Un juez federal de EE UU paraliza la aplicaci¨®n del veto migratorio de Trump

¡°Hoy ha prevalecido la Constituci¨®n. Nadie est¨¢ por encima de la ley, ni siquiera el presidente¡±, afirm¨® el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, tras conocer el dictamen. El fiscal a?adi¨® que esperan que el presidente Trump ¡°cumpla con esta orden¡± y que detenga su aplicaci¨®n en los puertos de entrada al pa¨ªs. La sentencia firmada por el juez federal James Robart proh¨ªbe a los trabajadores federales de todo el pa¨ªs aplicar el decreto de Trump.

La Casa Blanca anunci¨® en un comunicado que el Departamento de Justicia apelar¨¢ el dictamen "lo antes posible" y que la Administraci¨®n considera que el decreto migratorio es "legal y adecuado". El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, asegura que "la orden tiene la intenci¨®n de proteger el territorio nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano".

El Departamento de Estado trabaja desde la noche de este viernes con el Departamento de Seguridad Nacional para determinar los efectos pr¨¢cticos de esta sentencia, seg¨²n declaraciones de un portavoz a Reuters. La agencia asegura que el departamento de Aduanas ya ha dado la orden a las aerol¨ªneas de que permitan embarcar a quienes, a pesar de tener visados en regla, se hab¨ªan visto afectados por el veto migratorio. El Gobierno federal asegura que el decreto supuso la cancelaci¨®n de casi 60.000 visados y los solicitantes de entrada en el pa¨ªs deber¨¢n comenzar su proceso de nuevo.

A falta de conocer sus consecuencias directas, el mayor impacto de esta sentencia podr¨ªa estar en los tribunales. El juez ha reconocido el derecho de los Estados y de las empresas a querellarse contra el Gobierno federal por el efecto que tiene la orden ejecutiva en sus residentes. Se espera que el dictamen sea apelado por la Administraci¨®n Trump ante una instancia judicial superior y que eventualmente llegue al Tribunal Supremo para decidir si el veto es constitucional o no.

Robart asegura en su dictamen que el Estado de Washington, al que despu¨¦s se sum¨® Minnesota, ha demostrado ¡°un perjuicio inmediato e irreparable¡± a consecuencia del veto migratorio. El juez no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto sino que ha pedido que no se aplique hasta determinar cu¨¢l de las partes lleva la raz¨®n en el caso.

El fiscal general de Washington aleg¨® en su demanda que el veto migratorio viola los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de sus familias, as¨ª como su derecho a la libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. Ferguson argumenta que la orden ejecutiva de Trump ¡°est¨¢ motivada por el odio y el deseo de da?ar a un grupo en particular¡± apoy¨¢ndose en declaraciones que el presidente realiz¨® durante la campa?a electoral.

Esta querella cuenta con el respaldo de grandes compa?¨ªas como Amazon y Expedia, tambi¨¦n asegura que la orden ejecutiva tiene un impacto negativo en la econom¨ªa, las empresas y el sector educativo del Estado. Miles de personas, entre las que se encuentran estudiantes, m¨¦dicos, investigadores y trabajadores con permiso de residencia legal, y a los que sorprendi¨® la orden en su pa¨ªs de origen, vieron que no pod¨ªan regresar.

El decreto presidencial del mandatario republicano bloquea la entrada en EE UU de los refugiados sirios de manera indefinida. La orden tambi¨¦n veta a los inmigrantes de siete naciones de mayor¨ªa musulmana y a los refugiados de otros or¨ªgenes, durante los pr¨®ximos tres y cuatro meses, respectivamente. Su entrada en vigor desat¨® una oleada de protestas y caos en aeropuertos de EE UU y del resto del mundo. La Casa Blanca defiende que no se trata de un veto contra los musulmanes y que el objetivo del decreto es proteger la seguridad nacional.

La sentencia en Washington llega horas despu¨¦s de que un juez federal diera permiso al Estado de Virginia a sumarse a otra querella paralela que tambi¨¦n busca bloquear la orden ejecutiva de Trump. Ese mismo juez orden¨® adem¨¢s al gobierno federal que entregue a las autoridades de Virginia una lista con todas las personas a las que se haya negado la entrada o hayan sido deportadas de EE UU por el decreto.