Dimite el ministro de Justicia rumano por el esc¨¢ndalo de la ley sobre corrupci¨®n
Las manifestaciones por el pol¨¦mico decreto, que despenalizaba casos de sobornos y abuso de poder, contin¨²an
El Gobierno rumano ha dejado caer a su responsable de Justicia para aplacar las protestas ciudadanas por su pol¨¦mico decreto sobre corrupci¨®n. El ministro Florin Iordache ha dimitido este jueves, despu¨¦s de m¨¢s de una semana de manifestaciones multitudinarias contra la ordenanza, que despenalizaba algunos de los casos de corrupci¨®n que supusieran un perjuicio de no m¨¢s de 44.000 euros. Movilizaciones que el Gobierno del Partido Socialdem¨®crata (PSD) no logr¨® calmar ni siquiera al anular el decreto, que hab¨ªa tramitado por la v¨ªa de urgencia y que hab¨ªa recibido tambi¨¦n las cr¨ªticas de todos los ¨®rganos judiciales del pa¨ªs.
"He decidido adelantar mi dimisi¨®n", ha dicho este jueves en rueda de prensa en Bucarest el ministro. "Todo lo que he hecho es legal", ha insistido, sin embargo.?Iordache, al que el Gobierno socialdem¨®crata hace responsable de la pol¨¦mica norma, se convierte as¨ª en cabeza de turco de un decreto que muchos creen que estaba hecho como un traje a medida para que destacados miembros del PSD ¡ªcomo su presidente¡ª?y socios del partido o su coalici¨®n, actualmente imputados o acusados por delitos de corrupci¨®n o conflicto de intereses, se librasen de las penas de c¨¢rcel.
Muchos ciudadanos, sin embargo, han afirmado ya que no se conforman con la salida de Iordache y exigen m¨¢s responsabilidades al partido del Gobierno, que gan¨® las elecciones el pasado mes de diciembre y que s¨®lo lleva en el cargo un mes. Desde la aprobaci¨®n del decreto el pasado martes por la noche, de manera pr¨¢cticamente sorpresiva, decenas de miles de personas han salido a la calle en Bucarest y en otras ciudades de Rumania, y han convertido estas protestas en hist¨®ricas: son las m¨¢s multitudinarias desde la ca¨ªda de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en 1989.
Y aunque han ido perdiendo fuelle, las manifestaciones no se han detenido. El mi¨¦rcoles por la noche, pese a la tormenta de nieve y las g¨¦lidas temperaturas, unas 7.000 personas se congregaron en la Plaza Victoria de la capital para exigir la dimisi¨®n del Gobierno. "No nos vamos, seguiremos aqu¨ª, no nos conformamos con palabrer¨ªa y disculpas. No pueden enga?arnos", afirmaba la joven Raluca Bataiun, tan abrigada que apenas se le ve¨ªan los ojos.
El primer ministro, Sorin Grindeanu, ha asegurado ya, no obstante, que no dimitir¨¢. Afirma que el problema se ha debido a "una mala comunicaci¨®n"; el PSD, ha recordado adem¨¢s, gan¨® las elecciones con un 45% de los votos. Es probable que ahora nombre a un tecn¨®crata como nuevo titular de Justicia, desliz¨® Grindeanu; una f¨®rmula que podr¨ªa tranquilizar a quienes creen que el Gobierno volver¨¢ a intentar otra maniobra similar para rebajar el C¨®digo Penal.
El titular de Justicia, directamente relacionado con el decreto, que se acompa?aba de una propuesta parlamentaria para amnistiar a 2.700 presos por delitos menores ¡ªtambi¨¦n corrupci¨®n¡ª?con el argumento de aligerar las superpobladas c¨¢rceles rumanas, no es el primer ministro que deja el cargo por la controvertida ordenanza. El responsable de Negocios, Florin Jianu, dej¨® su cargo inmediatamente despu¨¦s de que el Gobierno aprobase el decreto. Afirm¨®, en su p¨¢gina de Facebook, que lo hac¨ªa para tener la "conciencia tranquila" y "poder mirar a los ojos" a su hijo en el futuro sin avergonzarse.
El pol¨¦mico decreto, de hecho, supon¨ªa un gran retroceso en la lucha anticorrupci¨®n en este pa¨ªs balc¨¢nico, de casi 20 millones de habitantes, que ocupa uno de los peores puestos de la UE en esta materia. La Comisi¨®n Europea, que audita la evoluci¨®n de la justicia en Rumania desde su adhesi¨®n en 2007, se hab¨ªa mostrado profundamente preocupada por la normativa, que tambi¨¦n hab¨ªa suscitado el rechazo de la Fiscal¨ªa General del Estado, la Direcci¨®n Nacional Anticorrupci¨®n o el Defensor del Pueblo, por su interferencia con el trabajo de la justicia y por su supuesta inconstitucionalidad.
Sin embargo, este jueves, el Tribunal Constitucional ha rehusado pronunciarse sobre si el decreto vulneraba o no la Carta Magna rumana, pese a que se hab¨ªan interpuesto dos recursos en contra. Lo ha hecho con el argumento de que la norma ya se ha anulado y nunca lleg¨® a estar en vigor. El pronunciamiento del Alto tribunal trata tambi¨¦n de no echar m¨¢s le?a al fuego prendido por la normativa, ante unos ciudadanos que han perdido la confianza en el Gobierno por el mensaje que env¨ªa sobre sus pol¨ªticas anticorrupci¨®n.
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