M¨¦xico condena por primera vez a un militar por desaparici¨®n forzada

El subteniente de infanter¨ªa del Ej¨¦rcito mexicano Danny Hern¨¢ndez S¨¢nchez ha sido condenado a 31 a?os y tres meses de prisi¨®n por el delito de desaparici¨®n forzada. La sentencia de un juzgado federal del Estado de Nuevo Le¨®n, al noreste del pa¨ªs, marca un hito en la historia judicial mexicana al tratarse del primer caso de un militar que es condenado por este crimen. La desaparici¨®n forzada, que para ser considerada as¨ª debe contar con la intervenci¨®n de funcionarios p¨²blicos, cuenta con una tipificaci¨®n difusa en M¨¦xico, que le ha valido la reprimenda de organismos internacionales. Naciones Unidas alert¨® en febrero de que la desaparici¨®n de miles de personas durante la guerra contra el narco contin¨²a siendo una pr¨¢ctica habitual.

El comunicado de la sentencia, emitido este martes por el Consejo de la Judicatura Federal, detalla que ha quedado ¡°plenamente acreditado que la v¨ªctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del hoy sentenciado el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo Le¨®n, y hasta el d¨ªa de hoy contin¨²a desaparecida¡±.

En M¨¦xico existen al menos 23.700 personas de las que nadie conoce su paradero. El grueso de los casos corresponde a la legislatura de Felipe Calder¨®n (2006-2012). El presidente panista coloc¨® al Ej¨¦rcito en la primera l¨ªnea de la lucha contra el narcotr¨¢fico, sac¨® a las tropas a patrullar las calles y desde entonces no han regresado a los cuarteles. Las cifras oficiales no detallan sin embargo la causa de las desapariciones, lo que alimenta un agujero negro que no permite saber si detr¨¢s de estos delitos est¨¢ la mano del narco, alg¨²n cuerpo policial, los militares o una combinaci¨®n.

La seis condenas por desaparaci¨®n forzadas correspond¨ªan hasta ahora a funcionarios civiles

La ausencia de un registro ¨²nico y fiable es una de las cr¨ªticas lanzadas por el Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada de la ONU, que a principios de a?o afirm¨® en un duro informe que esta pr¨¢ctica se extiende ¡°por gran parte del territorio¡± y que representa para las autoridades un serio desaf¨ªo en materia de prevenci¨®n, investigaci¨®n y sanci¨®n. El informe subraya con especial achico el problema de la impunidad: ¡°El comit¨¦ se muestra preocupado por los numerosos casos denunciados por desaparici¨®n forzada y la casi inexistencia de condenas por este delito¡±. El trabajo de la ONU detalla que existen 300 investigaciones abiertas. De momento, tan s¨®lo seis han concluido en sentencia, y en todos los casos los condenados son polic¨ªas o funcionarios civiles.

Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la sentencia. ¡°Este es un caso sin precedentes. Los anteriores fallos judiciales condenaban a fuerzas del orden civil¡±, se?ala Mario Patr¨®n director del Centro Prodh. La posibilidad del juzgar en tribunales civiles a miembros del ej¨¦rcito por estos delitos se abri¨® en 2011. ¡°Este hecho marca sobre todo el grado de impunidad estructural que tiene M¨¦xico en materia de desaparici¨®n forzada y corrobora tambi¨¦n las preocupaciones reiterativas de organismos internacionales y defensa de los derechos humanos en t¨¦rminos de los riesgos de un sistema de seguridad de corte miliar¡±, a?ade Patr¨®n.

El subteniente ha sido adem¨¢s destituido de su cargo y se le ha inhabilitado para desempe?ar otro puesto p¨²blico por 15 a?os, seg¨²n marca el C¨®digo Penal Federal. El delito de desaparici¨®n forzada est¨¢ recogido en esta ley paraguas, pero no todos los Estados lo han transferido a sus legislaciones. Esta dispersi¨®n normativa es otra de las reclamaciones de la ONU, que demanda una ley federal de desapariciones forzadas. Tan solo 19 de las 32 entidades del pa¨ªs lo reconocen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con un mayor n¨²mero de casos.

¡°Gracias al empuje de la sociedad civil conseguimos que en 2012 se tipificara en Nuevo Le¨®n¡±, explica Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), una organizaci¨®n implantada en el Estado. Con 1.131 desapariciones, Nuevo Le¨®n es una de las 10 entidades con una tasa m¨¢s alta. Durante los ¨²ltimos a?os, dos de los carteles m¨¢s peligrosos del pa¨ªs, Los Zetas y el Golfo, han librado una cruenta disputa por el control de este territorio norte?o.