Los casos de desaparici¨®n forzada en M¨¦xico, al nivel de Siria
Pese a que se han registrado 545 casos entre 1980 y 2015, el pa¨ªs no cuenta con una ley que garantice la reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas
El n¨²mero de casos de desaparici¨®n forzada en M¨¦xico tiene niveles similares a pa¨ªses que han experimentado guerra civil y violencia pol¨ªtica como Siria y Pakist¨¢n. Desde el 2008 han ocurrido 136 casos en M¨¦xico, al igual que en la rep¨²blica ¨¢rabe de Siria. Los Estados m¨¢s afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotr¨¢fico en sus territorios. Pese a este panorama, en el pa¨ªs no se cuenta con un sistema nacional de b¨²squeda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparaci¨®n del da?o a las v¨ªctimas, expone un informe del Senado.
Desde que en el Gobierno anterior encabezado por Felipe Calder¨®n (2006-2012) se emprendi¨® el combate al crimen al organizado, los derechos humanos vinculados a los temas de seguridad p¨²blica y justicia han estado en el debate p¨²blico. En los ¨²ltimos a?os, la desaparici¨®n forzada (donde hay implicaci¨®n de servidores p¨²blicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en M¨¦xico, son hechos que han estado en el foco de atenci¨®n de los sistemas internacionales de derechos humanos, destaca el documento elaborado por la Direcci¨®n General de Investigaci¨®n Estrat¨¦gica del legislativo.?Entre los casos m¨¢s recientes est¨¢ la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco j¨®venes en Veracruz a principios de este a?o. En ambos casos la polic¨ªa entreg¨® a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.
Los a?os que registran el mayor n¨²mero de casos de desaparici¨®n forzada en M¨¦xico coinciden con periodos en los que las fuerzas armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno. Entre 1980 y 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de acuerdo con el ¨²ltimo informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayor¨ªa ocurrieron en tres momentos espec¨ªficos y que han marcado la historia de M¨¦xico: los a?os setenta, que corresponden al periodo de la guerra sucia; 1994, que coincide con el conflicto armado encabezado por el Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas y el lapso de 2007 a 2012, el periodo de Gobierno de Calder¨®n cuando se intensific¨® la guerra contra el narco. ¡°Estos tres momentos o periodos hist¨®ricos tienen en com¨²n la participaci¨®n (justificada o no) del Ej¨¦rcito en tareas de orden p¨²blico y seguridad¡±, resalta el informe.
Los a?os que registran el mayor n¨²mero de casos de desaparici¨®n forzada en M¨¦xico coinciden con periodos en los que las fuerzas armadas han intervenido en tareas de seguridad
Una de las principales demandas de los organismos de derechos humanos ha sido el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad interior. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha argumentado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana y corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la delincuencia y la violencia. El organismo internacional tambi¨¦n ha se?alado que para el buen funcionamiento de un sistema democr¨¢tico las actividades de investigaci¨®n criminal e inteligencia deben corresponder a fuerzas policiales civiles que est¨¦n sometidas a los correspondientes controles por parte del Parlamento y, en su caso, del sistema judicial.
En M¨¦xico hay 27.659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, seg¨²n un registro nacional gubernamental. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas. El reto inmediato para el Senado es emitir una Ley sobre desaparici¨®n forzada que prevenga esta violaci¨®n, facilite la localizaci¨®n de personas desaparecidas y contribuya a garantizar la reparaci¨®n integral a las v¨ªctimas. Sin embargo, la aprobaci¨®n se ha ido postergando. El pasado 30 de abril, cuando concluy¨® el periodo de sesiones, diversas organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos humanos criticaron a los legisladores por incumplir con el plazo para aprobar la norma.
Alejandra Nu?o Ruiz Velasco, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en M¨¦xico, dijo que 40 organizaciones de la sociedad civil y 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron sus propuestas y participaron en las audiencias en el Senado de forma activa para contar con una normatividad eficiente, pero los legisladores no lograron desahogarla. La activista urgi¨® a actuar para frenar esta crisis donde est¨¢ demostrada la participaci¨®n de las autoridades. "En muchos de los casos se ha demostrado la corrupci¨®n, colusi¨®n y tolerancia de las autoridades municipales. Lo parad¨®jico es que el 96,5% de los casos es investigado por tales instancias locales".
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