La finitud del poder

En abril de 2003, la Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica sancion¨® la inconstitucionalidad de la reforma de 1969 que imped¨ªa la reelecci¨®n del presidente. Reintrodujo la norma original seg¨²n la cual los expresidentes pueden volver a postularse esperando dos per¨ªodos constitucionales, 8 a?os. El fallo sostuvo que la reforma de 1969 violaba los art¨ªculos 1, 2, 23 y 24 de la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos, relativos a los derechos a elegir y ser elegido.

La decisi¨®n fue controversial. Por un lado porque el debate sobre la reelecci¨®n es propio del parlamento o de una Asamblea Constituyente, no de instancias judiciales. Por el otro porque la iniciativa provino de un grupo cercano al expresidente ?scar Arias, quien desde tiempo antes intentaba volver a introducir la reelecci¨®n. Arias se postul¨® nuevamente en 2006, siendo reelecto por una diferencia de 18.000 votos.

El tema es perenne. Con contadas excepciones, el proceso democratizador de Am¨¦rica Latina ha estado marcado por la manipulaci¨®n de las reglas de juego para beneficio personal, un verdadero traje a la medida. Alguna vez lo llame el ¡°virus omnipresente de la perpetuaci¨®n¡±, pues ha atacado a derecha e izquierda por igual y en diversas latitudes. Para muestra, Menem, Ch¨¢vez, Uribe, Correa y tantos m¨¢s.

Si ello es conducente al personalismo y la discrecionalidad, ambos re?idos con los fundamentos republicanos, el caso de Arias ha sido doblemente perjudicial. Siendo un legendario estadista de reconocimiento internacional, su nombre es una suerte de mecanismo de legitimaci¨®n, por ende un incentivo para los imitadores.?Su reforma fue un mal producto en el envoltorio de una marca de prestigio, con un m¨¦todo cuestionable y difusa racionalidad.

Ocurre que es problem¨¢tico modificar la Constituci¨®n con los jueces e invocando un principio carente de sustento l¨®gico. Pues si la reelecci¨®n es un derecho humano, ser¨ªa improcedente suspender su vigencia por ocho a?os, los dos periodos presidenciales de espera. Los derechos humanos no tienen intervalos, son permanentes. Ergo, la reelecci¨®n no puede ser uno de ellos. Llevando este razonamiento ad absurdum, la reelecci¨®n consecutiva e indefinida tambi¨¦n ser¨ªa un derecho humano.

Pues as¨ª es precisamente como lo aborda Evo Morales. Al intentar introducir la reelecci¨®n indefinida en 2016, fue derrotado en un refer¨¦ndum. A posteriori, desconociendo dicha consulta¡ªque el propio gobierno dict¨® vinculante y con fuerza de ley¡ªel Tribunal Constitucional dio entrada a una demanda del Ejecutivo por la inconstitucionalidad de cuatro art¨ªculos de la constituci¨®n, incluyendo el que autoriz¨® el refer¨¦ndum. La demanda tambi¨¦n invoca una supuesta incompatibilidad entre dichos art¨ªculos y el art¨ªculo 23 de la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos, a prop¨®sito de imitadores.

Hecha la referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la respuesta de la OEA era inevitable. Su Secretario General se bas¨® en un informe t¨¦cnico de la ¡°Comisi¨®n Europea para la Democracia a trav¨¦s de la Ley¡±, conocida como Comisi¨®n de Venecia. El gobierno de Bolivia aduce que ¡°la Comisi¨®n de Venecia no tiene ning¨²n rol en las Am¨¦ricas¡±, sin darse cuenta que ese punto no la descalifica sino que, por el contrario, enfatiza su neutralidad, condici¨®n necesaria para toda opini¨®n jur¨ªdica.

El informe en cuesti¨®n corrobora que no existe un espec¨ªfico ¡°derecho humano a la reelecci¨®n¡±. Las restricciones en ese terreno pertenecen a la esfera de los derechos a la participaci¨®n pol¨ªtica, notando que en todo arreglo constitucional existen diversas clases de limitaciones al respecto. Los l¨ªmites a la postulaci¨®n generalmente se derivan de la necesidad de prevenir que aquellos ya en ejercicio del poder se aprovechen del cargo para perpetuarse o para utilizar indebidamente los recursos p¨²blicos.

O ambos a la vez. El consenso en la literatura, a su vez, es concluyente sobre este punto: el abuso de poder por parte del jefe del Ejecutivo es m¨¢s frecuente en sistemas presidenciales. Ello se deriva de un dise?o institucional que fusiona al Jefe de Gobierno y al Jefe de Estado, lo elige de manera directa, le otorga capacidad de legislar, y le concede desproporcionados vetos y prerrogativas, o sea, instrumentos para la discrecionalidad. Permitir adem¨¢s mandatos ilimitados significa institucionalizar una rep¨²blica con monarca. Suena oximor¨®nico deliberadamente, pues eso hemos visto.

En el sistema parlamentario el jefe de Gobierno no es jefe de Estado. El Ejecutivo es creaci¨®n del Legislativo, una delegaci¨®n de este ¨²ltimo. Tanto que el Primer Ministro es, antes todo, un l¨ªder parlamentario, primus inter pares. Alcanza con un voto de no confianza para disolver su gobierno y formar uno nuevo, ya sea con una nueva coalici¨®n parlamentaria o por medio de elecciones anticipadas. Y si pierden un refer¨¦ndum, renuncian como hizo Cameron.

A¨²n as¨ª existen aprensiones cuando un primer ministro pasa demasiado tiempo en el poder. En Espa?a, por ejemplo, el partido Ciudadanos present¨® un proyecto para limitar los mandatos a dos legislaturas, un total de ocho a?os. Ello para evitar que se repitan casos como el de Felipe Gonz¨¢lez, que pas¨® 13 a?os en la Moncloa. El proyecto origina en una norma que ya existe en algunos gobiernos regionales¡ªpor ejemplo, Castilla y Le¨®n, Extremadura y Murcia¡ªy que se debate en varias comunidades.

Se trata, en definitiva, del tiempo como variable pol¨ªtica, el poder y su finitud. Cualidad de finito, dice el diccionario, que tiene fin o l¨ªmite. En democracia debe tener ambos: fin, en cuanto a su duraci¨®n, y l¨ªmite, en cuanto a su alcance. Si el poder es irrestricto en la manera de usarlo, probablemente termine siendo de duraci¨®n indefinida. Y viceversa, si se prolonga en el tiempo m¨¢s de lo debido, generar¨¢ discrecionalidad. La causalidad es siempre reciproca, la resultante ser¨¢ la degradaci¨®n del constitucionalismo.

Tres d¨¦cadas despu¨¦s de las transiciones democr¨¢ticas, el tiempo equivalente a una generaci¨®n, la tarea de construir instituciones republicanas sigue siendo cuesta arriba en Am¨¦rica Latina. En buena parte porque muchos de sus presidentes siguen so?ando con el despotismo mon¨¢rquico.

@hectorschamis