La Iglesia mexicana carga contra el matrimonio homosexual
Los obispos se enfrentan a la Suprema Corte y piden vetar los enlaces gais como se proh¨ªbe ¡°el voto a los menores¡±
La Iglesia mexicana ha vuelto a la carga. La hist¨®rica decisi¨®n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n de avalar los matrimonios homosexuales y dotarlos de plenos derechos ha desatado las iras de los obispos. En una calculada declaraci¨®n p¨²blica, la conferencia episcopal clama por la finalidad procreativa de las bodas y niega a los jueces la capacidad para decidir sobre las nuevas formas de matrimonio. "Los obispos reiteramos nuestra convicci¨®n, basada en razones cient¨ªficas, sociales y religiosas, de que la familia, c¨¦lula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad", indica la nota. En su argumentario, los prelados se acogen a la "tradici¨®n bimilenaria de Occidente", apelan al C¨®digo Civil de 1870 y llegan a comparar el rechazo a los matrimonios homosexuales con la prohibici¨®n del voto a los menores o a los extranjeros.
La Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreaci¨®n o que lo defina como uni¨®n entre un hombre y una mujer. Con este paso, los jueces han puesto fin a la dispersi¨®n legal que reina en M¨¦xico, donde s¨®lo en tres estados (Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal) es legal y de pleno derecho este tipo de uni¨®n. El resto del pa¨ªs ofrece un puzle normativo que va desde el rechazo al reconocimiento parcial. "Ninguna norma, decisi¨®n o pr¨¢ctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientaci¨®n sexual", sostienen los magistrados.
La resoluci¨®n, de obligado cumplimiento en todo el territorio, ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles. Con esta base jur¨ªdica, M¨¦xico se adelanta a Estados Unidos y se equipara a Argentina, Brasil y Uruguay. Pese a ello, el fin de la discriminaci¨®n a los homosexuales ha sido acogida con enorme frialdad por los grandes partidos pol¨ªticos, responsables de las dubitativas legislaciones estatales. Ninguna de las formaciones ha mostrado su apoyo oficial a la decisi¨®n de los jueces.
Ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles y se adelanta a Estados Unidos?
Frente a este silencio, la ¨²nica declaraci¨®n institucional de peso ha procedido de la Iglesia. Pero el texto, pese a la irritaci¨®n que refleja, est¨¢ escrito con mano fr¨ªa. A diferencia de las explosivas notas de anta?o, en sus l¨ªneas se aprecia la llegada a la Santa Sede de Francisco, impulsor de una nueva narrativa cat¨®lica. Los obispos, cuya influencia a¨²n es notable en las zonas m¨¢s conservadoras del pa¨ªs, no s¨®lo se muestran respetuosos con las "diversas formas de pensar y vivir" sino que intentan despolitizar sus palabras y llevarlas, aunque con dificultad, al terreno jur¨ªdico. En esta sentido, apelan en su escrito a la cultura "bimilenaria de Occidente" y a los c¨®digos civiles de Benito Ju¨¢rez (1870) y de Plutarco El¨ªas Calles (1928). Bajo este paraguas tradicionalista, intenta soslayar la discriminaci¨®n que supone impedir el matrimonio a los homosexuales compar¨¢ndolo con la prohibici¨®n que tienen los extranjeros o los menores de votar. "En estos casos no se atenta a sus derechos sino que se salvaguarda la naci¨®n. La discriminaci¨®n es una distinci¨®n injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio ha sido entre siempre entre personas de diferente sexo, hombre y mujer", sostienen los obispos.
Esta postura de la Iglesia mexicana, una instituci¨®n sometida desde hace d¨¦cadas a una constante p¨¦rdida de seguidores, dista de contar con un amplio apoyo popular. Las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaci¨®n revelan que el 70% de la ciudadan¨ªa es favorable al reconocimiento de los derechos homosexuales. Y la realidad de los estados donde ya es legal muestra que su pleno reconocimiento es perfectamente asumible por una sociedad incardinada en el siglo XXI.
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