La inyecci¨®n letal divide a los jueces del Tribunal Supremo de EE UU

La pena de muerte dividi¨® este mi¨¦rcoles a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre los conservadores que rechazan la eliminaci¨®n de la pena capital y los progresistas, que cuestionaron la constitucionalidad de los f¨¢rmacos empleados en ejecuciones recientes. Si las preguntas elaboradas por los jueces a los abogados sirven para adelantar la suerte de la sentencia, ¨¦sta depender¨¢ una vez m¨¢s de Anthony Kennedy, pero el juez escondi¨® su postura y no dej¨® adivinar si rechazar¨¢ el uso del anest¨¦sico que fall¨® en Oklahoma y que suscit¨® este caso.

La cita ante la m¨¢xima autoridad judicial del pa¨ªs, que estudia este curso la demanda interpuesta por cuatro condenados a muerte por asesinato -uno de ellos ya ha sido ejecutado- coincide con la renovaci¨®n del debate sobre la pena capital entre la poblaci¨®n. El respaldo a la condena est¨¢ en los niveles m¨¢s bajos de los ¨²ltimos 40 a?os, sin embargo todav¨ªa cuenta con el apoyo de una mayor¨ªa de la poblaci¨®n, un 56%, frente a un 38% que la rechaza, seg¨²n una encuesta del Centro Pew Research.

Los jueces deber¨¢n determinar si el f¨¢rmaco midazolam puede servir como anest¨¦sico antes de que otros dos medicamentos paren los pulmones y el coraz¨®n de los condenados a muerte. La falta de efectividad de la droga, alegan los demandantes, ha servido para descartarla en tratamientos quir¨²rgicos, por lo que tampoco se deber¨ªa emplear en ejecuciones. Si el f¨¢rmaco no puede impedir que el reo sienta dolor, se estar¨ªa violando la Octava Enmienda de la Constituci¨®n, que proh¨ªbe someter a nadie a un tratamiento ¡°cruel¡±.

La audiencia de este mi¨¦rcoles se produce siete a?os despu¨¦s de que la corte Suprema estudie un caso de pena de muerte.Y llega tambi¨¦n en el primer aniversario de la muerte de Clayton Lockett, el reo ejecutado en Oklahoma y cuya muerte inspir¨® este caso. Lockett qued¨® inconsciente en la camilla tras recibir la primera dosis de midazolam. Minutos despu¨¦s se despert¨® y lleg¨® a decir a los funcionarios ¡°algo va mal¡±. La ejecuci¨®n de Lockett, calificada entonces de ¡°chapuza¡± sirvi¨® para plantear si las drogas empleadas pueden eliminar totalmente el dolor del paciente. De no hacerlo, el Estado estar¨ªa violando los derechos del condenado.

La raz¨®n de que no estemos seguros al 100% es que los abolicionistas han hecho que sea imposible conseguir la droga que s¨ª funciona al 100%¡±

Este argumento tuvo eco entre las jueces m¨¢s progresistas de la Corte. Sonia Sotomayor critic¨® al abogado defensor del Estado de Oklahoma por la falta de datos cient¨ªficos para respaldar el uso de la droga, mientras que la juez Elena Kagan equipar¨® sus efectos como ¡°ser quemado vivo¡±. ¡°No me creo nada de lo que usted me diga ni me lea aqu¨ª, sinceramente, hasta que lo vea con mis propios ojos¡±, a?adi¨® Sotomayor, en referencia a la falta de datos que prueben la efectividad del f¨¢rmaco, empleado en ejecuciones tambi¨¦n en Florida, Ohio y Arizona.

En el otro ala de la Corte se situaron los jueces partidarios de mantener las ejecuciones con midazolam. ¡°Seamos honestos con lo que est¨¢ pasando aqu¨ª¡±, dijo el juez Samuel Alito, "las ejecuciones se pueden hacer de manera indolora". Alito alegar¨ªa despu¨¦s que los detractores de la pena capital est¨¢n librando ¡°una guerra de guerrillas" contra ella, presionando a los laboratorios farmac¨¦uticos para que dejen de vender los anest¨¦sicos, obligando a los gobiernos estatales a recurrir a otras drogas menos probadas para denunciarles despu¨¦s cuando hay un fallo como el del caso de Lockett.

Uno de los argumentos legales planteados por el Gobierno de Oklahoma aseguraba que, al retirar los f¨¢rmacos, ¡°los estados estaban obligados a alterar el protocolo, creando nuevas oportunidades para retar la constitucionalidad de las ejecuciones bajo la Octava Enmienda¡±. El juez Antonin Scalia recuper¨® este planteamiento en una de sus intervenciones: ¡°La raz¨®n de que no estemos seguros al 100% es que los abolicionistas han hecho que sea imposible conseguir la droga que s¨ª funciona al 100%¡±.

La decisi¨®n de los jueces, en el caso de que den la raz¨®n a los demandantes, no servir¨¢ para ¡°abolir¡± la pena de muerte en EE UU. El caso de Oklahoma abarca el uso de un s¨®lo f¨¢rmaco, por lo que las ejecuciones por otros m¨¦todos a¨²n legalizados podr¨¢n seguir adelante. De momento, en los ¨²ltimos meses los estados de Utah, Oklahoma y Tenessee, se han adelantado aprobando leyes que recuperan el pelot¨®n de fusilamiento, una c¨¢mara de gas renovada y la silla el¨¦ctrica, respectivamente.