M¨¦xico aprueba una ley contra la desaparici¨®n de personas casi dos a?os y medio despu¨¦s del ¡®caso Ayotzinapa¡¯

M¨¦xico ha dado un paso trascendental en la protecci¨®n de los derechos de sus ciudadanos. Este jueves, el Senado aprob¨® la Ley General de Desaparici¨®n Forzada de Personas y Desaparici¨®n Cometida por Particulares. Tras casi dos a?os de trabajo, discusi¨®n y tiranteces entre la clase pol¨ªtica y las organizaciones de v¨ªctimas, el Gobierno federal y los estatales dispondr¨¢n finalmente de instrumentos para contener -y enmendar- una de las grandes tragedias del M¨¦xico contempor¨¢neo, donde hay decenas de miles de desaparecidos. La cifra oficial ronda los 30.000, aunque los altos funcionarios de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n no ocultan que es un n¨²mero estimativo. En realidad, se desconoce el n¨²mero exacto.

A falta de la r¨²brica de la C¨¢mara de Diputados, que deber¨¢ ratificar la decisi¨®n del Senado, la ley prev¨¦ la creaci¨®n de una agencia aut¨®noma, la Comisi¨®n Nacional de B¨²squeda. La labor de la comisi¨®n ser¨¢ coordinar los esfuerzos entre los diferentes cuerpos policiales e investigativos. Y presionar -cabildear, como dicen en M¨¦xico- para que la b¨²squeda de las personas desaparecidas sea una prioridad y no una carga.

La Comisi¨®n es el instrumento estrella de la futura ley. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en M¨¦xico, un paraguas que integra a decenas de asociaciones de familiares de personas ausentes, ha reconocido su valor, aunque, reconocen, no es el resultado que esperaban. En un comunicado divulgado el mi¨¦rcoles, el movimiento ha se?alado que ¡°si bien se crear¨¢ una comisi¨®n. Esta no contar¨¢ con polic¨ªa propia y deber¨¢ solicitar colaboraci¨®n al Ministerio P¨²blico para la realizaci¨®n de acciones de investigaci¨®n¡±.

El movimiento ha censurado adem¨¢s que la ley no define sobre quien recae la responsabilidad de las investigaciones. Si desaparece un hombre en un pueblo de Veracruz, ?le toca intervenir a las autoridades estatales o federales? Por ¨²ltimo, la organizaci¨®n ha lamentado que la ley no permita ¡°fincar responsabilidades al superior jer¨¢rquico¡± en casos de desaparici¨®n forzada.

Esta ¨²ltima era una de las grandes peleas de las asociaciones. La infiltraci¨®n del crimen en el aparato del estado y las continuas denuncias contra polic¨ªas y fiscal¨ªas estatales y locales por colaborar con las mafias conformaban su pilar argumental. En un contexto en el que el malo puede ser el jede de polic¨ªa, ?Por qu¨¦ no permite la ley que se pueda ir contra ¨¦l?

Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero, o el de lo cinco j¨®venes de Tierra Blanca, levantados en Veracruz en 2016, ilustran la casu¨ªstica del p¨¢rrafo anterior. En el primero, la polic¨ªa local estaba totalmente infiltrada por el grupo criminal que se llev¨® a los 43. En el segundo, la polic¨ªa estatal.

La prensa local ha detallado estos d¨ªas el resto de instrumentos y medidas que prev¨¦ la ley. Por ejemplo, un registro nacional de fosas, que comprenda las clandestinas, usadas por el crimen organizado, y las comunes, empleadas por las fiscal¨ªas estatales para enterrar cuerpos de personas no identificadas.

Igualmente, la norma prev¨¦ incentivos para que los delincuentes den informaci¨®n sobre el paradero de los desaparecidos. De colaborar, podr¨ªan rebajar su pena de 40 a 20 a?os.