Las condenas a muerte en Estados Unidos caen al nivel m¨¢s bajo desde 1976

Este es el paisaje ambivalente que dibuja el informe anual del Centro de Informaci¨®n de la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas inglesas), difundido la semana pasada. La pena capital hace de EE UU, el quinto pa¨ªs en n¨²mero de ejecuciones, una anomal¨ªa en el mundo desarrollado y democr¨¢tico.

Pese a que el apoyo ciudadano ha disminuido en los ¨²ltimos a?os, siguen siendo m¨¢s los que respaldan (un 49%) las ejecuciones que los que se oponen a ellas (42%), seg¨²n una encuesta de Pew Research. A¨²n as¨ª, es el primer a?o en 45 en que ese apoyo es inferior al 50%.

La brecha social es visible en la pol¨ªtica. El presidente estadounidense saliente, el dem¨®crata Barack Obama, apoya la pena de muerte en casos extremos; el entrante, el republicano Donald Trump, la respalda sin matices. Mientras unos Estados nombraron en noviembre a fiscales que se oponen a las ejecuciones, otros hicieron lo contrario.

En el DPIC son optimistas. ¡°Estados Unidos est¨¢ en medio de un gran cambio respecto al castigo capital. Aunque puede haber ajustes y pasos hacia atr¨¢s ocasionales, la tendencia a largo plazo se mantiene clara¡±, escribe en el informe Robert Dunham, el director ejecutivo del centro. ¡°Cada a?o el p¨²blico est¨¢ m¨¢s inc¨®modo con la pena de muerte¡±.

Ejecuciones solo en cinco Estados

La organizaci¨®n calcula que unas 30 personas habr¨¢n sido condenadas a muerte este a?o, un 39% menos que el a?o anterior. Y destaca que, por primera vez en m¨¢s de 40 a?os, ning¨²n Estado impuso diez o m¨¢s sentencias a muerte. Solo cinco Estados han impuesto m¨¢s de una.

Las 20 ejecuciones de 2016 representan un descenso de m¨¢s del 25% respecto al a?o anterior. Solo cinco Estados acabaron legalmente con la vida de presos, el n¨²mero m¨¢s bajo desde 1983.

Uno de los factores detr¨¢s del descenso son los cambios legales en algunos Estados. El Tribunal Supremo consider¨® ilegales pr¨¢cticas que fomentaban desproporcionadamente la pena de muerte en Arizona, Oklahoma y Florida, donde por ejemplo un juez pod¨ªa anular el criterio de un jurado.

Tambi¨¦n contribuye al declive la dificultad de acceso a las sustancias que se utilizan en las inyecciones letales como resultado del creciente boicot de farmac¨¦uticas europeas y estadounidenses. Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados en los ¨²ltimos a?os a recurrir a f¨¢rmacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones.

Pero ese bloqueo tambi¨¦n propicia consecuencias indeseadas. Ante la ausencia de f¨¢rmacos, los Estados experimentan con nuevas sustancias para matar. Hace dos semanas, un preso estuvo agonizando 13 minutos durante su ejecuci¨®n en Alabama al suministr¨¢rsele un sedante que ya hab¨ªa ocasionado convulsiones en 2014 a un reo en Oklahoma.

Precisamente, los ciudadanos de Oklahoma aprobaron en refer¨¦ndum en noviembre, con un 66% de votos a favor, una enmienda que permite al Estado usar f¨¢rmacos en las inyecciones letales que no han sido autorizados por el Tribunal Supremo ante el temor de que la Justicia pueda considerar inconstitucionales las nuevas sustancias utilizadas actualmente.