Un juez tumba los procesos contra dos acusados del caso Iguala. Y este podr¨ªa ser solo el principio

A casi cuatro a?os de la desaparici¨®n de 43 estudiantes en Iguala, M¨¦xico, el proceso judicial avanza lentamente en los juzgados, partido en pedazos, entre presiones pol¨ªticas, acusaciones y golpes de tim¨®n. En un hecho in¨¦dito estos a?os, un juez ha desestimado este lunes los cargos contra dos de los presuntos implicados en lo sucedido. Tambi¨¦n ha rechazado el caso de la fiscal¨ªa contra un expolic¨ªa de Iguala, adem¨¢s de la acusaci¨®n contra un presunto integrante de Guerreros Unidos, la banda criminal sospechosa de organizar la cacer¨ªa de los 43 en septiembre de 2014.

De los cuatro detenidos, dos podr¨ªan haber tenido un papel importante en los hechos, en la persecuci¨®n y desaparici¨®n de los muchachos, de acuerdo a la investigaci¨®n oficial. En la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, una banda regional de delincuentes, Guerreros Unidos, lanz¨® una cacer¨ªa contra los estudiantes apoyados por la polic¨ªa municipal de Iguala. Los j¨®venes llegaron a la localidad la tarde del 26. Pretend¨ªan requisar unos autobuses para viajar a Ciudad de M¨¦xico d¨ªas m¨¢s tarde. Una de las versiones que se ha manejado es que los criminales pensaron que los estudiantes eran en realidad de otra banda y que ven¨ªan a buscarles a ellos. De ah¨ª la cacer¨ªa. Pese a todo, las fallas en la investigaci¨®n se?aladas por los jueces y las constantes cr¨ªticas de organismos internacionales a la fiscal¨ªa impiden tener certeza absoluta de nada, salvo de la ausencia de los 43. En marzo, Naciones Unidas public¨® un informe en que denunciaba que al menos 34 detenidos habr¨ªan sido v¨ªctimas de tortura.

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Pese al fallo del juez, es dif¨ªcil que cualquiera de los cuatro salga de prisi¨®n. El caso Iguala es un laberinto procesal de enormes dimensiones y la probabilidad de que enfrenten acusaciones en alguna otra de las cuatro causas abiertas es bastante alta. Para los abogados de las familias de los 43, el problema es sin embargo lo que descubre la sentencia del juez, la constancia de los defensores de los acusados frente a la desidia de la fiscal¨ªa. Mal¨² Aguilar, del equipo jur¨ªdico que asesora a las familias, lo pone as¨ª: "La fiscal¨ªa se preocupa por la narrativa, pero no cuida las causas". O dicho de otro modo, que las autoridades detuvieron a decenas de sospechosos en los primeros meses, sospechosos cuyas declaraciones apuntalaban la versi¨®n de los hechos que present¨® el Gobierno; que hay casos, como este, en que las detenciones fueron ilegales; que una vez en prisi¨®n, los investigadores han descuidado los casos. En el texto del auto de libertad de los cuatro, el juez ha se?alado directamente "la inactividad investigadora de la fiscal¨ªa".

Este rev¨¦s en los tribunales llega pocos d¨ªas despu¨¦s de que un juez ordenara la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad para investigar lo sucedido en Iguala. El juez, que est¨¢ a cargo de otra de las cuatro causas, considera que la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa no fue "pronta, efectiva, independiente ni imparcial". Su decisi¨®n lleg¨® despu¨¦s de que nueve de los acusados, entre ellos varios pesos pesados de Guerreros Unidos, iniciaran una cadena de recursos y apelaciones contra su detenci¨®n, igual que hicieron estos ¨²ltimos cuatro. En el caso de los nueve, entre quienes se encuentra El Gil, uno de los cabecillas de la banda, las consecuencias han sido m¨²ltiples. Por un lado, la creaci¨®n de la Comisi¨®n de la Verdad. Y por otro, la decisi¨®n judicial de "reponer el procedimiento", que obliga a la fiscal¨ªa a aportar nuevas evidencias que prueben sus acusaciones contra estos nueve acusados. Daniela Aguirre, abogada de las familias, explica: "Podr¨ªa ocurrir que en estas situaciones en que el juez ordena reponer el proceso y la fiscal¨ªa no aporta nuevas pruebas, haya m¨¢s autos de libertad". Es decir, que si los investigadores no afianzan sus pesquisas, podr¨ªan encontrarse con un nuevo rev¨¦s del juez. Y esta vez con los presuntos orquestadores de la noche de Iguala como protagonistas.

