El veto de Maduro a la ley de amnist¨ªa abre otro conflicto de poderes en Venezuela
La Asamblea Nacional, controlada por la oposici¨®n, ha aprobado la Ley de Amnist¨ªa, que deber¨ªa liberar a 78 personas presas por motivos pol¨ªticos
Un nuevo conflicto de poderes se asoma en Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por la oposici¨®n, ha aprobado la Ley de Amnist¨ªa y Reconciliaci¨®n Nacional, un instrumento que deber¨ªa liberar a 78 personas presas por motivos pol¨ªticos. El presidente Nicol¨¢s Maduro ha avisado de que vetar¨¢ el proyecto, mientras que el jefe de la bancada chavista, H¨¦ctor Rodr¨ªguez, considera que la reforma aprobada ¡°es inaplicable porque viola las leyes venezolanas e internacionales¡±.
La Constituci¨®n faculta al gobernante para rechazar la ley, incorporar las observaciones y devolverla al Parlamento para su posterior aprobaci¨®n, pero tambi¨¦n le deja una opci¨®n mucho m¨¢s efectiva: enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Constitucional decida si la ley choca o no con lo establecido en el contrato social que rige a todos los venezolanos. Desde 2004, cuando una reforma elev¨® el n¨²mero de togados del m¨¢ximo tribunal, el Gobierno no ha perdido una sola decisi¨®n ventilada en esa instancia, de acuerdo con una investigaci¨®n del abogado Antonio Canova y compilada en el libro El TSJ al servicio de la Revoluci¨®n. La ley avivar¨¢ la llama de la pugna entre los poderes p¨²blicos y supondr¨¢ un nuevo asalto del combate que libran el Ejecutivo y el Legislativo desde enero, cuando se renov¨® el elenco de representantes parlamentarios. La oposici¨®n los ha perdido todos hasta ahora. El chavismo lleva las de ganar no solo por la naturaleza de la Constituci¨®n, sino porque los cinco integrantes de la Sala Constitucional del Supremo, donde se deciden estos recursos, comparten el proyecto pol¨ªtico de la autodenominada revoluci¨®n bolivariana.
Desde enero el Parlamento ha tomado decisiones que luego no han podido ejecutarse por las decisiones adoptadas por el Supremo. Ocurri¨® en las primeras sesiones del a?o cuando la directiva, encabezada por Henry Ramos Allup, intent¨® juramentar a tres diputados del Estado de Amazonas, en el sur de Venezuela, cuya elecci¨®n hab¨ªa sido impugnada por el Gobierno. No era un desaf¨ªo menor. Con estos tres asamble¨ªstas la opositora Mesa de la Unidad Democr¨¢tica hubiera completado los dos tercios necesarios para legislar con mayor¨ªa cualificada. Pero despu¨¦s de la negativa del m¨¢ximo tribunal, y ante la perspectiva de convertirse en un foro de discusi¨®n pol¨ªtica sin incidencia alguna, optaron por desecharlos. A d¨ªa de hoy, la provincia carece de representaci¨®n parlamentaria y est¨¢ a la espera de la resoluci¨®n del contencioso. Ocurri¨® tambi¨¦n cuando la oposici¨®n intent¨® revertir el atropellado nombramiento de los nuevos magistrados al final de la legislatura anterior y el propio tribunal, en respuesta a un recurso de interpretaci¨®n, decidi¨® que la Asamblea Nacional no estaba facultada para ¡°revisar, anular, revocar o dejar sin efecto¡± la designaci¨®n de los togados.
Alegr¨ªa de la oposici¨®n
Al margen de ese incierto destino, la aprobaci¨®n ha constituido una alegr¨ªa para los familiares de los detenidos que podr¨ªan ser beneficiados con esta ley. Lilian Tintori, esposa del celeb¨¦rrimo preso pol¨ªtico Leopoldo L¨®pez, no ocult¨® su alegr¨ªa al ver aprobado el proyecto. ¡°Es el comienzo del rescate de la justicia, la reconciliaci¨®n y la libertad en Venezuela¡±, asegur¨®. En el chavismo tienen una opini¨®n distinta: ¡°La amnist¨ªa es un olvido sin reparaci¨®n de las v¨ªctimas¡±, asegur¨® el diputado Pedro Carre?o en el debate previo. El propio Maduro denunci¨® que se trata de leyes ¡°para amparar terroristas y criminales¡±. Precisamente, la oposici¨®n ha querido salirle al paso a la idea de que la ley amparar¨¢ a los responsables de las 43 muertes ocurridas durante las manifestaciones ocurridas entre febrero y junio de 2014, convocadas por L¨®pez, la exdiputada Mar¨ªa Corina Machado y el alcalde del ¨¢rea metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, para demandar el fin anticipado del gobierno de Nicol¨¢s Maduro, o a quienes hayan cometido delitos graves.
En la exposici¨®n de motivos del proyecto se asegura que la ley amparar¨ªa solo a aquellas personas involucradas en delitos cometidos en manifestaciones pol¨ªticas, y alcanzar¨ªa tambi¨¦n a aquellos ciudadanos sentenciados en procesos judiciales ama?ados. Muchos de los oradores recordaron que la carrera pol¨ªtica de Hugo Ch¨¢vez fue posible en parte porque en 1994 el entonces presidente Rafael Caldera decidi¨® amnistiarlo junto a sus compa?eros de armas. El resto es historia.
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