Per¨² impulsa la construcci¨®n de carreteras en zonas protegidas de la Amazonia

Durante sus tres d¨ªas de visita en Per¨² la semana pasada, el Papa insisti¨® en el respeto de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas y los recursos naturales del territorio donde viven, especialmente en la Amazonia. Doce horas despu¨¦s de su partida, el Congreso promulg¨® el lunes una ley que declara prioritaria la construcci¨®n de carreteras y el mantenimiento de trochas en la regi¨®n selv¨¢tica de Ucayali, un ¨¢rea protegida donde est¨¢n establecidos 10 pueblos ind¨ªgenas.

De esos pueblos, siete permanecen en aislamiento voluntario, es decir, son n¨®madas no inmunizados, ni documentados, que hablan lenguas ind¨ªgenas y viven de la recolecci¨®n, la caza y la pesca. Las trochas aludidas en la ley, en la zona de frontera con Brasil, "son v¨ªas abiertas ilegalmente, permiten el tr¨¢fico de terrenos y la extracci¨®n ilegal de madera", afirma Julia Urrunaga, directora en Per¨² de la ONG Agencia de Investigaci¨®n Ambiental (Environmental Investigation Agency, con sede en Estados Unidos).

"Esa es una de las cosas m¨¢s peligrosas de esta norma, porque hay una gran cantidad de caminos ilegales en Ucayali hechos solo para el extractivismo ilegal o para invadir y acaparar tierras", a?ade la especialista.

Pese a que la primera semana de diciembre el entonces ministro de Cultura, Salvador del Solar, advirti¨® al presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, que la ley no era viable porque, entre otros motivos, no hab¨ªa sido consultada a los pueblos ind¨ªgenas que ser¨ªan afectados, el Legislativo la aprob¨®. El Ejecutivo ten¨ªa la potestad de derogarla y no lo hizo. El autor del proyecto de ley fue el parlamentario fujimorista Glider Ush?ahua; otro congresista del fujimorista Fuerza Popular, Carlos Tubino, promueve hace tres a?os una carretera en dos ¨¢reas naturales protegida en la regi¨®n Ucayali, pero su iniciativa ha sido desestimada un par de veces.

En 2014, fue asesinado el dirigente ind¨ªgena Edwin Chota, quien denunci¨® con pruebas ante la Fiscal¨ªa que las tierras de su comunidad, Saweto (Ucayali), fueron invadidas por taladores ilegales. Otros tres l¨ªderes de la comunidad atacados por el mismo motivo tambi¨¦n han sido asesinados.

Chota llevaba 12 a?os intentando que el Estado expidiera los t¨ªtulos (registro) de la comunidad, pero ¨¦sta se superpon¨ªa con dos concesiones madereras y el tr¨¢mite no avanzaba. En septiembre del a?o pasado, seis agricultores fueron asesinados por traficantes de terrenos en la provincia Nuevo Requena de Ucayali. En 2015, el estatal Organismo de Supervisi¨®n de los Recursos Forestales (Osinfor) realiz¨® un sobrevuelo en la zona y pudo fotografiar 20 camiones en una trocha abierta para la tala ilegal, recuerda la activista Urrunaga.

Las mafias de la extracci¨®n ilegal de madera lograron que en 2016 el principal funcionario que persegu¨ªa ese delito, el presidente de Osinfor, Rolando Navarro, fuera destituido y pidiera asilo en Estados Unidos. Navarro logr¨® inmovilizar una carga ilegal de madera de 4.000 toneladas, valorada en cuatro millones de d¨®lares, que viajaba en el nav¨ªo Yacu Kallpa hacia Estados Unidos. El funcionario prob¨® que el 96% del despacho ten¨ªa origen ilegal. Osinfor identific¨® entonces a Ucayali como una de las regiones con m¨¢s falsificaci¨®n de documentos de las concesiones de extracci¨®n de madera.

El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Alfredo Luna, se?al¨® ayer a EL PA?S que ya en diciembre el sector opin¨® que la ley "no era viable pues podr¨ªa afectar la integridad de los pueblos ind¨ªgenas en situaci¨®n de aislamiento y contacto inicial". "El Gobierno no promover¨¢ ni financiar¨¢ la construcci¨®n o el mantenimiento de v¨ªas que afecten la vida de estos pueblos ind¨ªgena ni en ninguna del pa¨ªs. Como Ejecutivo estamos evaluando las medidas necesarias [con respecto de la ley]", afirm¨®.

Los pueblos afectados

El informe del Ministerio de Cultura alert¨® al Congreso que los riesgos de las carreteras y trochas son inmunol¨®gicos, socioculturales y territoriales y afectar¨ªan a los pueblos en aislamiento isconahua, mashco piro, machiguenga (nanti), mastanahua, murunahua, chitonahua y kakataibo. Tambi¨¦n a los pueblos en contacto inicial yora, machiguenga (nanti y kirineri) y amahuaca. Dichas etnias viven en tres reservas ind¨ªgenas y una reservas territorial localizadas en la regi¨®n Ucayali, aunque como trashumantes pasan a otras reservas en los departamentos colindantes de Madre de Dios y Cuzco. El ministerio advirti¨® que las carreteras no solo favorecen la miner¨ªa y la tala ilegales, sino que generan problemas a los pueblos ind¨ªgenas para conseguir alimentos.

Un reporte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a?ade que el territorio referido en la ley abarca seis ¨¢reas naturales protegidas por el Estado, entre ellas el Parque Nacional Sierra del Divisor, aprobado en 2016, el tercero m¨¢s grande del pa¨ªs sudamericano.