El Leviat¨¢n desnudo

La auditor¨ªa que realiz¨® el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la investigaci¨®n hecha por el Gobierno mexicano sobre la desaparici¨®n y supuesto asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el sure?o estado de Guerrero ha puesto al desnudo los peores vicios del Estado mexicano. Con estupor, la sociedad mexicana ha corroborado la incapacidad del ministerio p¨²blico de investigar y procesar cr¨ªmenes de lesa humanidad. Lo que el propio Gobierno y connotados intelectuales llegaron a considerar como la mejor investigaci¨®n judicial en la historia mexicana no resisti¨® una auditor¨ªa externa auspiciada por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. Hoy sabemos que el procurador Jes¨²s Murillo Karam desech¨® evidencia valios¨ªsima y se cas¨® con una hip¨®tesis fundamentada en confesiones de polic¨ªas y narcotraficantes ¨C muchas de ellas obtenidas mediante tortura ¨C sin explorar explicaciones alternativas.

La sociedad mexicana ha corroborado la incapacidad del ministerio p¨²blico de investigar y procesar cr¨ªmenes de lesa humanidad

Pero m¨¢s all¨¢ de la incapacidad fehaciente del sistema judicial, el reporte de los expertos demuestra que a trav¨¦s de los sistemas de comunicaci¨®n del Estado mexicano las fuerzas armadas, la polic¨ªa federal y la polic¨ªa estatal tuvieron conocimiento en tiempo real del ataque que la polic¨ªa municipal y los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a cabo en contra de los autobuses pillados por los estudiantes. Del reporte se desprende que el procurador se neg¨® a investigar la posible responsabilidad de las fuerzas armadas y las polic¨ªas federal y estatal, quienes por omisi¨®n o comisi¨®n pudieron haber sido c¨®mplices de la desaparici¨®n de los estudiantes. El procurador tom¨® la decisi¨®n pol¨ªtica ¨C mas no de investigaci¨®n jur¨ªdica ¨C de centrar las acusaciones en las polic¨ªas municipales y el narco-alcalde de Iguala, sin explorar la cadena m¨¢s amplia de complicidades que ha posibilitado el desarrollo de la industria criminal en M¨¦xico.

Hay mucha evidencia que vincula a miembros de las fuerzas de seguridad con el narcotr¨¢fico

Hay mucha evidencia que vincula a miembros de las fuerzas de seguridad con el narcotr¨¢fico desde sus inicios en los a?os setentas y hasta nuestros d¨ªas. Por declaraciones de testigos protegidos en el exilio y por evidencia de los archivos hist¨®ricos, hoy sabemos que durante la Guerra Sucia en Guerrero en los a?os setenta los aviones que se utilizaron para arrojar los cuerpos de disidentes pol¨ªticos al mar fueron utilizados para transportar droga a la frontera con Estados Unidos.

Hoy sabemos, tambi¨¦n, que el General Arturo Acosta Chaparro y el General Francisco Quir¨®s Hermosillo, puntales de la Guerra Sucia, a trav¨¦s de la Direcci¨®n Federal de Seguridad (DFS), el ¨®rgano de inteligencia pol¨ªtica del r¨¦gimen autoritario, brindaron la protecci¨®n que permiti¨® el despegue de los principales c¨¢rteles mexicanos y su encumbramiento en los ochentas. Aunque el ej¨¦rcito los juzg¨® y encarcel¨® en 2000, al correr de unos a?os tribunales federales y militares exoneraron a Acosta Chaparro de cargos de narcotr¨¢fico y de asesinato y desaparici¨®n forzada y le restituyeron t¨ªtulos y condecoraciones militares. No pas¨® nada.

El caso de Ayotzinapa es emblem¨¢tico de un problema sist¨¦mico

A partir del valios¨ªsimo trabajo de investigaci¨®n de varias generaciones de periodistas aleccionados por el hoy fallecido Jes¨²s Blancornelas, sabemos que tras la desaparici¨®n de la DFS a mediados de los ochentas muchos de sus exagentes reprodujeron las redes de protecci¨®n al narcotr¨¢fico en las delegaciones estatales de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), las procuradur¨ªas estatales, las polic¨ªas ministeriales y las polic¨ªas municipales. Estas redes sobrevivieron la transici¨®n mexicana a la democracia y son un soporte vital de la industria criminal. Desmantelar estas redes de corrupci¨®n y criminalidad que asocian a agentes de seguridad del Estado con los grupos criminales es vital para evitar horrores como los de la desaparici¨®n de los estudiantes de Ayotzinapa. El reporte del grupo de expertos nos sugiere, sin embargo, que en esta vital tarea el Estado mexicano, por ser juez y parte, est¨¢ rebasado.

Para desmantelar estas redes, el Estado y la sociedad mexicana deben recorrer el largo camino de la verdad y la justicia

Para desmantelar estas redes, el Estado y la sociedad mexicana deben recorrer el largo camino de la verdad y la justicia. Porque M¨¦xico no podr¨¢ moverse hasta que se encuentre la verdad y se haga justicia en el caso de Ayotzinapa, lo primero ser¨¢ permitir que el grupo de expertos profundice sus investigaciones, analice la evidencia desechada y explore hip¨®tesis alternativas a la ¡°verdad hist¨®rica¡± del gobierno. Para hacerlo el presidente Enrique Pe?a Nieto tendr¨¢ que seguir una pol¨ªtica de puertas abiertas y permitirle al grupo de expertos entrevistarse con toda persona o grupo relevante para la investigaci¨®n, incluidos los miembros del Batall¨®n 27.

Porque el caso de Ayotzinapa es emblem¨¢tico de un problema sist¨¦mico, es necesario crear una comisi¨®n internacional en contra de la impunidad a partir del modelo guatemalteco de la CICIG. Con colaboraci¨®n de Naciones Unidas y una activa auditor¨ªa ciudadana, el Estado mexicano estar¨ªa encaminado a desarrollar las capacidades para investigar, perseguir y desmantelar las redes de corrupci¨®n y criminalidad que tienen hoy postrado al pa¨ªs.

El presidente Pe?a Nieto y la clase pol¨ªtica mexicana est¨¢n ante una disyuntiva hist¨®rica

Porque el presente criminal est¨¢ ¨ªntimamente ligado al pasado represivo, M¨¦xico necesita abrirse a una de las revoluciones m¨¢s importantes que el pa¨ªs ha ignorado: la justicia transicional. La evidencia muestra que pa¨ªses que al transitar a la democracia adoptaron mecanismos de justicia transicional ¨C comisiones de la verdad y juicios para exponer y castigar a quienes sistem¨¢ticamente violaron derechos humanos en la etapa autoritaria ¨C presentan hoy niveles significativamente m¨¢s bajos de homicidios y violencia criminal (e.g., Argentina, Bolivia, Chile, Per¨² y Uruguay) que los pa¨ªses que no lo hicieron (e.g., Brasil, Honduras y M¨¦xico) o lo hicieron a medias (e.g., Guatemala y El Salvador).

El presidente Pe?a Nieto y la clase pol¨ªtica mexicana est¨¢n ante una disyuntiva hist¨®rica: unir fuerzas con la comunidad internacional y la sociedad civil para sacar al pa¨ªs de una grav¨ªsima crisis de seguridad y derechos humanos o dejar al pa¨ªs a la deriva y en ca¨ªda libre. Ante coyunturas hist¨®ricas, elegir el camino dif¨ªcil es tarea de estadistas; optar por el camino de siempre es decisi¨®n de pol¨ªticos miopes destinados al basurero de la historia.

* Guillermo Trejo es profesor de la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.