La democratizaci¨®n de la corrupci¨®n

Junto con tantos otros como la desigualdad, la pobreza, la precariedad de la Hacienda p¨²blica o la injusticia, la corrupci¨®n y su inseparable pareja la impunidad son un problema que hasta el momento M¨¦xico no ha podido disminuir, controlar o erradicar. En los ¨²ltimos 10 a?os la corrupci¨®n rebas¨® a todos ellos como el segundo problema m¨¢s grave de acuerdo con la percepci¨®n ciudadana, y el primer disuasivo de la inversi¨®n, la competencia y la competitividad, seg¨²n los empresarios. Aun as¨ª, ning¨²n Gobierno se ha tomado en serio esa percepci¨®n. Al menos, no en la pr¨¢ctica, aunque s¨ª en el discurso. Al menos, no cuando les ha tocado ejercer el poder, aunque s¨ª como lema de campa?a, como eslogan para llegar al puesto.

Si la situamos en 1978, 40 a?os han transcurrido desde el inicio de la transici¨®n democr¨¢tica en M¨¦xico. En esos 40 a?os la corrupci¨®n como mal end¨¦mico ha sido denunciada con cada vez mayor fuerza pero ha seguido teniendo carta de naturalizaci¨®n tanto en los procesos electorales como en el ejercicio del poder. No importa qui¨¦n haya detentado el poder, ni en qu¨¦ rama u orden de Gobierno. La democratizaci¨®n del pa¨ªs y la alternancia trajeron como correlato la democratizaci¨®n de la corrupci¨®n. No hay Gobierno de izquierda, derecha o centro que se haya salvado. No hay Gobierno que no se?ale al de otro signo partidario como corrupto, pero no hay Gobierno que no la haya practicado cuando le ha llegado su turno y que no haya disfrutado de sus dividendos. La diferencia es que ahora el pastel de la corrupci¨®n se reparte entre todos los partidos. Sea a trav¨¦s del desv¨ªo de recursos p¨²blicos, de la asignaci¨®n directa de contratos a sus allegados, de la recepci¨®n de fondos ilegales para sus campa?as, del uso discrecional del presupuesto o de la utilizaci¨®n clientelar de los programas sociales, el que m¨¢s el que menos tiene en su haber la construcci¨®n de redes y mecanismos que la hacen posible y rentable a sabiendas de que, salvo en raras excepciones, no ser¨¢ castigado. Los pocos gobernantes y funcionarios investigados, perseguidos y sancionados han sido casi siempre a toro pasado: exgobernadores, exsecretarios, expresidentes municipales, ex¡­

En esta elecci¨®n la corrupci¨®n se volvi¨® el tema central de todas las campa?as presidenciales. No es de extra?ar. En las 15 elecciones a gobernador ocurridas en 2016 y 2017 las denuncias de corrupci¨®n contra los mandatarios de turno y las promesas anticorrupci¨®n funcionaron: en nueve de ellas hubo alternancia.

Ante esta situaci¨®n tres datos resultan, cuando menos, curiosos. El primero es la pobreza de las pol¨ªticas anticorrupci¨®n que proponen. El segundo es que la corrupci¨®n ha seguido practic¨¢ndose durante las campa?as. No hay candidato que pueda presumir de no haber incurrido en alguno o varios de los delitos que la ley electoral establece como delitos de corrupci¨®n: no reportar los ingresos y gastos de campa?a, no recibir recursos provenientes de los Gobiernos o del sector privado, no superar los topes de campa?a, no manipular los programas sociales. El tercer dato curioso es que las tres coaliciones y los tres candidatos presidenciales se han asociado con personajes de la vida p¨²blica cuyas trayectorias han estado vinculadas con actos de corrupci¨®n por todos conocidos. Peor a¨²n, los han propuesto como candidatos a cargos de elecci¨®n popular: Jos¨¦ Antonio Meade, en cuyas listas a diputados y senadores aparecen diversos colaboradores de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz encarcelado, o Rub¨¦n Moreira (exgobernador de Coahuila), postulado a la C¨¢mara de Diputados; Ricardo Anaya con Moreno Valle (exgobernador de Puebla) o con tres diputados locales de Ciudad de M¨¦xico (Toledo, Luna y Romero) acusados de desviar recursos del sismo de 2017; Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador con el l¨ªder minero Napole¨®n G¨®mez Urrutia, Ricardo Monreal (extitular de la delegaci¨®n Cuauht¨¦moc), Cuauht¨¦moc Blanco, quien fue acusado de vender su candidatura en 10 millones de pesos y al menos cinco candidatos a delegados de Ciudad de M¨¦xico que han sido denunciados por actos de corrupci¨®n.

A pesar de ello, AMLO ha sido el ¨²nico candidato que ha logrado posicionarse como el gobernante capaz de combatir la corrupci¨®n. Su ¨¦xito radica en una imagen de honestidad personal que no ha logrado ser abollada por m¨¢s intentos que se han hecho, en haber posicionado la idea de que nunca ha gobernado a pesar de que fue durante cinco a?os el jefe de Gobierno de la capital y, a trav¨¦s de repetir una idea tan sencilla como falaz: si la cabeza no roba tampoco lo har¨¢n sus colaboradores. Ayuda, desde luego, el que el presidente Enrique Pe?a Nieto y su Gobierno est¨¦n indeleblemente asociados con la creciente corrupci¨®n y que Anaya, el candidato que va en un lejano segundo lugar, fuera vinculado con una acusaci¨®n de lavado de dinero que, a¨²n cuando no ha sido probada, da?¨® irremediablemente a su campa?a. El reto de combatir la corrupci¨®n para quien quiera que resulte presidente ser¨¢ formidable. No hay f¨®rmulas m¨¢gicas y requiere de mucho m¨¢s que de la mera voluntad del gobernante. A diferencia de lo que ocurre con la mayor¨ªa de los problemas, en este no hay que comenzar por el principio de la cadena de las causas de la corrupci¨®n sino por el ¨²ltimo eslab¨®n: el sistema de procuraci¨®n y administraci¨®n de justicia.

La impunidad en M¨¦xico alcanza el 97%. Sin una Fiscal¨ªa independiente y un sistema de justicia imparcial y al alcance de todos, la corrupci¨®n seguir¨¢ entre nosotros.

Claudio X. Gonz¨¢lez y M. Amparo Casar son presidente y presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad.