Un v¨ªdeo de una ejecuci¨®n golpea de nuevo al Ej¨¦rcito mexicano
La grabaci¨®n de una ejecuci¨®n a un ladr¨®n de combustible en el suelo expone al instituto castrense, se?alado innumerables veces por violaciones a derechos humanos en la guerra al narco

En el suelo hay un hombre boca abajo, con los brazos echados hacia delante. Un convoy de militares vigila las calles. Son las 8.44 de la tarde. De repente, uno de ellos se acerca al hombre y le dispara a bocajarro. Es un disparo r¨¢pido, casi inapreciable. Hace falta ver las im¨¢genes varias veces para darse cuenta de lo que acaba de ocurrir. Un militar ha asesinado a una persona indefensa.
Es el ¨²ltimo esc¨¢ndalo en M¨¦xico, pa¨ªs acostumbrado a la infamia. Es dif¨ªcil hacer un recuento de las vilezas que han sufrido sus habitantes en la primera d¨¦cada de la guerra contra el narco. Sin duda una de las peores es la sensaci¨®n de que nadie puede confiar en nadie. Lo dicen las cifras. La ciudadan¨ªa pierde la fe en las instituciones y el Ej¨¦rcito, que siempre hab¨ªa sido una de las mejor valoradas, cae a su m¨ªnimo hist¨®rico.
El v¨ªdeo de los sucesos de Palmarito muestra una realidad distinta a la divulgada por la Secretar¨ªa de la Defensa, Sedena. En realidad, son dos los v¨ªdeos, im¨¢genes de un mismo sistema de c¨¢maras, que muestran dos partes de una misma calle. La semana pasada, el Ej¨¦rcito informaba de la muerte de cuatro militares y seis civiles en dos enfrentamientos. Ambos, dijo la secretar¨ªa en dos comunicados, ocurrieron en Palmarito, una comunidad del municipio de Quecholac, en el centro del pa¨ªs. Quecholac y otros seis municipios aleda?os forman el llamado tri¨¢ngulo rojo. Por el subsuelo pasan tuber¨ªas llenas de combustible que van de la costa a la capital. Las mafias han convertido esta zona en su feudo. Agujerean los ductos y roban el combustible.
En su primer comunicado, la Sedena inform¨® precisamente de que aquel d¨ªa, mi¨¦rcoles 3 de mayo, un convoy acudi¨® a Palmarito despu¨¦s de recibir una denuncia an¨®nima. El texto indica que la llamada se produjo a las 20.15, una toma clandestina. Los militares llegaron y se encontraron con un grupo de ladrones de combustible. Al verlos, los ladrones les dispararon. Para evitar la represalia, se escudaron en un grupo de mujeres y ni?os. Dos elementos de la Sedena murieron.
En el segundo comunicado, la Secretar¨ªa explicaba que los militares se quedaron para hacer ¡°reconocimientos terrestres¡±. A las 22.00, los chupaductos volvieron a atacarles. Esta vez iban en cinco camionetas, pero sin mujeres ni ni?os. Los militares contestaron. Tres civiles murieron en un primer momento, igual que dos integrantes del Ej¨¦rcito.
En los v¨ªdeos, obtenidos presuntamente de las c¨¢maras de seguridad de una vivienda particular, se observa que los militares ya estaban en el pueblo a las 20.24. Es decir, que tardaron nueve minutas en movilizarse, salir de donde estuvieran y llegar a Palmarito.
De los testimonios de los vecinos que EL PA?S recogi¨® all¨ª la semana pasada, se infiere que el primer enfrentamiento fue a las afueras del pueblo. Los v¨ªdeos y los testimonios de los vecinos chocan frontalmente con el primer comunicado de la Sedena. Si recibieron la primera llamada a las 20.15, no pudieron llegar al centro de Palmarito a las 20.24, despu¨¦s de tener un primer enfrentamiento a las afueras de la comunidad. No daba tiempo.
En los v¨ªdeos se aprecia que entre las 20.24 del 3 de mayo y las 20.25, militares y chupaductos se vuelven a enfrentar. Un militar muere. Un minuto y medio m¨¢s tarde llega un carro y los militares responden con todo. Diez minutos despu¨¦s, nadie se mueve dentro del veh¨ªculo. Los militares se acercan, sacan a tres hombres y los someten. A dos se los llevan, a un tercero, herido, lo arrastran. Lo dejan tirado cerca de una de las dos c¨¢maras. A las 20. 44, un militar se acerca y lo remata.
La Sedena no dijo que nada de esto ocurriera
La propia secretar¨ªa ha informado esta tarde de que el ¡°Ministerio P¨²blico de la federaci¨®n¡± deber¨¢ ¡°determinar con precisi¨®n si corresponde al lugar y evento de referencia, as¨ª como si es aut¨¦ntico y editado, y en su caso, deslindar responsabilidades de lo ocurrido¡±. La Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, PGR, ha divulgado un comunicado en que explica que ya investiga el asunto. La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha informado igualmente de que ¡°ha recibido escritos de queja relacionados con los hechos, as¨ª como diversas videograbaciones que se han incorporado al expediente de queja y ha procedido a su an¨¢lisis por especialistas de esta Instituci¨®n¡±.
Los v¨ªdeos resultan novedosos tambi¨¦n, al menos las im¨¢genes de la ejecuci¨®n. El a?o pasado, un soldado y un polic¨ªa federal aparecieron en otro v¨ªdeo, torturando a una joven en el Estado de Guerrero. Fue un esc¨¢ndalo igualmente y hasta el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que no tolerar¨ªa que algo as¨ª ocurriera de nuevo.
El caso Palmarito se suma a la larga lista de ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de tortura cometidas presuntamente por militares en M¨¦xico. Muchos medios se han acordado hoy del caso Tlatlaya. En junio de 2014, un convoy militar asesin¨® presuntamente a entre ocho y 15 civiles rendidos, integrantes de una c¨¦lula delictiva. El caso est¨¢ en el limbo despu¨¦s de que un juez ordenara la libertad de los presuntos autores el a?o pasado por falta de pruebas. La PGR indic¨® que aportar¨ªa m¨¢s, pero de momento no hay novedad.
En los ¨²ltimos diez a?os, al menos 387 integrantes de la instituci¨®n han sido investigados por situaciones parecidas. De 2007 a la actualidad, la CNDH ha documentado 109 casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares, con 454 v¨ªctimas.
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