Cementerios secretos

Han pasado hasta 30 a?os o m¨¢s desde que las personas desaparecieron. Tanto en Per¨² como en Colombia, en estos ¨²ltimos a?os varios miles de familias van teniendo ¡ªtard¨ªamente¡ª la oportunidad de comprobar que sus allegados desaparecidos hab¨ªan sido asesinados y la posibilidad de identificar sus restos.

La semana pasada, en Ayacucho, serran¨ªa peruana, para 60 familias la ceremonia oficial de entrega por el Ministerio P¨²blico era el dram¨¢tico momento esperado durante casi tres d¨¦cadas desde que sus seres queridos fueron desaparecidos por la violencia que asol¨® de manera particular su regi¨®n en la d¨¦cada de los 80.

En los ¨²ltimos diez a?os, el Ministerio P¨²blico peruano, con la perseverancia de los familiares de v¨ªctimas y sus organizaciones, ha excavado 4. 085 fosas en las tres regiones en las que la violencia tuvo m¨¢s incidencia: Ayacucho, Apur¨ªmac y Huancavelica. All¨ª se han recuperado 2.040 restos humanos e identificado, con pruebas de ADN, 1. 211 v¨ªctimas. Quedan, sin embargo, muchas miles de fosas m¨¢s en esas y otras regiones.

En lo que podr¨ªan algunos ver una suerte de competencia por recuperar el tiempo perdido de la indiferencia, un proceso semejante se vive en Colombia. La Fiscal¨ªa acaba de informar que entre 2007 y 2015 ha exhumado los restos de 5. 978 personas, de los cuales 2. 027 a¨²n no han sido identificadas, 1.017 est¨¢n en proceso de ser identificados y 2.934 "ya tienen nombre y apellido". La Fiscal¨ªa se ha asignado la misi¨®n de reconocer no menos de 20. 000 N.N. enterrados en m¨¢s de 800 municipios.

Es innegable que ahora algo se mueve. Sin duda, con limitaciones de recursos y con procedimientos que podr¨ªan ser reajustados

El drama en estos dos pa¨ªses sudamericanos se visibiliza crudamente a trav¨¦s de datos espeluznantes como ¨¦stos. Violencia extensa e intensa ¡ªhoy felizmente en descenso o en proceso de salida negociada¡ª que, entre otros efectos dantescos, produjo miles de personas desaparecidas por los diversos actores de la violencia y que yacen en fosas comunes. La mayor¨ªa, gente muy pobre de zonas rurales.

Pueden ser varias las explicaciones de porque han tenido que pasar tantos a?os para que se empiecen a encontrar a identificar a estas personas pero destacan, a mi juicio, dos fundamentales.

La primera es el miedo. En muchos casos, las familias y allegados de las personas desaparecidas pod¨ªan haber sospechado o conocido el lugar de los enterramientos, pero la l¨¢pida de la desconfianza puede haber llevado a actuar con especial cautela para no caer tambi¨¦n bajo las balas asesinas. El paso del tiempo y, en especial, el enfriamiento de la violencia, plantea una situaci¨®n diferente.

La segunda raz¨®n es "pol¨ªtico-institucional" por contextos de indiferencia o, incluso, adversos a un accionar de instituciones del Estado para buscar e identificar a las personas desaparecidas. As¨ª, si dentro de la intensidad del conflicto colombiano de hace algunos a?os el entorno no parec¨ªa muy amigable para acciones de b¨²squeda por la Fiscal¨ªa en zonas convulsionadas, en el Per¨² el oscurantismo autoritario de Fujimori hizo imposible hasta el a?o 2000 cualquier acci¨®n medianamente independiente por el Ministerio P¨²blico.

Es innegable que ahora algo se mueve. Sin duda, con limitaciones de recursos y con procedimientos que podr¨ªan ser reajustados en aras de mayor eficacia e impacto. Pero avanzando a fin de cuentas, lo que da cuenta que el proceso de democratizaci¨®n de nuestras sociedades no es irrelevante.

La mayor parte, sin embargo, est¨¢ por hacerse. Se requieren m¨¢s recursos, acciones y resultados. Primero, por los derechos de las v¨ªctimas: identificar el cad¨¢ver del ser querido desaparecido, permite al menos darle sepultura y salir de la oscuridad de la incertidumbre. Pero tiene importancia para la sociedad en su conjunto: una perspectiva social e institucional de respeto a los derechos de la gente y de esclarecimiento de la verdad es esencial para la reconciliaci¨®n y una paz duradera.