Chile procesar¨¢ a los asesinos del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria
El funcionario fue secuestrado, torturado y asesinado durante la dictadura de Pinochet

La Corte Suprema de Chile ha ordenado este mi¨¦rcoles procesar a 15 exagentes de la polic¨ªa secreta del dictador chileno Augusto Pinochet por el asesinato del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria Espinoza el 14 de julio de 1976. El m¨¢ximo tribunal chileno revoca con su acta la decisi¨®n tomada el pasado 2 de julio en la que se archivaba el caso, aludiendo al decreto de autoamnist¨ªa de 1977.
La acusaci¨®n popular, representada por la Fundaci¨®n espa?ola presidente Allende, como la particular, constituida por la viuda del diplom¨¢tico, Laura Gonz¨¢lez Vera, han mostrado su satisfacci¨®n por el pronunciamiento de la corte chilena, que ha ordenado someter a proceso judicial a los implicados en la muerte de Soria Espinoza por los delitos de homicidio calificado y asociaci¨®n il¨ªcita.
El procedimiento para investigar la muerte de Carmelo Soria se inici¨® en 1996 en la Audiencia Nacional, de acuerdo con los principios de la jurisdicci¨®n universal. En 2012, el juez Pablo Ruz proces¨® a siete exagentes de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, los extintos servicios secretos del r¨¦gimen de Pinochet, por el secuestro y asesinato del diplom¨¢tico espa?ol. El caso de Carmelo Soria fue una de las causas que se tambalearon tras la limitaci¨®n de la aplicaci¨®n de la jurisdicci¨®n universal ejecutada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
En 2015, el sucesor del juez Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, el juez Jos¨¦ de la Mata, dijo no estar dispuesto a que el caso del asesinato de Soria quedara impune. El magistrado sostuvo entonces que en el pa¨ªs andino ¡°no ha existido en ning¨²n momento ni todav¨ªa existe una investigaci¨®n diligente y eficaz sobre lo ocurrido¡±, por lo que debe ser Espa?a quien realice las pesquisas en virtud del principio de justicia universal.
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