La justicia peruana anula el indulto a Fujimori y ordena su arresto
El expresidente Kuczynski perdon¨® por motivos humanitarios la pena que cumpl¨ªa el aut¨®crata, de 80 a?os, por delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato y lesiones
Alberto Fujimori volver¨¢ a la c¨¢rcel. La Corte Suprema de Per¨² ha anulado este mi¨¦rcoles el indulto concedido al aut¨®crata, de 80 a?os, que recibi¨® la gracia la noche de Navidad del a?o pasado por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y ha ordenado su captura inmediata. Su abogado ha apelado la decisi¨®n del tribunal. Al final de la tarde,?Fujimori ha sido trasladado en ambulancia desde su casa -en una exclusiva zona del sur de la ciudad- a la cl¨ªnica privada donde es atendido regularmente.?
Kuczynski, que renunci¨® en marzo en favor del hoy jefe de Estado y de Gobierno, Mart¨ªn Vizcarra, otorg¨® el indulto a cambio de los votos de un sector del fujimorismo para evitar su destituci¨®n en el Congreso. El Ejecutivo de Vizcarra ha dicho ya que acatar¨¢ la decisi¨®n judicial. Las consecuencias pol¨ªticas de la decisi¨®n son poco predecibles, dado al contexto de enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y la oposici¨®n fujimorista.
Dos de los cr¨ªmenes por los cuales el aut¨®crata peruano fue sentenciado a 25 a?os de prisi¨®n en abril de 2009 -las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de obligado cumplimiento para el Estado peruano. Por ello, las v¨ªctimas solicitaron en febrero a la Corte que revisara la cuesti¨®n y esta dispuso que la justicia peruana decidiera si el indulto se adecuaba a las normas de la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad.
La resoluci¨®n de la Corte, de 225 p¨¢ginas, indica que el control de convencionalidad consiste en evaluar el ¡°cumplimiento ¨ªntegro y de buena fe del fallo y que las decisiones de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) no se vean mermadas por la aplicaci¨®n de normas nacionales contrarias o por decisiones judiciales y administrativas que hagan ilusorio su cumplimiento¡±.
En julio, un grupo de v¨ªctimas y familiares de v¨ªctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta -cometidas en 1991 y 1992- presentaron al Poder Judicial el pedido de dicho control de convencionalidad. Tras escuchar a los abogados de las partes en una audiencia celebrada hace dos semanas, la justicia peruana ha concluido este mi¨¦rcoles que el indulto es inaplicable.
En la resoluci¨®n, el magistrado supremo Hugo N¨²?ez Julca analiza los hechos pol¨ªticos de diciembre pasado que empujaron a Kuczysnki a firmar el indulto para el aut¨®crata y cuestiona la forma, la velocidad e irregularidades del tr¨¢mite concedido por parte del entonces presidente. El juez ordena, adem¨¢s, la emisi¨®n de sendas ¨®rdenes de ubicaci¨®n y captura para que el pol¨ªtico regrese a la c¨¢rcel.
Una hora despu¨¦s de conocida la resoluci¨®n del ¨®rgano de la Corte Suprema, la l¨ªder de Fuerza Popular y cabeza de la oposici¨®n, Keiko Fujimori, visit¨® la casa de su padre y rompi¨® a llorar ante los medios de comunicaci¨®n. "Es uno de los d¨ªas m¨¢s tristes en nuestra vida, es extremadamente doloroso que un juez le haya quitado la libertad se?alando que no est¨¢ moribundo y no tiene derecho a un indulto humanitario porque habr¨ªa errores en la tramitaci¨®n", ha dicho. "Est¨¢ deteriorada su salud, ha purgado doce a?os de prisi¨®n. Invoco a un alto y un l¨ªmite al odio y al ensa?amiento de nuestros lideres pol¨ªticos. Esta decisi¨®n por supuesto que ser¨¢ apelada".
"El indulto concedido es incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al Estado peruano, entre ellos la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos", afirma la resoluci¨®n. El magistrado indica que Fujimori tiene una "enfermedad no terminal grave, no se justifica que se trate de un caso que exija la necesidad imperante de ponerlo en libertad", por ello determina que la resoluci¨®n que firm¨® Kuczynski en la Nochebuena del a?o pasado "carece de efectos jur¨ªdicos" y "fundado el pedido de la parte civil de declarar inaplicable el indulto".
