Tsipras se juega el poder al someter el pacto al Parlamento

Los agricultores del norte de Grecia saludaron este martes con las primeras movilizaciones de protesta el acuerdo t¨¦cnico entre el Gobierno de Atenas y el cuarteto. El campo ser¨¢ uno de los sectores m¨¢s afectados por las duras concesiones que el Ejecutivo de Alexis Tsipras se ha visto obligado a hacer para asegurarse el tercer rescate que se concede a Grecia desde 2010.

Pero para desbloquear el primer tramo del mismo ¡ªentre 20.000 y 25.000 millones, seg¨²n las cuentas de Atenas¡ª, el Parlamento griego debe aprobar este jueves un proyecto de ley ¨®mnibus con 35 medidas urgentes. En octubre se votar¨¢ un segundo paquete de reformas estructurales.

El nuevo curso pol¨ªtico quedar¨¢ supeditado al estado en que quede la mayor¨ªa del Gobierno tras este embate legislativo; en las dos votaciones anteriores, en julio, su bancada ¡ªformada por los 149 esca?os de Syriza y los 13 de ANEL, su socio de coalici¨®n¡ª perdi¨® su mayor¨ªa absoluta por la oposici¨®n al rescate de una treintena de diputados cr¨ªticos del partido de Tsipras. Si el Gobierno obtiene menos de 120 votos (de un total de 300) se acelerar¨ªa la convocatoria de elecciones.

En la presentaci¨®n p¨²blica del acuerdo, este martes, el Gobierno evit¨® rese?ar las medidas m¨¢s dolorosas y subray¨® sus peque?as victorias, como por ejemplo evitar reintroducir el pago de 5 euros por consulta hospitalaria, como ped¨ªan los acreedores. Tambi¨¦n la rebaja en los objetivos presupuestarios, o el modelo del fondo de privatizaciones.

Entre las medidas pactadas figuran las siguientes:

Agricultores. La modificaci¨®n del r¨¦gimen fiscal agrario del 13% al 26%, en dos fases, tendr¨¢ alto coste electoral (el campo es vivero de votos para las formaciones pol¨ªticas tradicionales). Aunque Tsipras asegur¨® la semana pasada que su Gobierno intentar¨ªa convencer a los socios para mantener la fiscalidad del 13% para agricultores j¨®venes y aquellos que tienen como ¨²nica fuente de ingresos el campo, se han impuesto finalmente las exigencias de los acreedores; tambi¨¦n al eliminarse beneficios como el 40% de descuento en electricidad y gasoil.

Objetivos presupuestarios. El pacto prev¨¦ un super¨¢vit primario para este a?o del 0,25% (en vez del 1%). En 2016 se exige el 0,5%; en 2017, el 1,75%, y en 2018, el 3,5%. La moderaci¨®n en los objetivos ayudar¨¢, seg¨²n el Ejecutivo, a suavizar los ajustes en 20.000 millones ¡ªen c¨¢lculos del Ministerio de Finanzas que dirige Euclides Tsakalotos¡ª y propiciar el crecimiento.

Hipotecas. Uno de los puntos m¨¢s conflictivos son las carteras de cr¨¦ditos morosos ¡ªmuchos de ellos hipotecas¡ª para sanear la banca. Las instituciones propon¨ªan venderlas a fondos buitre; Atenas, desviarlas a una especie de banco malo. El cap¨ªtulo ha quedado pendiente hasta oto?o (hasta fines de a?o est¨¢ vigente la moratoria antidesahucios).

Pensiones. La eliminaci¨®n de las jubilaciones anticipadas ser¨¢ gradual; adem¨¢s, se prev¨¦ reestructurar el r¨¦gimen de pensiones para ahorrar un 0,5% anual del PIB. Una de las concesiones m¨¢s sensibles es la eliminaci¨®n del fondo compensatorio para las pensiones m¨¢s bajas (EKAS, en sus siglas griegas).

Impuestos. Habr¨¢ cambios en el pol¨¦mico impuesto sobre bienes inmuebles (Enfia, en griego), que Syriza hab¨ªa prometido suprimir en su programa electoral. Tambi¨¦n se modificar¨¢ la nueva ley que permite devolver en cien plazos los pagos pendientes a Hacienda y la Seguridad Social.

Profesiones. La liberalizaci¨®n de los gremios (o ¡°profesiones cerradas¡±, en griego) es una herencia no resuelta de rescates anteriores; esta vez les tocar¨¢ a ingenieros o notarios, entre otros profesionales.

Privatizaciones. El fondo exigido por los socios para privatizar 50.000 millones en bienes p¨²blicos permitir¨¢ rentabilizar estas propiedades, contemplando la posibilidad del alquiler, y no s¨®lo de la venta, como el organismo encargado de las privatizaciones hasta la fecha (Taiped, en sus siglas griegas).

Sector energ¨¦tico. Se contempla tambi¨¦n la liberalizaci¨®n total del mercado del gas natural en 2018. Las instituciones demandan asimismo la separaci¨®n de las redes de los distintos proveedores, algo que el Gobierno objeta.