Maduro arrincona a la fiscal general y nombra una ¡®n¨²mero dos¡¯ sancionada por EE UU
El Supremo designa una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, y da un plazo de cinco d¨ªas para una posible destituci¨®n de Luisa Ortega
La guerra entre el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro y la fiscal general de la Rep¨²blica, Luisa Ortega D¨ªaz, ya es total. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombr¨® este martes a una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, sancionada por EE UU, y ha dejado en suspenso el destino de la fiscal general de la Rep¨²blica que se ha pronunciado en contra del Gobierno durante las protestas. Despu¨¦s de la?audiencia de este martes ante 32 magistrados de la Sala Plena, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, ha anunciado que en los pr¨®ximos cinco d¨ªas se conocer¨¢ si la m¨¢xima representante del Ministerio P¨²blico podr¨¢ ser enjuiciada y eventualmente destituida de su cargo.
Ortega D¨ªaz no acudi¨® a la vista porque consider¨® que con su presencia ¡°convalidar¨ªa un circo que te?ir¨ªa la historia de Venezuela de verg¨¹enza y dolor¡±. ¡°La decisi¨®n est¨¢ cantada y no los reconozco (a los togados)¡±, ha agregado, en una clara alusi¨®n a su casi segura destituci¨®n. ¡°No he cometido delitos ni faltas, y no me someter¨¦ a este tribunal inconstitucional e ileg¨ªtimo. Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todav¨ªa persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional (¡) Esto es un golpe de Estado, m¨¢s grotesco que el de Pedro Carmona¡±, ha asegurado, al comparar la solicitud de un juicio en su contra con el breve golpe de Estado que en 2002 desaloj¨® al entonces presidente Hugo Ch¨¢vez durante 72 horas.
En la audiencia intervinieron el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carre?o, principal demandante, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el Contralor General, Manuel Galindo, y un defensor de oficio nombrado por el tribunal. Durante la vista, los demandantes trataron de demostrar que Ortega D¨ªaz hab¨ªa incurrido en faltas graves al negar que hubiera participado en la reuni¨®n del Consejo Moral Republicano, que seleccion¨® a los 17 magistrados incorporados al Supremo a finales de diciembre de 2015, en v¨ªsperas del cese del Parlamento controlado por el chavismo.
El r¨¦gimen necesita dar la impresi¨®n de que las instituciones funcionan y se procede conforme al derecho. La deserci¨®n de Ortega D¨ªaz ha dejado en evidencia que el Gobierno de Maduro es capaz de simular que cumple con la ley si est¨¢ en juego su permanencia en el poder. La afinidad entre el Supremo y el Ejecutivo es el sost¨¦n que le ha permitido al presidente ignorar el entendimiento entre poderes controlados por pol¨ªticos rivales que rige en una democracia. En su larga exposici¨®n, el diputado Carre?o record¨® que no hay una democracia cuando el Poder Legislativo (controlado por la oposici¨®n) y el Ministerio P¨²blico est¨¢n en conflicto permanente con el resto de los poderes.
Carre?o acus¨® a Ortega D¨ªaz de ¡°mentirosa¡±, ¡°manipuladora¡± y ¡°bipolar¡±. Con ep¨ªtetos similares culmin¨® la intervenci¨®n del Defensor del Pueblo y del Contralor, quien se mostr¨® dispuesto a carearse con ella para determinar si puede seguir sosteniendo que nunca asisti¨® a la reuni¨®n del Consejo Moral Republicano.
En caso de que Ortega D¨ªaz sea removida, el r¨¦gimen tiene ya preparado un relevo: Katherine Harrington, sancionada por Washington, y muy comprometida con las autoridades locales. El portal local Cr¨®nica Uno recordaba este martes que el 29 de septiembre de 2016 Harrington escribi¨® una carta a Ortega D¨ªaz en la que solicitaba su jubilaci¨®n y admit¨ªa que despu¨¦s de haber ocupado un cargo en el Ejecutivo de Nicol¨¢s Maduro -viceministra de Investigaci¨®n Penal- no pod¨ªa desempe?arse como fiscal. ¡°Mis actuaciones comprometen la debida objetividad que debe observar un representante del Ministerio P¨²blico¡±. Harrington fue incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl¨¦s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.?
Harrington fue sancionada en el marco de un decreto que declar¨® a Venezuela ¡°como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos¡±. Sus bienes en ese pa¨ªs est¨¢n congelados y tiene prohibida la entrada. En el momento de la sanci¨®n llevaba los casos de mayor relevancia contra opositores: el de la exdiputada Mar¨ªa Corina Machado y el del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se?alados en una trama penal por conspirar supuestamente contra Maduro.
Harrington tambi¨¦n se encargaba de los casos de los j¨®venes opositores Lorent G¨®mez Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero, quienes en 2014, en una crisis pol¨ªtica similar a la actual, estuvieron detenidos en un s¨®tano de una de las sedes de la polic¨ªa pol¨ªtica de Venezuela, en condiciones de extremo aislamiento, seg¨²n la denuncia de sus familiares. La madre de Saleh denunci¨® entonces que Harrington, supuestamente, visit¨® a su hijo para convencerle de que acusara a las figuras de la oposici¨®n de planificar el magnicidio de Maduro. Saleh se neg¨® y Harrington le advirti¨® de que se ¡°pudrir¨ªa en la c¨¢rcel¡±, seg¨²n el testimonio de la madre del detenido.
Una incesante presi¨®n contra una voz cr¨ªtica
Cada decisi¨®n del Tribunal Supremo de Justicia incrementa la tensi¨®n en Venezuela. Su blanco favorito en las ¨²ltimas semanas ha sido la fiscal general de la Rep¨²blica, Luisa Ortega D¨ªaz. La Sala Constitucional aprob¨® impedirle que viaje fuera del pa¨ªs, congelar sus cuentas o que venda o grave sus propiedades mientras estudia si hay motivos para enjuiciarla. Con esta escalada, el chavismo aspira a anular el tir¨®n de Ortega D¨ªaz, que se ha convertido en el rostro m¨¢s notorio de la oposici¨®n. Su distanciamiento del r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro y las denuncias de violaciones de derechos humanos que investiga el Ministerio P¨²blico han dado impulso a las protestas contra el presidente venezolano.
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