El juez supremo, como ya hiciera en enero un informe de la Defensor¨ªa del Pueblo, ¡°encuentra y advierte irregularidades en la tramitaci¨®n del indulto pues no verifica el cumplimiento de exigencias legales esenciales¡±. Y cuestiona la transparencia de la junta de evaluaci¨®n t¨¦cnica que recomend¨® la decisi¨®n. N¨²?ez cuestiona que el acta de la junta m¨¦dica penitenciaria que eval¨²a el estado de salud de Fujimori presenta un diagn¨®stico y dos d¨ªas despu¨¦s lo modifica considerablemente. Adem¨¢s, revela que a?aden al expediente informaci¨®n sobre una supuesta neoplasia en la boca de Fujimori dos d¨ªas despu¨¦s de concedido el indulto, el pasado 26 de diciembre.
Fujimori cumpli¨® 80 a?os en julio. Acude regularmente a revisiones m¨¦dicas y est¨¢, adem¨¢s, a la espera de que comience un nuevo juicio penal en su contra por el caso Pativilca: el asesinato de seis personas cometido en 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ej¨¦rcito formado durante su Gobierno y que fue tambi¨¦n el brazo ejecutor de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
El Congreso, de mayor¨ªa fujimorista, est¨¢ enfrentado con el presidente Mart¨ªn Vizcarra despu¨¦s de que el Legislativo blindase al juez C¨¦sar Hinostroza, investigado por liderar una trama de corrupci¨®n en el sistema de justicia en la que participan empresarios fujimoristas y operadores pol¨ªticos del gobierno de Alberto Fujimori. Tras los comentarios de la hija mayor de Fujimori, la vocera de Fuerza Popular, ?rsula Letona, ha apuntado directamente al Ejecutivo de Vizcarra: ¡°En pol¨ªtica no hay coincidencias, esto es una clara intromisi¨®n en lo que pasa en el poder judicial¡±. Se avecinan turbulencias en la escena pol¨ªtica peruana.
El soci¨®logo Felix Re¨¢tegui, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Cat¨®lica, dijo en declaraciones a EL PA?S que "la decisi¨®n de anular el indulto por un juzgado de la Corte Suprema, de quedar asentada definitivamente, corrige una decisi¨®n profundamente irregular y reivindica a las v¨ªctimas". Tambi¨¦n es, dice, "significativo" revertir esta "medida de impunidad" en un contexto de "enormes problemas de corrupci¨®n". La anulaci¨®n del indulto, agrega, Re¨¢tegui, "ayuda tambi¨¦n a fortalecer el orden jur¨ªdico en general y en materia de respeto a los derechos humanos, en particular". La jurista Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que ha representado a las v¨ªctimas de caso Barrios Altos ante la Corte, subraya por su parte que ¡°la decisi¨®n representa un compromiso por parte de la justicia peruana de asegurar que nadie est¨¢ por encima de la ley".
El mismo magistrado que dictar¨¢ sentencia sobre la red de corrupci¨®n en el sistema judicial
El juez N¨²?ez Julca fue nombrado en enero de este a?o juez provisional de la Corte Suprema e integraba, hasta fines de julio, el tribunal que presid¨ªa el magistrado C¨¦sar Hinostroza, investigado por la Fiscal¨ªa por ser la cabeza de una red de corrupci¨®n del sistema de justicia. Dicha sala fue desactivada tres semanas despu¨¦s de que surgieron las primeras pruebas de los negocios ilegales que se coc¨ªan en el coraz¨®n de la justicia peruana.
El magistrado se desempe?a tambi¨¦n como juez instructor en los casos de los altos funcionarios a quienes el Congreso les debe levantar la inmunidad antes de ser procesados. Como tal, tendr¨¢ que dictar sentencia en la causa de Hinostroza despu¨¦s de que el pleno del Congreso discuta este jueves su desafuero. Hinostroza -que cuenta con el apoyo del fujimorismo- est¨¢ se?alado por, supuestamente, formar parte de la organizaci¨®n criminal Cuellos Blancos del Puerto, que penetr¨® en el sistema de justicia peruano.
As¨ª como el caso del indulto de Fujimori tuvo y traer¨¢ consecuencias pol¨ªticas, los casos que dirimir¨¢ en las pr¨®ximas semanas el magistrado N¨²?ez ¨Cde Hinostroza y el del fiscal general, tambi¨¦n salpicado por la trama corrupta¨C podr¨ªan ser la respuesta a una demanda de justicia y lucha anticorrupci¨®n que impulsa la ciudadan¨ªa y que respalda el presidente Mart¨ªn Vizcarra desde fines de julio. El 75% de los peruanos cree que las conversaciones difundidas del juez Hinostroza y de otros operadores pol¨ªticos, judiciales y empresariales deben ser investigadas, seg¨²n una encuesta de Ipsos difundida a finales de septiembre.
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