Tozudez que cuesta vidas

Se trat¨® de un acto m¨¢s en el que la tozudez se impuso a la raz¨®n cuando una Comisi¨®n del Congreso peruano archiv¨® ¡ªsin mayor debate¡ª, la propuesta legislativa de despenalizar el aborto en casos de violaci¨®n. Siguiendo una iniciativa ciudadana, presentada el a?o pasado, por m¨¢s de 64.000 personas, al Congreso no le qued¨® otra cosa que poner el tema en agenda luego de darle largas durante m¨¢s de seis meses.

En nombre de ¡°la vida¡± en abstracto se mantuvo la persecuci¨®n penal al aborto, que tantas miles de vidas concretas viene cobrando. Se impuso, otra vez, una perspectiva anclada en los m¨¢s conservadores rincones del oscurantismo. No se trata de estar a favor o en contra del aborto. Es m¨¢s, creo que dif¨ªcilmente alguien puede estar a favor del aborto o que haya una sola mujer en el mundo que haya ido feliz a practic¨¢rselo. Se trata de un asunto esencialmente de ponderaci¨®n y equilibrio de derechos en tensi¨®n.

Est¨¢ demostrado que la persecuci¨®n penal al aborto pone en peligro todos los d¨ªas la vida de no menos de 3.000 mujeres latinoamericanas

La Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) ha constatado que hay una relaci¨®n directa entre la penalizaci¨®n del aborto y la muerte de mujeres: alrededor del 13% de las muertes maternas en el mundo se producen por el aborto no seguro al que conduce la criminalizaci¨®n. Se estima que no menos de un mill¨®n de mujeres son hospitalizadas anualmente en Latinoam¨¦rica para ser tratadas por complicaciones por abortos inseguros.

Si de lo que se trata es de proteger el derecho a la vida, est¨¢ demostrado que la persecuci¨®n penal al aborto pone en peligro todos los d¨ªas la vida de no menos de 3.000 mujeres latinoamericanas, especialmente pobres, que han tenido que practicarse un aborto inseguro por falta de otras opciones. Con todo lo que ha evolucionado democr¨¢ticamente Latinoam¨¦rica, la legislaci¨®n vigente en la mayor¨ªa de pa¨ªses sobre este tema sigue siendo retr¨®grada y, en especial, indiferente al terrible impacto que tiene en la vida de millones de mujeres.

Cuando se est¨¢ ante una mujer cuyo embarazo se ha producido por una violaci¨®n, esa mujer tiene una doble condici¨®n de v¨ªctima. La ni?a-madre, violada por su padrastro, que en Paraguay ha motivado tanta discusi¨®n ¡ªpero ninguna soluci¨®n¡ª, es un caso m¨¢s entre muchos miles ya que Latinoam¨¦rica es la segunda regi¨®n con m¨¢s maternidad infantil despu¨¦s de ?frica. No tener eso en cuenta para viabilizar el aborto en casos de violaci¨®n es una barbaridad.

Cuando el 95% de pa¨ªses en el planeta permite el aborto, siete de los nueve pa¨ªses que lo criminalizan en t¨¦rminos absolutos est¨¢n en Latinoam¨¦rica

Pero no se trata s¨®lo de esos casos l¨ªmite. Cuando el 95% de pa¨ªses en el planeta permite el aborto ¡ªal menos cuando la vida de la mujer corre peligro¡ª, siete de los nueve pa¨ªses que lo criminalizan en t¨¦rminos absolutos est¨¢n en Latinoam¨¦rica. En otros ocho se permite en casos de violaci¨®n (Brasil, Panam¨¢ y algunos estados de M¨¦xico) y s¨®lo en seis el aborto, en general, es legal. La paradoja es que quienes sostienen ideol¨®gicamente el inmovilismo en esta materia suelen ser las mismas corrientes que se oponen a programas masivos de prevenci¨®n del embarazo no deseado (anticonceptivos, p¨ªldora del d¨ªa siguiente, etc) con lo que se cierra una siniestra tenaza en la que las evidencias importan poco y se acaba victimizando a millones de mujeres.

Latinoam¨¦rica debe ponerse al d¨ªa. Se debe fortalecer los programas que mejoren el conocimiento y acceso de m¨¦todos anticonceptivos as¨ª como asegurar una aplicaci¨®n firme de la ley en casos de violaci¨®n. Pero ante los masivos abortos inseguros, es tambi¨¦n una obligaci¨®n de la sociedad desactivar la bomba de tiempo de la criminalizaci¨®n. Los legisladores que con su pasividad o participaci¨®n activa permiten que se mantenga este status quo acaban siendo, por acci¨®n u omisi¨®n, responsables de los graves efectos que este tiene sobre los derechos de la mujer.