Cuando la solidaridad con el refugiado deriva en una acusaci¨®n de delinquir

Casi todos admiten que lo volver¨ªan a hacer. Algunos ni siquiera sab¨ªan que estaban cometiendo un delito. La lista de los ciudadanos europeos que se enfrentan a un juicio por haber favorecido el traslado o la entrada de migrantes en situaci¨®n irregular se hace cada d¨ªa m¨¢s larga: un goteo de acusaciones que en la mayor¨ªa de los casos ha conllevado una sanci¨®n, aunque en algunos de ellos los acusados hayan tenido que enfrentarse, o se enfrentan, a la c¨¢rcel. La diputada socialista del Cant¨®n de Tesino (Suiza), Lisa Bosia Mirra, es una de las ¨²ltimas en sumarse a la decena de casos de que se han dado a conocer en los ¨²ltimos dos a?os. La justicia helv¨¦tica propone condenarla a una multa de unos 8.000 euros por haber cruzado supuestamente la frontera italiana en nueve ocasiones con a bordo de su coche migrantes o refugiados cuya entrada hab¨ªa sido rechazada.

¡°La emergencia ha llevado a la frontera las torturas de los traficantes¡±, dice en conversaci¨®n telef¨®nica desde Como (Italia) al recordar c¨®mo el pasado verano se concentraban en la estaci¨®n de trenes de esta ciudad centenares de personas en tiendas improvisadas a la espera de proseguir el viaje. Bosia Mirra dice que pidi¨® explicaciones sobre el rechazo de los menores no acompa?ados, con la asociaci¨®n que preside ofreci¨® comidas y luego decidi¨® actuar. En septiembre las guardias fronterizas la retuvieron. La diputada, de 44 a?os, est¨¢ acusada de reiterado favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal. Ir¨¢ a juicio en los pr¨®ximos meses.

¡°La directiva comunitaria no establece que se sancione a los ciudadanos que cometen actos de este tipo sin recibir dinero a cambio, pero tampoco lo proh¨ªbe¡±, explica Cristina Gort¨¢zar, profesora de Derecho de la Uni¨®n Europea en la Universidad Pontificia Comillas. La directiva a la que hace referencia ¡ªconocida con su definici¨®n inglesa: Facilitacion directive (es decir, directiva de facilitaci¨®n)¡ª fue aprobada en 2002 con el intento de combatir el tr¨¢fico de personas, sin embargo, deja libertad a los Estados miembros para tipificar delitos distintos. ¡°?C¨®mo se puede poner en el mismo plano a los traficantes que a cambio de miles de euros ponen a los migrantes en una barcaza y a los que prestan ayuda?¡±, se pregunta Gort¨¢zar.

Cuando las vi, no pude decir que no
Pierre Alain Mannoni, profesor

Pierre Alain Mannoni, profesor de la Universidad de Niza de 46 a?os, ha quedado en primera instancia libre sin cargos de la acusaci¨®n de favorecer la circulaci¨®n de migrantes en condici¨®n irregular. A mediados de octubre fue detenido por la polic¨ªa francesa con a bordo de su coche tres chicas de Eritrea. Al d¨ªa anterior, hab¨ªa alojado a cuatro j¨®venes de Darfur (Sud¨¢n) con los que se hab¨ªa topado en el Valle de Roya, en la frontera con Italia. Algunos voluntarios activos en la zona le pidieron que hiciese lo mismo con las tres chicas para luego ayudarles a llegar a Marsella. ¡°Cuando las vi, no pude decir que no. Estaban heridas. Fue una imagen tan dolorosa. Una era menor de edad¡±, describe al tel¨¦fono desde Niza. Estuvo detenido 36 horas y. El fiscal ha recurrido la sentencia absolutoria y en junio se celebrar¨¢ un nuevo juicio. Seg¨²n cuenta, se enfrenta a una pena de 6 meses de c¨¢rcel sin ingreso en prisi¨®n.

Gort¨¢zar explica que la falta de una armonizaci¨®n con respecto a este tipo de actuaciones se debe al rechazo de los Estados miembros de delegar en un organismo supranacional temas que constituyen el ¡°nudo¡± de la soberan¨ªa nacional, como el control de las fronteras. ¡°El problema de fondo es la complejidad de las leyes que se aplican. La propia emergencia ha dado pie a estos casos¡±, abunda Francisco Solans, exportavoz de la Subcomisi¨®n de Extranjer¨ªa del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola y presidente de la ONG SOS Racisme Valencia. La frontera entre Italia y Suiza o Francia, Calais, en el norte de este pa¨ªs, el sur de Dinamarca o las costas de Grecia son algunos de los lugares donde la emergencia de los refugiados, empezada en 2015, se ha hecho m¨¢s evidente por el estancamiento de personas en la frontera, o por el cruce masivo de inmigrantes.

