Francia aprueba la ley que permite espiar sin control judicial

Los servicios secretos franceses tendr¨¢n a partir de ahora amplios poderes para rastrear la Red e interceptar comunicaciones telef¨®nicas y cibern¨¦ticas. Y lo har¨¢n con autorizaciones del primer ministro, pero sin control judicial, con el objetivo de prevenir el terrorismo, el crimen organizado o el espionaje industrial. La Asamblea Nacional aprob¨® este martes por v¨ªa de urgencia y con holgada mayor¨ªa (438 votos a favor y 86 en contra) una nueva ley que legaliza esas actividades que hasta ahora las realizaba el espionaje al margen de toda norma. Para el Gobierno, es una ley ¡°necesaria¡± ante la amenaza terrorista. Para asociaciones de defensa de los derechos, es ¡°liberticida¡±.

Hasta ahora, las actuaciones de los esp¨ªas se reg¨ªan por una ley de 1991, cuando las nuevas tecnolog¨ªas estaban en pa?ales. Francia, afirma el Gobierno, es ¡°uno de los ¨²ltimos pa¨ªses occidentales¡± en dotarse de una legislaci¨®n acorde con el mundo actual. La ley prev¨¦ que los esp¨ªas sean alertados de manera autom¨¢tica y mediante algoritmos de cualquier actividad sospechosa mediante la instalaci¨®n por las operadoras, buscadores o redes de cajas negras para advertir de comportamientos susceptibles de ser vigilados.

Tambi¨¦n permite el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales los esp¨ªas podr¨¢n captar y registrar todos los datos de tel¨¦fonos u ordenadores de sospechosos, pero tambi¨¦n de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda. La instalaci¨®n de balizas de seguimiento en autom¨®viles, la colocaci¨®n de micr¨®fonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, tambi¨¦n estar¨¢ permitida con una autorizaci¨®n administrativa, sin intervenci¨®n de los jueces.

Los motivos que la ley contempla para acudir a esas pr¨¢cticas van desde la prevenci¨®n del terrorismo, la delincuencia organizada o ¡°la violencia colectiva¡±, al peligro para ¡°la independencia nacional, la defensa nacional o la integridad del territorio¡± pasando por la potencial injerencia extranjera ¡°en los intereses econ¨®micos, industriales o cient¨ªficos¡± de Francia.

Las solicitudes para realizar esas pr¨¢cticas podr¨¢n partir de los ministerios de Defensa, Interior, Econom¨ªa y Justicia. Se enviar¨¢n a una denominada Comisi¨®n Nacional de Control de T¨¦cnicas de Informaci¨®n (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto inform¨¢tico) que, si no ve inconvenientes, la remitir¨¢ al primer ministro, que es quien tiene la ¨²ltima palabra para autorizar o denegar.

El Defensor de Derechos ha expresado por escrito sus "reservas" sobre la nueva legislaci¨®n

En casos urgentes, los esp¨ªas podr¨¢n actuar de inmediato y comunicar despu¨¦s su acci¨®n. Las posibles protestas de ciudadanos que se sientan espiados ser¨¢n analizadas por esa comisi¨®n o por el Consejo de Estado, no por la justicia ordinaria. La ley crea tambi¨¦n un fichero en el que, durante 20 a?os, figurar¨¢n los condenados o imputados por terrorismo.

El primer ministro, Manuel Valls, que al referirse a la ley recuerda estos d¨ªas los ataques yihadistas de enero y que se han evitado cinco atentados desde entonces, asegura que, ¡°ante situaciones especiales, se necesitan leyes especiales¡±. ¡°Pero no de excepci¨®n¡±, a?ade para argumentar que la norma respeta los derechos y libertades.

Lo mismo opinan la mayor¨ªa de los portavoces que intervinieron ayer en la c¨¢mara baja. Para la el principal partido de la oposici¨®n, la UMP, el voto a favor es un gesto de ¡°responsabilidad¡± dado que Francia es hoy ¡°quiz¨¢s el primer objetivo¡± del yihadismo. Su portavoz, Eric Ciotti, considera incluso ¡°insuficiente¡± la norma por no referirse a los yihadistas que regresan de Siria o Irak.

Solo los comunistas y los Verdes expresaron sus reticencias. Para los primeros, la ley ¡°sobrepasa ampliamente¡± la lucha antiterrorista y evita la intervenci¨®n de los jueces. Para los Verdes, la norma permite ¡°una vigilancia masiva¡±. ¡°?Qu¨¦ ocurrir¨¢ si ma?ana hay otro Gobierno?¡±, se pregunt¨® su portavoz, Sergio Coronado, en velada referencia a que el ultraderechista Frente Nacional llegue al poder.

Frente a la escasa cr¨ªtica parlamentaria, las protestas han surgido de decenas de asociaciones, el sindicato de la magistratura o la independiente Comisi¨®n Nacional de Consulta de los Derechos del Hombre. Para su presidenta, Christine Lazerges, la ley encierra el peligro de caer en ¡°una vigilancia generalizada e indiferenciada¡±. Se corre el riesgo, dice, de ¡°poner en peligro el Estado de derecho mediante una deriva liberticida¡±. Incluso el Defensor de los Derechos de Francia, Jacques Toubon, ha difundido un informe en el que expresa sus ¡°reservas¡±.

Asociaciones como Cuadratura de la Red, 24 horas para 1984, Amnist¨ªa Internacional o Reporteros Sin Fronteras han puesto en marcha estos d¨ªas diversas iniciativas para protestar y alertar a la ciudadan¨ªa. Decenas de parlamentarios recibieron llamadas para que votaran en contra y a Valls le enviaron un documento con 119.000 firmas. Alguna empresa dedicada al almacenamiento de datos inform¨¢ticos ha amenazado con irse de Francia.

Ante las cr¨ªticas y dudas, el presidente, Fran?ois Hollande, en un gesto sin precedentes, enviar¨¢ la ley al Tribunal Constitucional para su examen.

La interceptaci¨®n de comunicaciones por parte de los servicios secretos se efect¨²a al margen de otras escuchas que ordenan los jueces. En 2012, se dictaron ¨®rdenes judiciales para realizar 32.000 escuchas, seg¨²n el semanario L?OBS. En 2013, los esp¨ªas efectuaron 4.213 intervenciones de ese tipo sin cobertura legal. Ahora lo seguir¨¢n haciendo legalmente y, sin duda, de forma mucho m¨¢s profusa.