Los jueces presionan a la Casa Blanca para que explique la urgencia del veto migratorio

Lo que estaba en discusi¨®n no era la legalidad de la orden, sino la pertinencia de la suspensi¨®n cautelar, es decir, si se debe restituir o no la aplicaci¨®n de la orden. La esencia de la discusi¨®n fue, por un lado, la necesidad de cambiar de un d¨ªa para otro las reglas sobre inmigraci¨®n y el da?o causado a gente con residencia permanente en Estados Unidos. Por otro, la necesidad de que la suspensi¨®n cautelar de la aplicaci¨®n de la orden, dictada por un juez de Seattle, tenga que ser total y para todo el pa¨ªs, cuando el Ejecutivo tiene amplias competencias en materia de inmigraci¨®n. Los jueces estaban cada uno en sus plazas correspondientes (San Jos¨¦, Phoenix y Honolulu) y los abogados estaban en Seattle y en Washington DC. La audiencia se realiz¨® por conferencia telef¨®nica.

Los tres jueces federales que van a decidir sobre la orden ejecutiva de Trump, hasta ahora la m¨¢s pol¨¦mica y la ¨²nica con efectos pr¨¢cticos inmediatos de cuantas ha firmado, son la juez Michelle Friedland, nombrada por el presidente Barack Obama, el juez William Canby, nombrado por el presidente Jimmy Carter, y el juez Richard Clifton, nombrado por el presidente George W. Bush.

El abogado designado por el Departamento de Justicia para pedir que se vuelva a aplicar la orden de Trump, August Flentje, comenz¨® su argumentaci¨®n diciendo que el Congreso ¡°ha autorizado expresamente al presidente a suspender la entrada de algunos extranjeros¡±. Preguntado por las pruebas del Gobierno sobre la amenaza terrorista de esos pa¨ªses, Flentje se limit¨® a citar que ya han sido designados como amenazas previamente por el Congreso y por Gobiernos anteriores. Presionado por los tres jueces, no pudo aportar pruebas de que haya aumentado el riesgo de esos pa¨ªses y dijo que "el caso est¨¢ avanzando muy deprisa". La juez Friedland se pregunt¨® por qu¨¦ no se mantiene la orden paralizada hasta que el Gobierno pueda presentar esas pruebas.

Los jueces fueron muy duros con ambas partes para obligarles a razonar bien sus argumentos. El juez Clifton acorral¨® al abogado del Estado de Washington con preguntas para que probara su acusaci¨®n de que se trata de una orden antimusulmanes. ¡°Los ciudadanos de esos pa¨ªses son un 15% de los musulmanes del mundo¡±, dijo el juez. El abogado Noah Purcell reconoci¨® que no hab¨ªa ¡°hecho esos c¨¢lculos¡±, pero argument¨® que el presidente hab¨ªa dejado claro en la campa?a que quer¨ªa vetar a musulmanes y sus asesores han reconocido esa intenci¨®n, y que lo que hay que demostrar es la intencionalidad, no que lo haya conseguido. Clifton record¨® que otros presidentes han aplicado pol¨ªticas particulares de inmigraci¨®n a ciudadanos de pa¨ªses enteros, como por ejemplo la pol¨ªtica con los cubanos.

Purcell argument¨® tambi¨¦n sobre el amplio margen? de discrecionalidad que parece tener la Administraci¨®n para aplicar esta orden. En los primeros d¨ªas, fueron rechazados en los aeropuertos incluso residentes legales con green card. A la vista del caos, la Casa Blanca dijo despu¨¦s que esos no estaban afectados. El abogado dijo que la cantidad de personas afectada es muy grande "a no ser que cambien la orden para hacer cristalino" qui¨¦n est¨¢ afectado y qui¨¦n no.

Hasta la fecha, la cronolog¨ªa es la siguiente. El 27 de enero, el presidente Trump firma una orden ejecutiva por la que suspende durante 90 d¨ªas la entrada de personas de Ir¨¢n, Irak, Somalia, Sud¨¢n, Libia, Siria y Yemen, pa¨ªses previamente identificados como focos de terrorismo. Adem¨¢s, suspende indefinidamente la entrada de refugiados sirios. La aplicaci¨®n de la norma empieza inmediatamente, en su versi¨®n m¨¢s amplia y con efecto retroactivo, de forma que ciudadanos de esos pa¨ªses con sus visados ya aprobados, o incluso con tarjeta de residencia permanente y que estaban de visita en sus pa¨ªses, son rechazados en los aeropuertos. La norma fue inmediatamente denunciada en los tribunales para casos espec¨ªficos, que lograron victorias parciales.

El lunes 30, los estados de Washington y Minesota (gobernados por dem¨®cratas) denunciaron la constitucionalidad de la orden con el argumento de que produce un da?o irreparable a residentes de esos estados. El pasado viernes 3, un juez federal de Seattle, James Robart, sin entrar a valorar la denuncia les concede la medida cautelar urgente de parar la aplicaci¨®n de la orden en todo el pa¨ªs. El Gobierno de Trump recurri¨® y su recurso fue rechazado. Entonces recurri¨® ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que tiene jurisdicci¨®n sobre todos los estados del oeste. Los argumentos escritos fueron remitidos a la corte el lunes. Lo que ha ocurrido este martes es la vista oral de esos argumentos, en la que los jueces pod¨ªan hacer preguntas.

Sea cual sea la decisi¨®n de la Corte, ambas partes dan por hecho que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo, donde hay un puesto vacante.

El presidente Trump carg¨® el fin de semana en Twitter contra el juez que dict¨® la medida cautelar, diciendo que era un ¡°supuesto juez¡± y despu¨¦s dijo que si pasaba algo por dejar entrar a esas personas hab¨ªa que echarle la culpa al juez.