El puente que a¨²n divide a Venezuela y Colombia

En el puente Sim¨®n Bol¨ªvar, construido sobre el r¨ªo T¨¢chira para unir Colombia y Venezuela, ya no hay concertinas ni barricadas, sino una valla con carteles que dicen: ¡°Venezuela promueve la paz¡±. El mensaje, como el final de este punto terrestre que conecta los dos pa¨ªses, est¨¢ vigilado por la guardia bolivariana y funcionarios de migraci¨®n. Bajo una peque?a carpa, aseguran con su presencia constante que se cumpla el estado de excepci¨®n que decret¨® hace seis meses, el pasado 20 de agosto, el presidente Nicol¨¢s Maduro. Y deciden qui¨¦n cruza y qui¨¦n no.

Cada d¨ªa atraviesan este paso en el departamento colombiano de Norte de Santander entre 2.000 y 2.500 personas a pie, seg¨²n datos de la polic¨ªa de la ciudad de C¨²cuta, una de las m¨¢s pr¨®ximas a la frontera. En el extremo colombiano hay fuerzas de seguridad que vigilan que no se produzca ning¨²n incidente. Este lado est¨¢ abierto por orden del presidente Juan Manuel Santos. Unos metros m¨¢s adelante, la situaci¨®n cambia. ¡°Se requiere el pasaporte¡±, dice uno de los funcionarios venezolanos. ?A qui¨¦nes? ¡°Los escolares y los enfermos pueden pasar, los colombianos con un permiso de trabajo o un billete de avi¨®n con el documento, el resto de venezolanos depende¡±. Tras varias preguntas, no hay una conclusi¨®n clara.

En la fila para acceder a Venezuela un matrimonio (prefiere no decir su nombre) intenta entrar a su pa¨ªs. Ella acaba de dar a luz por una ces¨¢rea y dice que necesita unos medicamentos, pero aunque tiene las recetas como salvoconducto lleva un buen rato de espera. Residen en Colombia y viven de la venta informal ambulante. Su marido le ha acompa?ado para asegurarse de que cruza. ¡°He llamado a un conocido en la polic¨ªa, se lo he pasado al funcionario y le han dado permiso¡±, cuenta. Tan sencillo como arbitrario.

En este mismo punto, una familia de colombianos residente en la ciudad venezolana de M¨¦rida intenta volver a casa. Llevan un carrito cargado de bultos. ¡°Vamos a una competencia de parapente y necesitamos llegar a tiempo¡±, dice uno de los hijos. Tienen la doble nacionalidad pero hoy los funcionarios de migraci¨®n de Venezuela les han pedido una visa especial para cruzar. ¡°Paciencia, esperaremos a que pasen los escolares y lo volveremos a intentar¡±.

Son las 12 de la ma?ana de un viernes y aparecen ocho autobuses en La Parada, el pueblo colombiano que termina en el puente Sim¨®n Bol¨ªvar. Dentro van ni?os venezolanos que vuelven a casa despu¨¦s del turno de la ma?ana en colegios de C¨²cuta. Viajan en veh¨ªculos financiados por el gobierno de Colombia hasta la mitad del puente. En ese punto se bajan y se suben en otros, esta vez con ense?a venezolana. As¨ª cada d¨ªa en dos tandas. La caravana forma parte del corredor humanitario que permite el tr¨¢nsito de estudiantes, con su carn¨¦ correspondiente, y de enfermos con las recetas y los informes m¨¦dicos sellados en un hospital de San Antonio de T¨¢chira, la ciudad venezolana m¨¢s cercana a la frontera. En el medio, una camioneta de la Cruz Roja, con cuatro voluntarios, ofrece asistencia de seis de la ma?ana a seis de la tarde.

Por cada ciudadano que intenta cruzar la frontera aparecen dos carretilleros que por unos pocos miles de pesos llevan los bultos. Otro par de motoristas que por 10.000 pesos (unos tres d¨®lares) te cruzan. ?Por d¨®nde? Se?alan hacia el r¨ªo, es decir, por las trochas, los caminos ilegales que dibujan una frontera alternativa: la del contrabando. El exdiputado Walter M¨¢rquez, que fue embajador del Gobierno de Ch¨¢vez en India, rompi¨® con la revoluci¨®n y se convirti¨® en uno de sus m¨¢s encarnizados cr¨ªticos. M¨¢rquez cont¨® en una reciente entrevista que esta otra linde "est¨¢ controlada por militares y funcionarios del Gobierno venezolano que la franquean a cambio de sobornos".

En La Parada el negocio de la venta de productos venezolanos est¨¢ en v¨ªas de extinci¨®n. El bullicio que sal¨ªa de los almacenes y las casas que surt¨ªan a esta zona con cerveza, arroz, papel higi¨¦nico¡­ de los vecinos se ha calmado. Ahora tienen una mayor¨ªa de mercanc¨ªa nacional y, por tanto, los precios han subido. La misma suerte han corrido los conocidos como maneros, dedicados a la compra-venta de bol¨ªvares y pesos. En los puestos de madera donde se apostaban, ya no hay casi nadie y los que quedan ofrecen gaseosas y man¨ª.

