La ONU denuncia la brutal represi¨®n e impunidad del r¨¦gimen de Maduro
Naciones Unidas pide una investigaci¨®n internacional y solicita "mayor implicaci¨®n" del Tribunal de La Haya
La ONU denunci¨® este viernes la represi¨®n del chavismo por las ¡°graves violaciones de los derechos humanos¡± perpetradas en Venezuela y pidi¨® a la Corte Penal Internacional de La Haya ¡°mayor implicaci¨®n¡± ante la deriva del r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro. Naciones Unidas dibuja en un informe un panorama aciago que califica de ¡°espiral descendente que no parece tener fin¡±. Documenta cientos de homicidios, la violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones arbitrarias y torturas, y advierte de la impunidad de las autoridades.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, describe una situaci¨®n sin matices en la que los abusos de las fuerzas policiales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se entremezclan con el control casi absoluto que el aparato chavista ejerce sobre la poblaci¨®n, las consecuencias de la crisis alimentaria y una hiperinflaci¨®n sin freno.
El Gobierno venezolano rechaza el informe de la ONU
El Gobierno venezolano rechaz¨® este viernes el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que sugiere una intervenci¨®n de la Corte Penal Internacional (CPI) por los graves y sistem¨¢ticos abusos cometidos y la impunidad generalizada en el pa¨ªs.
La Canciller¨ªa venezolana public¨® un comunicado en el que descalific¨® el informe pues, asegura, es el "resultado de una metodolog¨ªa altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor t¨¦cnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad". - EFE
Esta denuncia redobla la presi¨®n internacional, encabezada desde hace meses por la Organizaci¨®n de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Uni¨®n Europea, frente a un r¨¦gimen que logr¨® desactivar a la oposici¨®n interna, dividida y debilitada, y que act¨²a sin ning¨²n contrapoder.
Adem¨¢s de las violaciones registradas durante las protestas contra el Gobierno entre abril y julio del a?o pasado como consecuencia de la convocatoria unilateral de unas elecciones constituyentes ¡ªen las que murieron m¨¢s de 120 personas¡ª, Naciones Unidas analiza las premisas de esa ola de violencia.
¡°De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscal¨ªa General registr¨® la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad (...). Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patr¨®n de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realizaci¨®n de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a criminales, sin orden judicial¡±, se?ala el informe.
Nuevo informe de @ONU_derechos destaca que #Venezuela no ha juzgado a los autores de graves violaciones de los #DerechosHumanos, entre otras homicidios, uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura: https://t.co/0Nw39HrA6t pic.twitter.com/4x0JA1zI3c
— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 22, 2018
Se trata de las llamadas Operaciones de Liberaci¨®n del Pueblo (OLP) contra las que la exfiscal Luisa Ortega D¨ªaz abri¨® m¨¢s de 350 procedimientos. La destituci¨®n de la fiscal, que huy¨® a Colombia en agosto de 2017 despu¨¦s de la elecci¨®n de la Asamblea Nacional Constituyente, aument¨® ese clima de impunidad, que coincide con la huida hacia delante de Maduro, reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unos comicios sin garant¨ªas y en medio de acusaciones de fraude. "Yo hice objeci¨®n a esa resoluci¨®n y posteriormente he venido haciendo objeciones a unos operativos que se dise?aron en Venezuela por el tema de seguridad ciudadana que llamaron OLP, Organizaci¨®n para la Liberaci¨®n del Pueblo, que eran verdaderas represiones para el pueblo pobre", dijo Ortega tras abandonar Venezuela en conversaci¨®n con EL PA?S.
Necesidad de atajar la pobreza extrema
El informe publicado este viernes tambi¨¦n se?ala la responsabilidad del Gobierno de Venezuela de ignorar la dimesi¨®n de la crisis alimentaria? que atraviesa el pa¨ªs.
Seg¨²n cifras citadas en el informe, el 87 % de la poblaci¨®n de Venezuela est¨¢ afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situaci¨®n de pobreza extrema, y se ha constatado un r¨¢pido incremento de la desnutrici¨®n infantil.
Sin Estado de derecho
¡°El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de derecho est¨¢ pr¨¢cticamente ausente en Venezuela¡±, manifest¨® el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra¡¯ad Al Hussein, en un comunicado. Seg¨²n Naciones Unidas, es deseable abrir una investigaci¨®n internacional porque el Gobierno venezolano no concedi¨® permiso para trabajar sobre el terreno a la Oficina de Derechos Humanos, que tuvo que recabar estos datos a trav¨¦s de entrevistas a v¨ªctimas, testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, m¨¦dicos, y otros informes.
¡°Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen s¨®lidas razones para considerar una mayor implicaci¨®n de la Corte Penal Internacional en esta materia¡±, mantiene Zeid. El pasado 8 de febrero, la Fiscal¨ªa de ese tribunal ¡ªque juzga genocidios o delitos de guerra¡ª anunci¨® la apertura de una indagaci¨®n preliminar para determinar supuestos cr¨ªmenes de lesa humanidad.
Mientras el chavismo exhibe desde las pasadas presidenciales decenas de liberaciones de presos pol¨ªticos en un intento de buscar un bal¨®n de ox¨ªgeno ante la comunidad internacional, la Oficina de Derechos Humanos recibi¨® informaci¨®n sobre cientos de detenciones arbitrarias.
Fueron al menos 570 entre el 1 de agosto de 2017 y el pasado 30 de abril, seg¨²n la ONG Foro Penal Venezolano, y se muestra ¡°particularmente preocupada por el n¨²mero significativo de miembros de las fuerzas armadas que habr¨ªan sido detenidos en 2018¡±. El estudio incide en 90 casos de detenidos que fueron sometidos a tratos inhumanos desde 2014, mientras que el Alto Comisionado recuerda que la cat¨¢strofe econ¨®mica ha llevado a al menos 1,5 millones de personas a huir del pa¨ªs desde 2014.
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