Archivos de EE UU detallan c¨®mo Pinochet encubri¨® el ¡®caso Quemados¡¯

El dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento de uno de los peores cr¨ªmenes del r¨¦gimen, conocido como el caso Quemados, seg¨²n indican cinco cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos que publicar¨¢ este viernes el National Security Archive. De acuerdo a la organizaci¨®n investigadora independiente de la Universidad George Washington, Pinochet en persona orden¨® que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos j¨®venes que protestaban en la primera de las dos jornadas del Paro Nacional contra la dictadura. El fuego provoc¨® la muerte del fot¨®grafo de 19 a?os, Rodrigo Rojas, y las heridas graves de la estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana, de 18, que sobrevivi¨® con una inmensa parte de su cuerpo desfigurado.

Seg¨²n explic¨® a EL PA?S Peter Kornbluh, responsable de la investigaci¨®n, aunque estos cables llevan desclasificados m¨¢s de una d¨¦cada, adquieren especial relevancia ahora que la Justicia chilena ha reabierto recientemente el Caso Quemados, 29 a?os despu¨¦s de los sucesos. ¡°Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podr¨ªan servir de apoyo a la acusaci¨®n (¡­) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autor¨ªa militar no caben dudas¡±, se?al¨®.

La causa sufri¨® un vuelco la semana pasada, luego de que un exmilitar rompiera un pacto de silencio entre los involucrados y testigos. Junto con detallar cap¨ªtulos desconocidos de lo que ocurri¨® el 2 de julio de 1986 en un callej¨®n de la comuna de Estaci¨®n Central de Santiago, el ex conscripto Fernando Guzm¨¢n denunci¨® una operaci¨®n de encubrimiento digitada por el Ej¨¦rcito para que nunca se supiera la verdad: ¡°A cambio de nuestro silencio, la instituci¨®n nos provey¨® de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados¡±, indic¨® ante los tribunales.

Los documentos exponen detalles de un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile

El magistrado Mario Carroza, tras decretar nuevas diligencias, determin¨® el procesamiento de un grupo de doce militares en retiro del Ej¨¦rcito, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. La decisi¨®n del Poder Judicial ha puesto nuevamente a los derechos humanos en la primera l¨ªnea de la agenda p¨²blica, como sucede cada cierto tiempo en Chile. El debate se ha centrado, sobre todo, en la supuesta informaci¨®n que todav¨ªa mantienen las Fuerzas Armadas sobre el paradero de las v¨ªctimas de la represi¨®n y los involucrados en los delitos de lesa humanidad. ¡°Basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que a¨²n permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzm¨¢n, que ayuden a reparar tanto dolor¡±, se?al¨® el lunes pasado la Presidenta Michelle Bachelet.

De acuerdo a los archivos confidenciales que este viernes publica el National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los j¨®venes, gravemente heridos. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos d¨ªas despu¨¦s de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue ¡°quemado de forma deliberada por soldados¡±. Se revela el primer obst¨¢culo de los muchos que se interpondr¨ªan a lo largo de los siguientes d¨ªas, meses y hasta d¨¦cadas para ocultar el rastro que llevaba a los militares. ¡°M¨¦dicos en la Posta Central (el hospital p¨²blico de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruy¨® el traslado de Rojas a una cl¨ªnica mejor equipada para tratarlo¡±, rese?a el reporte estadounidense. El director m¨¦dico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzm¨¢n, ¡°escribi¨® una nota en el historial m¨¦dico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco deb¨ªa ser trasladado¡±, contin¨²a el cable. Esta disposici¨®n ¡°impidi¨® que se tomara cualquier declaraci¨®n legal¡± al joven malherido, agrega.

En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de que, pese a las declaraciones de testigos y una investigaci¨®n de la inteligencia chilena que ¡°claramente¡± se?alan a miembros del Ej¨¦rcito como responsables del ataque a los dos j¨®venes, ¡°el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, est¨¢ tratando de tachar p¨²blicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habr¨ªan sido v¨ªctimas de sus propios c¨®cteles molotov¡±. ¡°No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los se?alara como los culpables. Si se desbarata la defensa del c¨®ctel molotov, deber¨ªamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas¡±, se?ala el escrito.

El 22 de julio llega otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington. En ¨¦l se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigaci¨®n ¡°indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos j¨®venes¡±, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre. El reporte es redactado en ¡°una sola p¨¢gina sin copias¡±. El director general de Carabineros de la ¨¦poca, Rodolfo Stange, le entreg¨® el informe el 11 de julio a Pinochet. ¡°El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no cre¨ªa el informe y se neg¨® a recibir el documento del general Stange¡±, describe el cable estadounidense.

Un mes m¨¢s tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno ¡°ha cambiado varias veces su versi¨®n sobre su implicaci¨®n en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campa?a de intimidaci¨®n para presionar a los testigos¡± del crimen. ¡°Algunos miembros del Gobierno probablemente seguir¨¢n intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al r¨¦gimen de responsabilidad alguna del crimen¡±, agrega.

El ¨²ltimo cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En ¨¦l se cita a abogados relacionados con el caso seg¨²n los cuales ¡°el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, est¨¢ ejerciendo presi¨®n sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas¡±. El objetivo, seg¨²n deduce el informe estadounidense, es ¡°alargar el caso¡±, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podr¨¢n acudir a la Corte Suprema, que es ¡°su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato¡± del joven.

Los documentos exponen detalles desconocidos de ¡°un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, tambi¨¦n, en las relaciones entre el r¨¦gimen de Pinochet y EE UU¡±, resumi¨® Kornbluh, para quien este caso supuso la ruptura definitiva de Washington con la dictadura chilena y el comienzo de las presiones del presidente Ronald Reagan a favor de un regreso a la democracia en el pa¨ªs sudamericano.