Desde que se produjera el cierre terrestre de la frontera (afecta a los cinco puentes oficiales), el contrabando entre Colombia y Venezuela se ha reducido pero no ha desaparecido. ¡°Hemos destruido 18 trochas con retroexcavadoras para evitar el paso de veh¨ªculos¡±, explica el coronel Jaime Alberto Barrera Hoyos, comandante de la polic¨ªa metropolitana de C¨²cuta y responsable del operativo de seguridad durante la emergencia y de continuar con la vigilancia desde entonces. ¡°El problema es que esta zona es muy porosa y el nivel de r¨ªo en esta ¨¦poca es bajo, as¨ª que a pie se puede pasar por cualquier parte¡±. Las cuentas no oficiales que manejan los vecinos de la zona suman m¨¢s de 200 caminos ilegales de paso. En los ¨²ltimos seis meses, las fuerzas de seguridad colombianas han interceptado 19.785 toneladas de alimentos en toda esta zona, seg¨²n cifras oficiales.

¡°Si bien hay problemas graves en esta zona, castigar el paso formal y oficial donde est¨¢n las din¨¢micas legales, no era el mecanismo m¨¢s apropiado¡±, dice V¨ªctor Bautista, asesor en temas de la frontera de la Canciller¨ªa colombiana en referencia a la decisi¨®n que tom¨® Maduro cuando el pasado agosto se produjo un incidente en el que resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en un enfrentamiento con supuestos contrabandistas en un ¨¢rea fronteriza. ¡°Se ha desmontado la plataforma de importaci¨®n nacional, si los venezolanos cierran la frontera no tendr¨ªa que haber paso de carga ya que requiere un proceso de reciprocidad. Es una reacci¨®n natural¡±.

Bautista asegura que ¡°la comunicaci¨®n con Venezuela no es nula¡± y que el cuerpo diplom¨¢tico colombiano sigue trabajando en la zona, al mismo tiempo que remarca que les gustar¨ªa que ¡°el Gobierno central estuviera m¨¢s presente en la frontera para que las decisiones fueran m¨¢s r¨¢pidas y eficaces¡±. Por el momento, explica que los portavoces son las autoridades militares venezolanas. ¡°Hay una realidad pol¨ªtica de no intromisi¨®n en asuntos internos y de respeto por la din¨¢mica pol¨ªtica de Venezuela¡±, contin¨²a. ¡°Lo que no separa la realidad de que hay una inestabilidad y polarizaci¨®n en el Gobierno venezolano que nos preocupa porque es nuestro vecino¡±.

El drama de los pimpineros

El operativo de seguridad ha afectado especialmente al comercio ilegal de gasolina. Los pimpineros (como se conoce a los vendedores de combustible por el nombre de la garrafa que usan, las pimpinas) cuentan que se han quedado sin trabajo. ¡°Desde que se cerr¨® la frontera, se agudiz¨® nuestra situaci¨®n econ¨®mica¡±, explica Yuleima Garc¨ªa, una de las portavoces de Sintragasolina, organizaci¨®n que agrupa a 1.300 de los 2.800 pimpineros de C¨²cuta. Antes del 20 de agosto, el combustible llegaba a Colombia en coches que cruzaban por las trochas o directamente en garrafas transportadas a pie. El gal¨®n se cobraba a 4.000 pesos (1 d¨®lar). Ahora llega menos y se ha encarecido, unos 6.000 (1,7 d¨®lares), aseguran los afectados. Y las fuerzas de seguridad han iniciado una campa?a de desalojo de las calles.

Aunque algunos se aferran a sus cambuches (puestos de madera para la venta), la carretera que une el centro de C¨²cuta con el aeropuerto ejemplifica c¨®mo este negocio tambi¨¦n est¨¢ en decadencia: resulta complicado encontrar m¨¢s de una decena. Por esta raz¨®n, han iniciado una huelga de hambre frente a la alcald¨ªa de la ciudad. El nuevo regidor, C¨¦sar Rojas Ayala, se remite a un plan del Gobierno colombiano que consiste en entregar algo m¨¢s de cuatro millones de pesos (unos 1.100 d¨®lares) a cada vendedor para que comience su propio negocio legal. ¡°No hemos aceptado¡±, dice Garc¨ªa, ¡°con ese dinero no se beneficia ni a un tercio de los pimpieros, nosotros proponemos un plan de 25 millones de pesos (unos 7.400 d¨®lares), subsidios de viviendas, becas universitarias y seguridad social¡±. La respuesta a¨²n no ha llegado. ¡°Sabemos que es un negocio informal, pero despu¨¦s de m¨¢s de 50 a?os, esto ya es una cultura ac¨¢¡±, resume.