El problema es que las ¨²nicas pruebas potentes de la fiscal¨ªa son los testimonios de presuntos participantes en los hechos, declaraciones que, en casos como este, se declaran inv¨¢lidas. Y sobre todas planea adem¨¢s la sombra de la tortura, cometida presuntamente por los investigadores de la fiscal¨ªa estatal, de la Armada... Concluye Aguirre: "El trabajo de la fiscal¨ªa ha sido sucio y muy pobre".

EL PA?S traslad¨® la opiniones de los abogados de las familias a la fiscal¨ªa mexicana. Tambi¨¦n pidi¨® un comentario acerca de los escritos de los jueces, cr¨ªticos con los investigadores. La fiscal¨ªa ha preferido no comentar nada.

Las detenciones de principios de octubre

Los cuatro acusados victoriosos son Luis Alberto Gaspar, Mart¨ªn Macedo, Marco Antonio Rios y Honorio Ant¨²nez. Todos fueron detenidos entre el 2 y el 4 de octubre de 2014 en Iguala, apenas una semana despu¨¦s del feroz ataque contra los estudiantes. Agentes de la fiscal¨ªa estatal se encargaron de los arrestos.

El primero fue Gaspar. En su informe, los investigadores explican que el 2 de octubre fueron a hacer un registro a una casa y all¨ª se encontraron con varias personas, Gaspar entre ellas. Se llevaron a todos a las instalaciones de la instituci¨®n y all¨ª les tomaron declaraci¨®n. En su testimonial, Gaspar habr¨ªa dicho que pertenece a Los Tilos, una banda que opera junto a Guerreros Unidos y que habr¨ªa estado implicada en la desaparici¨®n de los estudiantes. Esto, de acuerdo a la declaraci¨®n que ofreci¨® a los agentes de la fiscal¨ªa, ahora rechazada por el juez.

As¨ª de f¨¢cil.

Al d¨ªa siguiente, los agentes cuentan que estaban recorriendo la ciudad junto a militares y polic¨ªas, cuando observan "a un sujeto masculino que se mostraba nervioso". Lo paran, lo revisan y le encuentran una bolsa con marihuana... Es Honorio Ant¨²nez, que se identifica como ex militar y polic¨ªa local en Iguala. Cuentan los agentes en su informe que Honorio dice que conoce a vendedores de droga y los lugares donde venden. Que si quiere, les muestra. As¨ª dan con Mart¨ªn Macedo y Marco Antonio R¨ªos.

En su declaraci¨®n en las instalaciones de la fiscal¨ªa, Macedo dice que pertenece a Guerreros Unidos y que particip¨® en la desaparici¨®n de los estudiantes; que dispar¨® contra algunos de ellos y que luego detuvo a 17 junto a otros integrantes de Guerreros. Que los llevaron a una casa de seguridad y los mataron.

R¨ªos cuenta por su parte que es halc¨®n de la organizaci¨®n. Que lo reclut¨® El Chucky, uno de las figuras de Guerreros m¨¢s importantes en Iguala, seg¨²n la investigaci¨®n oficial. A?ade que ¨¦l se encarg¨® de matar a 13 estudiantes, adem¨¢s de enterrarlos en Pueblo Viejo, cerca de Iguala.

Dice Mal¨² Aguilar: "La fiscal¨ªa tiene una versi¨®n oficial pero no sabe c¨®mo mantenerla ante el juez". La versi¨®n de las autoridades, invariable desde hace m¨¢s de dos a?os, apunta a que los estudiantes fueron secuestrados por delincuentes y polic¨ªas de Iguala, transportados a un basurero no lejos de all¨¢, en Cocula, asesinados y quemados en una enorme pira. Estudios independientes han criticado esta tesis y han defendido que no hay indicios de que en el basurero se hubiera quemado a tanta gente.