Mesa de tres patas

Muchos de los conflictos sociales durante el ¨²ltimo lustro en los pa¨ªses latinoamericanos han tenido ¡ªcomo nunca antes en la historia¡ª un componente medular en problemas de medio ambiente y, en general, sobre el entorno de los recursos naturales. Levantamientos, bloqueos de carreteras, tensiones, etc. ha sido el mapa conflictual ambientalista en m¨¢s de una docena de pa¨ªses de la regi¨®n.

Tres ingredientes han concurrido para que el medio ambiente se presente como foco de conflictos en una din¨¢mica sin aparente soluci¨®n: inversi¨®n en el sector extractivo al impulso de los buenos precios que prevalec¨ªan hasta hace poco; reacci¨®n de los pueblos ¡ªespecialmente ind¨ªgenas¡ª en las llamadas zonas de influencia frente a esa inversi¨®n, y Estados sobrepasados por el curso de los acontecimientos, sin saber muy bien qu¨¦ hacer ni c¨®mo actuar.

Si no existe entendimiento con la poblaci¨®n local cualquier proyecto de inversi¨®n serio se vuelve inviable

Este es un c¨®ctel explosivo. Pero, en realidad, s¨®lo en apariencia pues lo que puede parecer insoluble, en realidad tiene salida si se considera que para que una mesa est¨¦ parada firmemente se necesita que tenga al menos tres patas.

Pensadas ¡ªy hechas¡ª bien las cosas, la inversi¨®n y la protecci¨®n del medio ambiente ¡ªy de los derechos de las poblaciones en las zonas de influencia de esa inversi¨®n¡ª no tendr¨ªan que conducir fatalmente a una contradicci¨®n antag¨®nica. Todo depende de c¨®mo se hagan las cosas y si existe ¡ªo no¡ª una autoridad para marcar la cancha y procesar eficazmente las diferencias de percepciones y perspectivas entre empresas y poblaciones. La articulaci¨®n entre empresas, poblaci¨®n y Estado puede tener un curso fruct¨ªfero o de colisi¨®n dependiendo de c¨®mo se hagan las cosas y, especialmente, de lo que haga o no el Estado. Hay dos grupos de asuntos que deben ser afrontados para avanzar en esa direcci¨®n.

El primero es el de los est¨¢ndares y reglas que deben ser cumplidos para hacer viable y sostenible la inversi¨®n en zonas sensibles, es decir en tierras y territorios en los que la inversi¨®n tenga impacto directo sobre pueblos y poblaciones, particularmente ind¨ªgenas. Lo que hace algunas d¨¦cadas bastaba ¡ªla licencia para exploraci¨®n o explotaci¨®n otorgada por el Estado¡ª es ahora insuficiente. La licencia social es en los tiempos presentes un componente esencial. Si no existe entendimiento con la poblaci¨®n local cualquier proyecto de inversi¨®n serio se vuelve inviable.

Las funciones p¨²blicas en esta materia no pueden estar repartidas entre varios ministerios

En esto pesa, por cierto, una historia de distancias y hasta de conflictos que deriva en un escenario en el que la desconfianza rec¨ªproca es un componente decisivo. Procesar esa contradicci¨®n requiere trabajar frente a prejuicios y visiones de larga data para lo cual los espacios de di¨¢logo sostenido son absolutamente esenciales. Eso requiere seriedad y responsabilidad de unos y otros. Debe ser transparente y oportuna la informaci¨®n as¨ª como serios y duraderos los compromisos adoptados.

El segundo tema es el de la abdicaci¨®n de responsabilidades del Estado. Un curso positivo de manejo de ese entorno de desconfianzas no es viable ni sostenible si no se cuenta con una maquinaria de Estado presente, eficiente y activa; en todas las etapas. He podido constatar que muchas veces el Estado se pone de perfil, esperando que sea la empresa concernida la que se las entienda con la gente, como ha ocurrido, por ejemplo, en muchas situaciones recientes en el Per¨².

En esto la mayor¨ªa de aparatos estatales tienen que pasar por el gimnasio. Primero, asumiendo seriamente su funci¨®n. Por ejemplo, conduciendo los procesos de consulta y no ser simples espectadores. El Estado debe garantizar que las consultas sean oportunas y adecuadas y que conduzcan a acuerdos leg¨ªtimos y sostenibles que, s¨®lo as¨ª, el Estado tendr¨¢ que hacer cumplir. Segundo, el Estado tiene que ser eficiente y organizarse bien. Las funciones p¨²blicas en esta materia no pueden estar repartidas entre varios ministerios o instituciones; usualmente, adem¨¢s, pobremente financiadas y estructuradas. As¨ª como los Estados han aprendido, por ejemplo, a organizar con eficiencia razonable las elecciones nacionales o municipales, algo semejante se deber¨ªa hacer en este terreno.