o Indonesia, con leyes muy restrictivas¡ª, va m¨¢s all¨¢ que las declaraciones parlamentarias de otras conferencias. Y es que insta a los Gobiernos a respetar ¡°la autonom¨ªa de las mujeres sobre sus cuerpos y su derecho a decidir libremente sobre todos los asuntos relacionados con su sexualidad¡±. Un punto pol¨¦mico, el derecho a decidir, para esas posturas m¨¢s conservadoras, pero tambi¨¦n un toque de atenci¨®n a Estados como Espa?a, considera la diputada socialista austriaca Petra Bayr, donde el Gobierno del Partido Popular ha modificado la ley para que las menores no puedan abortar sin consentimiento paterno y ha reabierto el debate sobre si el aborto es un derecho.

La declaraci¨®n es una nueva llamada de atenci¨®n para pa¨ªses como El Salvador, donde una quincena de mujeres cumple actualmente penas de c¨¢rcel por delitos relacionados con el aborto. Tambi¨¦n para M¨¦xico --algunos de sus Estados penalizan esta pr¨¢ctica salvo en casos de violaci¨®n o riesgo para la vida de la embarazada--, donde m¨¢s de 150 mujeres han pasado por un proceso penal por interrumpir su embarazo desde 2007; un delito por el que al menos 41 de ellas han estado o est¨¢n en la c¨¢rcel, privadas de libertad.

Como se constata en casos como los de estos dos pa¨ªses, las leyes restrictivas no destierran esta pr¨¢ctica. Solo contribuye a engrosar las cifras de abortos clandestinos, incide Marleen Temmerman, directora del departamento de salud reproductiva de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS). Alrededor de 21 millones de mujeres se someten a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo insegura cada a?o. Y esta pr¨¢ctica no solo se produce en los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo (unos 18,5 millones); tambi¨¦n hay abortos clandestinos en Estados como Polonia, Irlanda o Chile, con leyes muy restrictivas.

Rusia, contra las menciones sobre la orientaci¨®n sexual

Reforzar las leyes que persiguen la violencia contra la mujer tambi¨¦n ha sido una prioridad en la conferencia parlamentaria sobre temas de poblaci¨®n y desarrollo, que se ha celebrado en Berl¨ªn durante dos d¨ªas. La declaraci¨®n alumbrada por casi un centenar de diputados y senadores insta especialmente a desarrollar leyes que penalicen de manera expl¨ªcita las violaciones que se producen dentro del matrimonio. Un abuso contra la mujer que no se considera un delito en pa¨ªses como Afganist¨¢n o Chad y que en otros, como Hungr¨ªa, Polonia, o Estonia o China no se menciona textualmente en la legislaci¨®n, lo que dificulta su persecuci¨®n.

Parlamentarios de 50 pa¨ªses han estado de acuerdo a la hora de promover el acceso a la anticoncepci¨®n, erradicar la brecha salarial o garantizar los derechos de los millones de mujeres que trabajan en el sector informal. Sin embargo, la formaci¨®n sobre sexualidad para todos y, sobre todo, las referencias en la llamada declaraci¨®n de Berl¨ªn al respeto por la orientaci¨®n sexual han despertado fricciones con la delegaci¨®n rusa. Sus parlamentarios ¨Ccon el apoyo de otros pa¨ªses como Costa de Marfil-- han tratado de bloquear, por ejemplo, el punto del documento que reclama ¡°una educaci¨®n sexual comprensible para los j¨®venes, que incluya la orientaci¨®n sexual y la identidad de g¨¦nero¡±.

En 2013, Rusia aprob¨® una ley que proh¨ªbe la difusi¨®n de lo que denominan "propaganda homosexual" a menores de edad. La norma permite sancionar con hasta 1.000 euros a las personas y 17.000 a las entidades que proporcionen informaci¨®n a los menores sobre "relaciones sexuales no tradicionales" o incluso, dice la ley, a quienes difundan la "idea tergiversada" de que las orientaciones sexuales "tradicionales" y las "no tradicionales" tienen "igual valor social".