Juego oscuro del juez y la PGR en Tlatlaya

La noche del pasado viernes, la Procuradur¨ªa General mexicana, PGR, mand¨® un comunicado bomba por correo electr¨®nico. Al filo de medianoche, la PGR informaba de un hecho crucial en un caso que ha marcado el sexenio del presidente Enrique Pe?a Nieto, la matanza de Tlatlaya.

Un juez federal, dec¨ªa la nota, ordenaba liberar a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hern¨¢ndez, tres militares a quienes la propia fiscal¨ªa acusaba del homicidio de ocho personas en julio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico, a unas cuatro horas de la capital. El juez, segu¨ªa el comunicado, desestimaba las pruebas de la PGR y exoneraba a los militares de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteraci¨®n del lugar de los hechos.

El s¨¢bado a mediod¨ªa, el Consejo de la Judicatura Federal, ¨®rgano que administra y coordina a los tribunales federales en M¨¦xico, divulgaba el auto del juez que desechaba la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa. El auto, en realidad, revoca la decisi¨®n anterior de otro juez, que hab¨ªa mandado a prisi¨®n a los soldados. Aunque en un primer momento los medios dijeron que la justicia los absolv¨ªa, ni siquiera llegaba a eso: la justicia eleg¨ªa no procesarlos. El s¨¢bado por la tarde, Santiago Aguirre, del Centro Pro, abogado de Clara G¨®mez, una de las testigos de lo ocurrido en Tlatlaya, explicaba por tel¨¦fono: ¡°El juez ha aplicado un est¨¢ndar que de aplicarse a cualquier otro caso, quedar¨ªa todo el mundo libre. Esto suele hacerse en sentencias. No debe servir para revocar un auto de formal prisi¨®n¡±.

En un pa¨ªs donde la posesi¨®n de unos gramos de marihuana puede llevar a la c¨¢rcel, tres soldados acusados de matar a ocho personas, de modificar el lugar de los hechos y encubrir el asunto quedaban libres.

El auto de liberaci¨®n consta de 522 p¨¢ginas. De la 135 a la 146, el juez recoge contradicciones entre las declaraciones de las tres testigos sobre lo que ocurri¨® en aquella bodega.

La madrugada del 1 de julio de 2014, una camioneta del Ej¨¦rcito par¨® junto a un galp¨®n a medio construir en una comunidad rural de Tlatlaya. Uno de los militares hab¨ªa visto gente armada. Era de noche. Empez¨® entonces un tiroteo entre los soldados y el grupo de la bodega. Al d¨ªa siguiente, la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional informaba de la muerte de 22 delincuentes en el tiroteo. Un soldado hab¨ªa resultado herido. Dos meses m¨¢s tarde, la testigo Clara G¨®mez denunciaba sin embargo que los soldados hab¨ªan asesinado a parte del grupo; que el tiroteo hab¨ªa concluido, los supuestos delincuentes se hab¨ªan rendido y los militares hab¨ªan matado a los supervivientes.

La PGR, que empez¨® a investigar el caso semanas despu¨¦s de que ocurriera, concluy¨® que la versi¨®n de la testigo era cierta: tres de los ocho soldados hab¨ªan asesinado a ocho del grupo armado. La fiscal¨ªa tom¨® declaraci¨®n a otras dos testigos. Sus testimonios, el de Clara y los distintos peritajes que hab¨ªan practicado sus colegas de la procuradur¨ªa estatal integraron el caso que presentaron ante el juez.

Los soldados fueron a la c¨¢rcel. La Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n a las V¨ªctimas intervino y ofreci¨® apoyo a los familiares de los ejecutados. Su titular, Jaime Roch¨ªn, adelant¨® incluso los montos que se pagar¨ªa a las familias como indemnizaci¨®n. Y luego lleg¨® la decisi¨®n del tribunal.

El juez apunta una decena de imprecisiones y contradicciones en los relatos de las testigos sobre lo que ocurri¨® aquella noche. Y todas son menores. Una refiere por ejemplo que las testigos difieren sobre la hora en que comienza el tiroteo: una dice que ser¨ªan las tres y media y las otras dos dicen de madrugada; la segunda, una imprecisi¨®n, apunta que las testigos difieren sobre qui¨¦n empez¨® a disparar, si los soldados o los de la bodega. El auto est¨¢ cortado justo en esa p¨¢gina, por lo que resulta imposible saber qu¨¦ dice cada una. En todo caso, Clara se refugi¨® en una camioneta durante el enfrentamiento. Las otras dos estaban al fondo de la bodega. Dif¨ªcilmente pudieron dar cuenta de ese detalle con precisi¨®n. Luego, el juez se?ala que los testimonios no coinciden sobre la duraci¨®n del enfrentamiento. Una dice que media hora, otra que entre cinco y diez minutos y otra diez¡­ Y as¨ª sucesivamente. Ninguna contradicci¨®n o imprecisi¨®n refiere a los asesinatos, cosa que el juez no cuestiona.

Santiago Aguirre, del Centro Pro, dice: ¡°El juez pone ¨¦nfasis al cuestionar los testimonios y es laxo con los militares como nunca se ha visto en un caso que tenga que ver con civiles. Adem¨¢s, no hace caso de los peritajes bal¨ªsticos¡±. La PGR acusaba a los tres soldados de alterar el lugar de los hechos. La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos apunt¨® en su informe que alguien movi¨® armas y cad¨¢veres de lugar.

El s¨¢bado por la tarde, la PGR reaccionaba a la decisi¨®n del juez. En un comunicado, dijo: ¡°[Esta instituci¨®n] aportar¨¢ pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados¡±.

En su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Alejandro Medell¨ªn, especialista en las Fuerzas Armadas, integrante del Casede, Colectivo de An¨¢lisis de la Seguridad con Democrac¨ªa, escrib¨ªa el viernes: ¡°La liberaci¨®n de los tres militares de Tlatlaya es la disculpa p¨²blcia de Enrique Pe?a Nieto a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa y la Sedena¡±.

Hace apenas un mes, la prensa mexicana descubri¨® un video en que soldados y polic¨ªas federales torturaban a una mujer para sacarle informaci¨®n. D¨ªas despu¨¦s, Cienfuegos se disculpaba p¨²blicamente delante de miles de soldados en un acto de la Sedena. M¨¢s tarde, en una entrevista con el diario digital Pulso, Cienfuegos dec¨ªa: ¡°El Ej¨¦rcito debe salir de las calles; fue un error entrar en esa guerra¡±.