Gran batalla en Argentina para conocer los sobornos de Odebrecht

El esc¨¢ndalo del caso Odebrecht ha tenido graves consecuencias en casi todos los pa¨ªses grandes de Am¨¦rica Latina, pero en Argentina a¨²n no se ha destapado la caja de los truenos. La multinacional brasile?a, coraz¨®n de la operaci¨®n Lava Jato, admiti¨® ante una corte de Estados Unidos haber pagado 35 millones de d¨®lares en sobornos en Argentina para beneficiarse de contratos por "aproximadamente 278 millones de d¨®lares" en obra p¨²blica entre 2007 y 2014, durante el kirchnerismo. La Justicia argentina conoce esta informaci¨®n desde enero, pero a¨²n no ha logrado saber qui¨¦nes recibieron esos pagos y la trama judicial se ha convertido en Argentina en una batalla pol¨ªtica por el control de la informaci¨®n.

Este jueves vence el acuerdo de confidencialidad firmado en Brasil por los directivos de Odebrecht que aceptaron revelar a qui¨¦n pagaron a fin de obtener una reducci¨®n de pena. La informaci¨®n est¨¢ a punto de llegar finalmente a Argentina, pero se ha abierto una gran disputa entre el Gobierno de Mauricio Macri y la fiscal general, Alejandra Gils Carb¨®, a la que ha tratado por todos los medios de destituir porque fue nombrada durante el kirchnerismo, para gestionar esos datos clave que podr¨ªan afectar a personajes pol¨ªticos importantes. En un a?o electoral, una informaci¨®n tan sensible puede ser muy relevante.

Primero negociaron los fiscales argentinos con Odebrecht, sin ¨¦xito. Despu¨¦s lleg¨® el Ejecutivo, que ofrece a la empresa seguir trabajando en el pa¨ªs a cambio de la informaci¨®n. Pero Odebrecht, que est¨¢ dispuesta a pagar una fuerte multa, quiere mucho m¨¢s. Exige garant¨ªas de que no habr¨¢ procesos contra ella o sus directivos en Argentina. Y nadie parece dispuesto a llegar a eso, porque la ley argentina no es tan flexible como la brasile?a y tambi¨¦n porque la batalla entre la fiscal¨ªa y el Gobierno dificulta cualquier acuerdo. En este contexto, un juez orden¨® allanar el mi¨¦rcoles las oficinas de la compa?¨ªa en Buenos Aires y el Gobierno estudia la posiblidad de suspender algunas de las obras de Odebrecht en el pa¨ªs austral si la firma no colabora.

La titular de la Oficina Anticorrupci¨®n, Laura Alonso, fue clara en una entrevista a EL PA?S la semana pasada en su advertencia a la empresa: "El Estado puede sancionar, suspender contratos, podemos sacar a la compa?¨ªa del registro de constructores. La fiscal¨ªa ha fracasado, por eso entramos nosotros", explic¨®. "Este es un caso que deber¨ªa haber sido encarado por la Fiscal¨ªa. Lamentablemente la Procuraci¨®n a cargo de Gils Carb¨® no avanz¨® en este proceso", declar¨® el ministro de Justicia, Germ¨¢n Garavano. Desde la Procuraci¨®n niegan las acusaciones y se?alan que se han realizado decenas de pedidos a fiscales brasile?os que hasta el momento no han recibido respuesta.

Garavano pretende que toda la informaci¨®n que llegue desde Brasil "se pueda transparentar y hacer p¨²blica, y que produzca efectos judiciales sobre exfuncionarios, que es lo que el Gobierno busca desde el primer d¨ªa en relaci¨®n a esto". Sin embargo, no parece tan f¨¢cil. En Brasil hay causas abiertas y la informaci¨®n recibida por Argentina estar¨¢ bajo secreto de sumario para no entorpecer la marcha de las investigaciones. En el escrito de la fiscal¨ªa brasile?a en el que avisa que enviar¨¢ la informaci¨®n a partir del jueves deja muy claro que no puede hacerse p¨²blica.

Gran salto con el kirchnerismo

Odebrecht lleg¨® a Argentina hace 27 a?os, pero hasta 2005 s¨®lo hab¨ªa construido la represa en Neuqu¨¦n y la autopista del Oeste, que conecta Buenos Aires con su ¨¢rea metropolitana. El gran salto se produjo con la llegada del kirchnerismo, cuando se convirti¨® en la empresa extranjera m¨¢s beneficiada por el Estado argentino. En sociedad transitoria con otras empresas, obtuvo contratos estatales por 10.730 millones de pesos, equivalentes a 2.550 millones de d¨®lares al tipo de cambio de 2011, a?o de la ¨²ltima licitaci¨®n obtenida por la empresa, y a 671 millones de d¨®lares si se aplica la cotizaci¨®n actual.

Al frente de todas esas obras estuvo Julio De Vido, ministro de Planificaci¨®n desde 2003 hasta 2015. De Vido est¨¢ imputado en varias causas por corrupci¨®n, pero niega haber cobrado sobornos de la compa?¨ªa brasile?a. Las sospechas recaen tambi¨¦n sobre uno de sus hombres m¨¢s cercanos, el entonces secretario de Obra P¨²blica Jos¨¦ L¨®pez, detenido tras haber sido capturado in fraganti cuando intentaba esconder nueve millones de d¨®lares en un convento. El caso est¨¢ provocando incluso una tensi¨®n interna dentro del grupo que apoya a Macri, Cambiemos, porque la diputada Elisa Carri¨® sostiene que algunos estamentos del poder quieren defender a De Vido.

Pero tambi¨¦n hay hombres cercanos al macrismo en los contratos realizados por Odebrecht en los ¨²ltimos a?os. Por ejemplo, el primo de Macri, ?ngelo Calcaterra, propietario de la firma Iecsa cuando recibi¨®, en conjunto con Odebrecht y otras empresas, la licitaci¨®n por el soterramiento del tren Sarmiento, una gran obra que a¨²n est¨¢ en ejecuci¨®n. O el jefe de los esp¨ªas y gran amigo de Macri, Gustavo Arribas, a quien uno de los arrepentidos del caso, Leonardo Meirelles, acus¨® de haber recibido 800.000 d¨®lares en nombre de Odebrecht. Arribas niega la acusaci¨®n y el presidente le apoya, pero el caso ha supuesto un problema importante para el Ejecutivo porque es una persona de la m¨¢xima confianza del jefe del Estado.

Los nombres de los implicados en la red de pago de sobornos empezar¨¢n a salir en los pr¨®ximos meses, en plena campa?a para los comicios legislativos del pr¨®ximo octubre, donde se renueva buena parte del Parlamento. Odebrecht ser¨¢ una pieza clave en la disputa electoral.