?De qu¨¦ se acusa exactamente a Dilma Rousseff?

Primera acusaci¨®n: decretos presidenciales

Dilma Rousseff firm¨® en 2015 tres decretos por los que conced¨ªa cr¨¦ditos de bancos p¨²blicos para pagar determinadas deudas p¨²blicas. Uno, el 27 de julio de 2015, por importe de 1.700 millones de reales [m¨¢s de 523 millones de d¨®lares], para sufragar proyectos de educaci¨®n, ¨¢reas sociales, de trabajo y cultura; otro, el mismo d¨ªa, por importe de 29 millones de reales [aproximadamente 9 millones de d¨®lares], que fueron a parar a diversos organismos del Ejecutivo; y el tercero, el 20 de agosto de 2015, por importe de 600 millones de reales [casi 185 millones de d¨®lares], para gastos del ministerio de Justicia.

Lo que dice la acusaci¨®n. Sostiene que estos decretos aumentaron los gastos del Estado y supusieron, a la postre, el incumplir la meta fiscal de 2015, que, grosso modo, es la cuant¨ªa que el Gobierno calcula dejar en caja a fin de a?o. E incumplir la meta fiscal va en contra del art¨ªculo 4 de la Ley Presupuestaria Anual de 2015. Para haber promulgado esos decretos habilitando esos cr¨¦ditos habr¨ªa sido necesario pedir autorizaci¨®n al Congreso, conforme a lo previsto en la Constituci¨®n. La acusaci¨®n a?ade que Rousseff, como gestora del pa¨ªs, ten¨ªa conocimiento de esos decretos y los autoriz¨®, y que por eso es responsable de ellos, que en vez de promulgarlos, como hizo, deber¨ªa haber realizado recortes en el presupuesto en un a?o de crisis econ¨®mica.

La Ley de Impeachment, de 1950, define lo que es delito de responsabilidad de un presidente y pas¨® a tener nuevos apartados con la incorporaci¨®n de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 2000. Para la acusaci¨®n, los decretos violaron este art¨ªculo: "Infringir patentemente, y de cualquier modo una disposici¨®n de la ley presupuestaria" y "otorgar cr¨¦ditos sin fundamento legal o sin las formalidades legales".

Lo que dice la defensa. Replica que los decretos no autorizaron ning¨²n aumento de gasto, sino simplemente redistribuyeron dinero de gastos ya previstos y autorizados previamente por el Congreso. De esta forma, no afectaron a la meta fiscal. Adem¨¢s, seg¨²n el exministro de Hacienda y Planificaci¨®n, Nelson Barbosa, la petici¨®n que pone en marcha la apertura de los decretos siempre la realizan los propios funcionarios de los ministerios, mediante un sistema electr¨®nico que no los autorizar¨ªa si no estuviesen de acuerdo con la ley vigente. Tambi¨¦n dice que el proceso requiere la participaci¨®n de varios funcionarios y conlleva una serie de etapas previas antes de llegar al presidente. Por eso, Rousseff los habr¨ªa firmado siguiendo la orientaci¨®n de especialistas t¨¦cnicos que no vieron ninguna irregularidad. De de esta forma, no puede ser responsabilizada.

Segunda acusaci¨®n: las "pedaladas" fiscales

El Gobierno, entre enero y noviembre de 2015, pag¨® con retraso al Banco do Brasil, de titularidad p¨²blica, cuotas que ascend¨ªan a 3.500 millones de reales [unos 1.088 millones de d¨®lares] referentes a las ayudas al denominado Plan Safra. Este plan es un programa federal que ayuda a los agricultores familiares a tomar pr¨¦stamos del banco a unos intereses bastante m¨¢s bajos, haciendo m¨¢s f¨¢cil su pago. El Gobierno le paga al banco el importe de la diferencia de los intereses.

Lo que dice la acusaci¨®n. Considera que el retraso constituye, de facto, una operaci¨®n de cr¨¦dito, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea: es como si, al no pagar las cuotas, el Gobierno hubiera tomado un pr¨¦stamo del banco. Nuevamente, afirman que una decisi¨®n como esa nunca podr¨ªa haberse tomado sin que un presidente de la Rep¨²blica lo supiera. Tambi¨¦n sostienen que el Tribunal de Cuentas consider¨® la pr¨¢ctica irregular y, por eso, no podr¨ªa haberse llevado a cabo. Los acusadores dicen tambi¨¦n que esta pr¨¢ctica maquill¨® las cuentas p¨²blicas; es decir, le mostr¨® al pa¨ªs un dato falso sobre la situaci¨®n financiera del Gobierno.

Lo que dice la defensa. Que un retraso en el pago no es una operaci¨®n de cr¨¦dito. A?ade que nunca se han efectuado traspasos de recursos del banco al Gobierno (en el plan, el banco realiza el pr¨¦stamo al agricultor). Por eso, esta medida no puede encuadrarse en la Ley de Responsabilidad Fiscal.