El pasado y los derechos humanos en Argentina
En cr¨ªmenes de lesa humanidad, quien disputa la aritm¨¦tica es invariablemente un apologista
Elaborar el pasado nunca es trivial. La lectura oficial del mismo constituye una instancia de construcci¨®n estatal. Son narrativas fundacionales: igualan y homogeneizan; transforman a todos en miembros de una gran familia extendida, la naci¨®n.
Es decir, son narrativas con las cuales se construye una identidad nacional, a¨²n frente a las divisiones m¨¢s profundas. Pi¨¦nsese en la Guerra Civil espa?ola; o la de Estados Unidos con su posterior segregaci¨®n, ¡°Jim Crow¡±; o la paz que apenas comienza en Colombia. Lograr una s¨ªntesis hist¨®rica es un esencial momento institucional.
Lo cual quiere decir convertir dichos conflictos en debate intelectual sobre el pasado y no en disputa pol¨ªtica de hoy. Ello adem¨¢s para poder vivir en democracia, un r¨¦gimen en el que todos tienen los mismos derechos civiles y pol¨ªticos. Un r¨¦gimen que, por definici¨®n, incluye a todos, incluso a los enemigos del ayer.
En Argentina tambi¨¦n se reabren las heridas del pasado de tanto en tanto, aquellas de la ¨²ltima dictadura militar y sus sistem¨¢ticas violaciones a los derechos humanos. Es una mala noticia cuando el Estado no es un buen cirujano para suturarlas, lo cual est¨¢ sucediendo ¨²ltimamente. El pasado siempre vuelve, la cuesti¨®n fundamental es c¨®mo responde el poder pol¨ªtico, es decir, aquel que act¨²a en nombre de ese Estado.
Primero fue la controversia por el feriado que recuerda el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El gobierno emiti¨® un decreto haciendo dicho feriado m¨®vil, susceptible de cambiarse para que el fin de semana m¨¢s pr¨®ximo sea de tres d¨ªas. Ya se sabe que los feriados son para salir de paseo, pero no todos. La solemnidad de este se banaliza si se reduce a una excusa para escapar a la playa, sobre todo frente a los familiares de los desaparecidos. El gobierno recapacit¨® a tiempo y dio marcha atr¨¢s.
Luego fueron las extempor¨¢neas declaraciones del Director de Aduanas, un exmilitar sublevado en 1987 contra el gobierno constitucional. El funcionario cuestion¨® la narrativa acumulada durante m¨¢s de tres d¨¦cadas seg¨²n la cual aproximadamente 30 mil personas desaparecieron bajo custodia militar en centros de detenci¨®n clandestinos o fueron ejecutados en enfrentamientos fraguados. Para el Director de Aduanas, 30 mil es una cantidad excesiva.
El n¨²mero tiene origen en el propio informe de la Comisi¨®n Nacional de Desaparici¨®n de Personas, la Comisi¨®n S¨¢bato, que pudo documentar alrededor de 9 mil casos pero consider¨® que muchos familiares de desaparecidos tuvieron miedo de realizar la denuncia. As¨ª se instalo un factor de 3 en el c¨¢lculo probabil¨ªstico. Ello por si solo importara la cantidad.
Ocurre que, tal vez sin propon¨¦rselo, el funcionario de la Aduana evoca al neo-nazismo de la postguerra, que siempre cuestiona si los jud¨ªos asesinados en el holocausto fueron 6 millones o fueron menos. T¨ªpicamente, consideran ese elevado n¨²mero parte de una conspiraci¨®n sionista. No hay misterio, en cr¨ªmenes de lesa humanidad quien se toma el tiempo de disputar la aritm¨¦tica es invariablemente un apologista.
Llama la atenci¨®n que un funcionario hable de un tema ajeno a su funci¨®n y por ello preocupa el silencio del gobierno ante el caso. Claro que despu¨¦s nomin¨® a un candidato a comisionado para la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos generando similar inquietud. Se trata de Carlos de Casas, un prestigioso penalista que no necesariamente exhibe los pergaminos m¨¢s s¨®lidos en materia de derechos humanos.
La oposici¨®n kirchnerista critic¨® a De Casas por haber defendido a un militar acusado de represi¨®n ilegal y torturas. Por el contrario ello deber¨ªa elogiarse, pues en un Estado de Derecho el debido proceso existe hasta para los torturadores. El problema es que nominar a ese abogado para la CIDH es una bofetada en la cara de todo el sistema interamericano de derechos humanos.
Punto adicional es que el kirchnerismo carece de autoridad en el tema. Ahora suben la vara moral, la misma que mantuvieron por el suelo apoyando a Zaffaroni para magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San Jos¨¦¡ªquien como juez de la dictadura jam¨¢s firm¨® un habeas corpus¡ªy en el ascenso de Milani a jefe del ej¨¦rcito¡ªquien est¨¢ implicado en la desaparici¨®n de un soldado en 1976.
Mas all¨¢ de la esgrima pol¨ªtica local, tal vez el problema m¨¢s serio de la candidatura de De Casas sean sus posiciones de doctrina jur¨ªdica. En ellas aparece cuestionado la descriminalizaci¨®n de la figura de desacato¡ªcondici¨®n necesaria para el ejercicio de la libertad de prensa¡ªy la imprescriptibilidad de los cr¨ªmenes de lesa humanidad, entre otras. Tambi¨¦n es un hecho su m¨¢s que delgada foja de servicio en la representaci¨®n de v¨ªctimas de vulneraci¨®n de derecho ante el sistema interamericano.
Todo esto sugiere que el gobierno de Macri persiste en un cierto limbo en derechos humanos, incapaz de encontrar esa narrativa que los reivindique como condici¨®n necesaria de la democracia y la construcci¨®n de la identidad nacional. Resulta inexplicable que no recoja el discurso y el legado de Ra¨²l Alfons¨ªn sobre el tema, el verdadero padre de la democracia argentina.
Peor es que, con sus ambig¨¹edades, Macri parece encaminarse a sacrificar ese legado. Lo cual resulta a¨²n m¨¢s inexplicable, siendo que el partido de Alfons¨ªn es el socio principal de su coalici¨®n de gobierno.
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