De la lista forma parte tambi¨¦n Lisbeth Zornig, escritora y fundadora de una asociaci¨®n en defensa de los ni?os. Zornig admite que no sab¨ªa que estaba cometiendo un delito. Ella y su marido han sido condenados a una multa de 50.000 coronas (unos 6.000 euros) por haber llevado en su coche a cuatro adultos y dos menores sirios que en oto?o de 2015 hab¨ªan llegado al sur de Dinamarca. Primero los llevaron a su casa cerca de Copenhague. Luego les compraron un billete de tren para Suecia. ¡°?Si volver¨ªa a hacerlo? Claro que s¨ª, nunca dejar¨ªa una familia en medio de la calle, viajando durante 40 d¨ªas con tan solo la ropa que llevan encima¡±, responde. Zornig explica muchos hicieron lo mismo que ella, y no excluye que algunos lo sigan haciendo pese a las medidas restrictivas aprobadas el pasado enero. Dice que la familia se ha instalado en el sur de Suecia donde ha solicitado asilo: el padre ha encontrado trabajo en una farmac¨¦utica y est¨¢n en tr¨¢mites para que pueda llegar la abuela desde Damasco. ¡°Era una familia de clase media, como yo y mi marido. ?Qui¨¦n nos dice que alg¨²n d¨ªa nos toque a nosotros?¡±

Si se presentaran las mismas condiciones tambi¨¦n Diether Dehm, diputado alem¨¢n de la formaci¨®n de izquierdas Die Linke, lo volver¨ªa a hacer. Tuvo que admitir que hab¨ªa trasladado a un inmigrante africano de Italia a Alemania. La asociaci¨®n que le pidi¨® hacerlo public¨® en Facebook un texto de agradecimiento, la cosa pas¨® a la prensa y luego a los juzgados. A mediados de abril ha quedado libre sin cargos tras haberse enfrentado a una posible condena de hasta dos a?os de c¨¢rcel. Seg¨²n cuenta el padre del joven esperaba en Alemania. ¡°En ning¨²n momento quise hacer un acto demostrativo. Solo quer¨ªa ayudar. Cuando lleg¨® a mi casa (en el lago Maggiore, en el norte de Italia) durmi¨® durante 25 horas seguidas¡±, dice. Al comentar las repercusiones sobre su imagen p¨²blica Dehm, figura reconocida de la izquierda europea, minimiza: ¡°Ya est¨¢. No ha pasado nada¡±. Gort¨¢zar considera que mientras no haya uniformidad entre las normas y canales ¡°seguros¡± de llegada a Europa se seguir¨¢n repitiendo casos como estos. En su visi¨®n hay que considerar que las leyes internacionales como la Convenci¨®n de Ginebra sobre los derechos de los refugiados van m¨¢s all¨¢ de las normas nacionales. ¡°Nos hemos acostumbrado a controlar las fronteras con el palo, pero quiz¨¢s deber¨ªamos empezar a usar zanahorias¡±, concluye.

A diferencia de Mannoni, Zornig o Dehm, los activistas vascos Mikel Zuloaga y Bego?a Huarte, de 61 y 59 a?os, se fueron a Grecia con un plan. Les detuvieron en el puerto de Igoumenitsa (Grecia) con ocho personas a bordo de su furgoneta ¡ªprocedentes de Pakist¨¢n, Siria, Irak, Afganist¨¢n e Ir¨¢n¡ª que quer¨ªan llevar a Espa?a. ¡°Nadie nace donde quiere¡±, argumenta por tel¨¦fono Zuloaga. Conocido militante de la izquierda abertzale, Zuloaga defiende en conversaci¨®n con EL PA?S el empleo de todos los m¨¦todos ante la emergencia, sean estos ¡°convencionales y no convencionales¡±. ¡°Los Gobiernos no obedecen a las normas para el respeto de los derechos humanos. La desobediencia civil les interpela¡±, afirma. Zuloaga y Huarte est¨¢n acusados de favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal e imprudencia grave para la integridad de los refugiados y, seg¨²n cuenta Zuloaga, todav¨ªa no tienen claro a qu¨¦ pena pueden enfrentarse. ?l y Huarte se encuentran libres bajo fianza. La fecha del juicio no ha sido fijada.

El proyecto The New Arrivals est¨¢ financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundaci¨®n Bill & Melinda Gates