Blindajes de apuro

Parec¨ªan dos escenas en un mismo acto. En coincidencia de tiempos casi perfecta, dos decisiones presidenciales diferentes, pr¨¢cticamente simult¨¢neas ¡ªuna en Nicaragua, la otra en Guatemala¡ª chocaban contra el mundo para intentar blindarse de controles y pedidos de explicaci¨®n internacionales sobre los derechos democr¨¢ticos de la gente o la corrupci¨®n. Como se sabe, el viernes pasado en la ma?ana el r¨¦gimen en Nicaragua pateaba el tablero de la ONU expulsando la misi¨®n de derechos humanos de su Alto Comisionado de Derechos Humanos, d¨¢ndole dos horas para ello. Reacci¨®n descontrolada frente al cr¨ªtico informe publicado dos d¨ªas antes: m¨¢s de 300 muertos y otros atropellos.

A las pocas horas, rodeado de un colectivo uniformado puesto all¨ª por el presidente, en Guatemala ¨¦ste anunciaba que no se renovar¨ªa el mandato de la misi¨®n de la ONU en el pa¨ªs ¡ªla CICIG¡ª para cooperar en la lucha contra la corrupci¨®n y los grupos armados ilegales. A los cuatro d¨ªas otra decisi¨®n presidencial anunci¨® el impedimento de reingreso de Iv¨¢n Vel¨¢squez, cabeza de CICIG.

Tras la sigla funciona una institucionalidad clave para reforzar a la Fiscal¨ªa guatemalteca en investigar casos graves de corrupci¨®n. Tanto empe?o contra la impunidad cr¨®nica ha llevado a que del ojo acucioso no se haya librado ni el presidente en funciones contra el cual ya pesan en el Congreso tres procesos de levantamiento de inmunidad. Bueno que el secretario general de la ONU haya anunciado que Vel¨¢squez continuar¨¢ operando desde fuera. Lo que ambas medidas tienen de arbitrarias y de actos desesperados no requiere casi ning¨²n comentario. Porque, si bien en los dos casos las misiones internacionales se asentaron sobre acuerdos adoptados con los Gobiernos de ambos pa¨ªses, la naturaleza de ellas era sobre asuntos que son parte de obligaciones internacionales que todo Estado debe respetar. En el caso de Guatemala, la obligaci¨®n de actuar contra la corrupci¨®n y el crimen organizado; en el de Nicaragua, garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Ocurre que cuando valores fundamentales como esos son atropellados o ignorados, la verificaci¨®n de los hechos suele conducir, casi indefectiblemente, a responsables que son autoridad p¨²blica y, en ocasiones, a cabezas de los Gobiernos. Cuando el cuestionamiento se vuelve muy molesto, la decisi¨®n ¡ªcomo en estos casos¡ª no lleva a una revisi¨®n autocr¨ªtica de conductas o pol¨ªticas, sino a la fuga hacia adelante desprendi¨¦ndose de acompa?amientos internacionales en nombre de la ¡°soberan¨ªa nacional¡±. Hay que decirlo y repetirlo una y mil veces: la soberan¨ªa nacional no puede ser usada como escudo para atropellar la democracia y los derechos de la gente o para convalidar la corrupci¨®n. No solo porque los valores globales formalmente prevalecientes le dan prevalencia a los derechos humanos y la lucha contra la corrupci¨®n, sino porque hay obligaciones internacionales que los Estados deben cumplir y hacer cumplir.

En continentes como Am¨¦rica Latina o Europa nada de esto deber¨ªa estar en discusi¨®n pues en ambas regiones los Estados adhieren, al menos formalmente, a estos compromisos. Pero hay quienes quieren sacar los pies del plato, y de hecho lo hacen. As¨ª como se busca blindajes desesperados en estos dos pa¨ªses centroamericanos, en Europa hay donde la xenofobia ha sido llevada al nivel de pol¨ªtica de Estado (Hungr¨ªa) o est¨¢ en demolici¨®n la independencia judicial (Polonia). Aqu¨ª y all¨¢ se ve reacciones de instancias multilaterales, los medios y la sociedad. Salir de estos embrollos no es, sin embargo, sencillo ni f¨¢cil ni bastan invocaciones internacionales para enderezar las cosas. Pero la persistencia es crucial. Ella tiene sustento en est¨¢ndares internacionalmente adoptados por decisi¨®n soberana de los Estados. Y en nombre de ellos que hay que recordarles a quienes los atropellan, que no son v¨ªctimas de conspiraciones externas sino quebrantadores de obligaciones existentes.