El Parlamento boliviano enjuicia a un dirigente de la oposici¨®n
El juicio es contra Samuel Doria e incluye a Gonzalo S¨¢nchez de Lozada, el presidente derrocado por una protesta popular en 2013, y otros 12 antiguos funcionarios
El parlamento boliviano autoriz¨® la iniciaci¨®n de un ¡°juicio de responsabilidades¡± (o especial para exautoridades) contra Samuel Doria Medina, el l¨ªder de la oposici¨®n al gobierno en la parte occidental del pa¨ªs. Se le acusa de una decisi¨®n que tom¨® a comienzos de los a?os 90, cuando era Ministro de Planeamiento del presidente Jaime Paz. El juicio tambi¨¦n incluye a Gonzalo S¨¢nchez de Lozada, el expresidente derrocado por una protesta popular en 2013, y otros 12 antiguos funcionarios.
La decisi¨®n se tom¨® el viernes pasado en la ¨²ltima sesi¨®n de este periodo legislativo, que recomienza el 22 de enero, d¨ªa en que el presidente Evo Morales cumplir¨¢ 10 a?os de gesti¨®n ininterrumpida. Un mes despu¨¦s, Bolivia celebrar¨¢ un referendo para aprobar o rechazar una reforma constitucional que habilitar¨ªa a Morales a candidatear por cuarta vez consecutiva en 2019.
Doria Medina, quien sali¨® segundo en las elecciones presidencial de 2014 --con el 25% de los votos, frente al 54% obtenido por Morales-- es hoy uno de los mayores impulsores del ¡°no¡± a la reforma, que comenz¨® siendo la opci¨®n favorita en las encuestas, pero ha ido perdiendo fuerza conforme avanza la campa?a del gobierno, realizada por todos los medios, para convencer a la poblaci¨®n de que la estabilidad econ¨®mica lograda en esta d¨¦cada se perder¨ªa con un cambio de presidente y que ¡°lo mejor est¨¢ por venir¡±.
Como parte de la campa?a oficial, las autoridades han vuelto a despertar el fantasma del ¡°retorno de la derecha privatizadora¡± en el mando del pa¨ªs. Doria Medina considera que el inicio del juicio que se prepara contra ¨¦l desde hace meses es un intento de atemorizar a los opositores y de distraer la atenci¨®n de la poblaci¨®n de los casos de corrupci¨®n gubernamental que se han denunciado ¨²ltimamente. Asegur¨® que ¨¦l se mantendr¨¢ ¡°firme¡± y que no dejar¨¢ el pa¨ªs, como han hecho en el pasado otros dirigentes enjuiciados por su papel en el periodo neoliberal (1985-2005).
A este empresario, presidente de Unidad Nacional, se le acusa de haber autorizado, en su calidad de Ministro de Planeamiento de principios de los a?os 90, el traspaso a manos privadas de una cartera estatal de pr¨¦stamos a las microempresas, conformada con cr¨¦ditos y donaciones de Estados Unidos por alrededor de 18,5 millones de d¨®lares. Con esta cartera se form¨® una entidad de microcr¨¦dito que funciona hasta hoy, y que sigue pagando al erario el mencionado traspaso. Para el oficialismo, la operaci¨®n implica un ¡°contrato lesivo para el Estado¡±, pues privatiz¨® un activo p¨²blico sin respaldo suficiente. Seg¨²n Doria Medina, la misma result¨® de una imposici¨®n del gobierno estadounidense, que exigi¨® que esta cartera, formada con cr¨¦ditos y donaciones suyas, y que en ese momento era incobrable, pasara a manos de una fundaci¨®n sin fines de lucro como condici¨®n para condonar la deuda que Bolivia ten¨ªa con este pa¨ªs.
Gonzalo S¨¢nchez de Lozada, que desde su derrocamiento se encuentra exiliado en Washington, es acusado por este mismo caso y tambi¨¦n por la forma en que se valor¨® el precio de los ferrocarriles estatales antes de venderlos a inversionistas privados a mediados de los a?os 90. Esta valoraci¨®n, que para los acusados se trat¨® de una simple operaci¨®n contable destinada a hacer posible la transacci¨®n, para la mayor¨ªa del parlamento consisti¨® en una disminuci¨®n real del costo de la empresa de ferrocarriles en beneficio de la empresa compradora, de nacionalidad chilena. Ambos casos se litigar¨¢n ante el Tribunal Supremo de Justicia y los acusados no pueden ser aprehendidos mientras no sean declarados culpables.
El presidente del parlamento, ?lvaro Garc¨ªa Linera, se?al¨® que la labor de investigaci¨®n y enjuiciamiento de las decisiones que condujeron a la privatizaci¨®n de las empresas nacionales hace dos d¨¦cadas ser¨¢ permanente, porque estos actos ¡°causaron da?o a la patria¡±. La oposici¨®n considera que no se trata con la misma vara a los pol¨ªticos de entonces que despu¨¦s se retiraron de la vida p¨²blica y a los que contin¨²an activos, como Doria Medina.
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