El Gobierno mexicano fracasa en su intento de proteger a periodistas y activistas

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El mecanismo de protecci¨®n para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempe?o de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementaci¨®n, seg¨²n las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos m¨¦todos de seguridad. Las fallas t¨¦cnicas en algunos de los equipos como tel¨¦fonos y botones de p¨¢nico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que contin¨²an prevaleciendo a cinco a?os de su implementaci¨®n.

Un ejemplo de las fallas presentadas es el caso de Gabriel (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), un reportero del norte del pa¨ªs que fue sacado de su Estado ante las amenazas de un grupo del crimen organizado. Despu¨¦s de tres meses de exilio se realiz¨® una nueva valoraci¨®n de su caso y se decidi¨® que pod¨ªa regresar a su lugar de origen. Se le brind¨® un tel¨¦fono para que se comunicara a un n¨²mero en caso de emergencia. ¡°Un d¨ªa hombres armados comenzaron a darle vueltas a mi casa, estaban mis hijos y mi esposa ah¨ª, y llam¨¦ al n¨²mero que me dieron, pero me tuvieron esperando en la l¨ªnea, que no sab¨ªan de qu¨¦ mecanismo les hablaba, que marcara otra extensi¨®n¡­ en fin, la polic¨ªa lleg¨® una hora despu¨¦s cuando estos sujetos ya se hab¨ªan ido, fue una hora de terror para mi mujer y mis ni?os¡±, seg¨²n cuenta a este diario.

El 25 de junio de 2012 se cre¨® la Ley para la protecci¨®n de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que obligaba al Gobierno mexicano a crear un mecanismo que contemplara medidas urgentes con el fin de resguardar la integridad de las personas adscritas al programa. Tambi¨¦n preve¨ªa acciones preventivas para evitar la consumaci¨®n de las agresiones. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, tel¨¦fonos, botones de p¨¢nico, atenci¨®n psicol¨®gica, curso de autoprotecci¨®n, rondines, resguardo de inmuebles, reubicaci¨®n temporal y apoyo para alimentaci¨®n, entre otras.

Pilar Tavera G¨®mez, integrante del consejo consultivo del mecanismo, dice que entre los problemas que refieren los beneficiarios son los relativos a las fallas t¨¦cnicas de los aparatos. ¡°Las c¨¢maras de video vigilancia y el bot¨®n de emergencia no funcionan bien. Tambi¨¦n hay mucha desconfianza: mucha gente que dice yo no quiero entrar al mecanismo porque no conf¨ªo¡±, cuenta. Hay otros problemas de fondo, donde la protecci¨®n no es suficiente porque los recursos del agresor superan la protecci¨®n que puede dar el mecanismo, sobre todo en casos relacionados al crimen organizado, abunda. ¡°Hay otros temas estructurales donde el problema no se resuelve desde una oficina de Gobierno, porque debe pasar por el acceso a la justicia y que no haya impunidad, agrega.

El mecanismo plantea desarrollar pol¨ªticas p¨²blicas en coordinaci¨®n con los Gobiernos de los Estados con el objetivo de reducir los factores de riesgo que llevan a las agresiones y aplicar medidas para combatir las causas que las producen y generar garant¨ªas de no repetici¨®n. El problema es que la ley mandata que la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n coordinar¨¢ a las dem¨¢s autoridades, pero ¨¦stas no se dejan coordinar, explica Tavera G¨®mez. ¡°Es una situaci¨®n donde la federaci¨®n poco puede hacer para obligar a los Estados que pongan de su parte para proteger a un periodista¡±, expone.

Jos¨¦ D¨ªaz Navarro, l¨ªder del colectivo Siempre Vivos, una asociaci¨®n civil que busca a personas desaparecidas en Guerrero, est¨¢ acogido al mecanismo desde hace un a?o. En un principio, cuenta, no confiaba en la protecci¨®n ofrecida, pero ante las amenazas de muerte decidi¨® recibir el apoyo y salirse de la localidad donde viv¨ªa. El mecanismo le ha brindado alojamiento, pero no cuenta con escolta. ¡°Yo tengo un refugio, con todos los servicios, despensa y un coche con gasolina en el que me muevo¡±, refiere.

D¨ªaz Navarro durante 25 a?os fue profesor de una secundaria en Chilapa, un municipio ubicado en las monta?as de Guerrero azotado por la violencia provocada por diversos grupos criminales. Desde que sus hermanos desaparecieron en el 2014, se ha dedicado a investigar y denunciar a los criminales que mataron a su familia. Fund¨® el colectivo para apoyar a otros pobladores con familiares desaparecidos y desde entonces las agresiones y amenazas en su contra no han cesado.

Antes de salirse de Chilapa contaba con el bot¨®n de p¨¢nico que le brind¨® el mecanismo, pero no le sirvi¨® porque las autoridades tardaban en contestar y como estaba conectado a la Polic¨ªa Federal era dif¨ªcil que pudieran atender una emergencia. ¡°El destacamento m¨¢s cercano de los polic¨ªas federales est¨¢ en Chilpancingo, a una hora de Chilapa, y no pod¨ªa conectarlo a la polic¨ªa estatal o municipal porque no conf¨ªo en ellos, por la colusi¨®n que existe¡±, explica.

En un principio cuando se acogi¨® al mecanismo y se mud¨® de localidad, las autoridades no quer¨ªan que regresara a Chilapa porque representaba un alto riesgo a su seguridad. ¡°Empec¨¦ a tener discusiones porque no quer¨ªan que fuera, y les dije que no era justo que yo estuviera aqu¨ª protegido, mientras mis compa?eros del colectivo segu¨ªan all¨¢¡±, comenta. Jos¨¦ consigui¨® que le autorizaran escoltas para que lo acompa?aran cada vez que visitara su poblado en Guerrero. ¡°El problema es que el tr¨¢mite es muy burocr¨¢tico, se tiene que pedir la seguridad con 72 horas de anticipaci¨®n y si hay alguna emergencia, no me resuelve nada¡±, afirma.

Un estudio presentado en 2015 por diversas organizaciones sociales alertaba que el mecanismo no atend¨ªa los casos de naturaleza colectiva ¡ªrelativos a organizaciones o comunidades ind¨ªgenas defensoras de la tierra¡ª, s¨®lo proporcionaba medidas individuales para algunas personas. ¡°Esta situaci¨®n deja desprotegidas a otras que pueden encontrase en riesgo¡±, se?alaba. Otro patr¨®n observado era la falta de compromiso y respaldo pol¨ªtico en los Estados y municipios. ¡°A pesar de que todas las entidades federativas han firmado convenios de colaboraci¨®n con ¨¦ste, la efectividad de los mismos es muy limitada¡±, se evidencia en el documento.

Otros de los errores detectados es que falta personal capacitado, la mayor parte de las medidas -como la gesti¨®n de los botones de p¨¢nico o la contrataci¨®n de escoltas- est¨¢n en manos de una empresa privada, y se ha dejado fuera del mecanismo a personas defensoras y periodistas que deber¨ªan acceder a las medidas.