De Ayotzinapa a Tlatelolco

El 16 de septiembre de 2014, m¨¢s de 300 estudiantes de 13 escuelas Normales de M¨¦xico se reunieron en la escuela Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos. Como todos los a?os, discutieron estrategias para mejorar el grave estado en que se encuentran sus escuelas, producto de presupuestos cada vez m¨¢s deficientes y un Estado ausente. Ese d¨ªa tambi¨¦n deb¨ªan decidir desde qu¨¦ Normal saldr¨ªan para viajar al DF a conmemorar la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que sacudi¨® a toda la sociedad mexicana y contin¨²a siendo una herida abierta.

Eligieron como punto de partida la Normal de Ayotzinapa por su cercan¨ªa con la Ciudad de M¨¦xico. Pero nunca pudieron transitar el camino entre Ayotzinapa y Tlatelolco. Antes de partir, 43 estudiantes fueron v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada, seis fueron ejecutados, por lo menos uno fue torturado, m¨¢s de 40 personas sufrieron heridas -algunas de gravedad-, cerca de 80 personas que se acercaron a ayudar fueron perseguidas y por lo menos 30 personas sufrieron ataques contra sus vidas.

Debido a las graves irregularidades en la investigaci¨®n, y sin credibilidad frente a la sociedad mexicana, el Gobierno acept¨® la participaci¨®n de cinco expertos independientes, convocados por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, para que investiguen lo ocurrido en Ayotzinapa. En solo seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) public¨® un Informe que hace trizas la investigaci¨®n oficial y da un paso clave para que los familiares de las v¨ªctimas est¨¦n m¨¢s cerca de la verdad y la justicia.

Es imposible abarcar en pocas l¨ªneas la gran cantidad de informaci¨®n que arroja el informe, pero algunos pocos ejemplos sirven para comprender la gravedad de los hechos y la directa responsabilidad del estado mexicano:

La hip¨®tesis del gobierno s¨®lo logr¨® demorar la b¨²squeda y la verdad

Existen enormes discrepancias entre los hechos comprobados por el GIEI y las teor¨ªas presentadas desde el inicio de la investigaci¨®n por las autoridades mexicanas. Las entrevistas a v¨ªctimas y testigos de los hechos coinciden en la mayor¨ªa de los casos entre s¨ª, y con los hechos comprobados por el GIEI; mientras que las declaraciones de polic¨ªas y acusados, que fueron la base de las teor¨ªas presentadas por el Gobierno, se contradicen entre s¨ª y con los hechos.

Los estudiantes estaban desarmados. En reiteradas oportunidades se hace referencia a que sus ¨²nicas armas eran piedras que eran usadas para defenderse de los ataques con armas de fuego de la polic¨ªa.

En base a la exhaustiva investigaci¨®n de un asesor del GIEI, el planteamiento de las autoridades mexicanas que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula es insostenible y debe ser descartado. Por lo tanto, hasta la fecha sigue sin saberse el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. La hip¨®tesis del gobierno s¨®lo logr¨® demorar la b¨²squeda y la verdad.

Las declaraciones de polic¨ªas y acusados, que fueron la base de las teor¨ªas presentadas por el Gobierno, se contradicen entre s¨ª y con los hechos

Polic¨ªas municipales, estatales, federales y el Ej¨¦rcito mexicano participaron y tuvieron conocimiento de los hechos desde temprano. Se vigil¨® a los estudiantes desde por lo menos dos horas antes de los ataques, y estos se hicieron de manera coordinada y respondiendo a una l¨ªnea de mando.

Llamativamente, desde las primeras declaraciones, el gobierno hizo referencia a que hab¨ªan sido atacados s¨®lo cuatro transportes de estudiantes. El GIEI present¨® informaci¨®n sobre la existencia de un quinto transporte y solicit¨® que se abra r¨¢pidamente una investigaci¨®n, ya que podr¨ªa ser clave para encontrar varias de las respuestas pendientes.

El informe del GIEI concluye que se debe hacer ¡°un replanteamiento general del caso¡±, en base a los resultados de la investigaci¨®n realizada. En otras palabras, casi empezar de nuevo. Trat¨¢ndose de un informe estrictamente t¨¦cnico, no se presenta ninguna teor¨ªa sobre los motivos de las graves irregularidades de la investigaci¨®n oficial, pero queda en evidencia que desde el m¨¢s alto nivel se construyeron teor¨ªas que no coinciden con los hechos, y que s¨®lo lograron perjudicar seriamente la investigaci¨®n y la b¨²squeda de los desaparecidos.

Queda en evidencia que desde el m¨¢s alto nivel se construyeron teor¨ªas que no coinciden con los hechos

El camino sin transitar entre Tlatelolco y Ayotzinapa no es lo ¨²nico que une ambas masacres. Las une tambi¨¦n una fuente inagotable de violencia estatal e impunidad que inunda todos los rincones de M¨¦xico. Este gobierno no ha hecho mucho para modificarlo. Por el contrario, la investigaci¨®n en Ayotzinapa permiti¨® encontrar fosas comunes de otras masacres y otros desaparecidos. En la masacre de Tlatlaya de hace poco m¨¢s de un a?o, hubo participaci¨®n directa del Ej¨¦rcito en ejecuciones extrajudiciales.

El contundente informe del GIEI no le deja muchas alternativas al presidente Pe?a Nieto. Como m¨ªnimo, debe inmediatamente pedir perd¨®n a las v¨ªctimas de Ayotzinapa, aceptar la responsabilidad del Estado en la masacre, reparar a todas las v¨ªctimas directas y sus familiares, remover inmediatamente a los funcionarios responsables de las violaciones y del encubrimiento, y renovar el mandato del GIEI. Con cualquier otra respuesta, se repetir¨¢ en Ayotzinapa la interminable noche de Tlatelolco.

Hace unos a?os, un expresidente de Am¨¦rica Latina, ya fuera del poder, luego de leer la tapa del diario que informaba con grandes titulares los miles de muertos en su pa¨ªs por la violencia estatal, me confes¨® cierto alivio por no tener que estar cargando esos muertos sobre sus hombros, pero tambi¨¦n, cierto desasosiego por ser consciente de los miles de muertos que nunca lo abandonar¨ªan. La principal responsabilidad de los gobernantes es proteger la vida de las personas. Por acci¨®n o por omisi¨®n, la larga mano del Estado es responsabilidad del Presidente.

*Santiago Canton es Director Ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights. Twitter @SantiagoACanton