Modi estrecha el cerco a los activistas en India

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de alcance internacional como Greenpeace y Amnist¨ªa, denuncian que sus actividades en India corren peligro despu¨¦s de que el gobierno haya congelado sus cuentas bancarias, oblig¨¢ndolas a reducir su personal y su ¨¢mbito de actuaci¨®n. El Ejecutivo indio del nacionalista hind¨² Narendra Modi ha cancelado la licencia de m¨¢s de 20.000 organizaciones sin ¨¢nimo de lucro en los ¨²ltimos cuatro a?os, acusadas de recibir financiaci¨®n il¨ªcita procedente del extranjero. Amnist¨ªa Internacional denuncia que las medidas son parte de una ¡°campa?a de difamaci¨®n¡± contra la reputaci¨®n de organizaciones y activistas disidentes ante determinadas pol¨ªticas gubernamentales.

¡°No podemos pagar los salarios. Por lo que hemos tenido que tomar decisiones dif¨ªciles¡±, afirma Aakar Patel, director de Amnist¨ªa Internacional en India, que ha dejado en suspenso el pago de medio centenar de n¨®minas despu¨¦s de una redada en su oficina india en octubre. Desde entonces, la Direcci¨®n para la Aplicaci¨®n de la Ley, agencia del Gobierno indio encargada del control financiero, bloque¨® las cuentas de la conocida organizaci¨®n en defensa de los derechos humanos. Amnist¨ªa ha impugnado el caso ante los tribunales y critica que se le trate ¡°como una empresa criminal¡±.

La agencia del Gobierno indio asegura que Amnist¨ªa ¡°sorte¨® la FCRA [Ley de Regulaci¨®n para las Contribuciones Extranjeras] mediante una entidad comercial flotante¡± que ¡°ha recibido donaciones extranjeras por rutas comerciales de hasta 360 millones de rupias [4,3 millones de euros]". En 2016, la licencia de Amnist¨ªa India fue cancelada en base a esa ley, por lo que su central en Reino Unido abri¨® una compa?¨ªa privada para dar servicios a la filial en el pa¨ªs asi¨¢tico. Esta es una pr¨¢ctica com¨²n ante gobiernos que endurecen su control sobre ONG. ¡°Todas las transacciones [entre la sociedad limitada y la sede en Londres] se han hecho cumpliendo las leyes indias. No hay queja formal contra nosotros¡±, resume Aakar Patel, cuya casa tambi¨¦n fue registrada.

Un d¨ªa antes de la redada, Amnist¨ªa hab¨ªa exigido una "investigaci¨®n imparcial, independiente y efectiva" sobre la muerte de siete civiles en la regi¨®n de Cachemira administrada por India. Semanas antes, las autoridades investigaron las oficinas de Greenpeace India y cancelaron sus cuentas alegando pr¨¢cticas similares. ¡°El Gobierno acusa a Greenpeace India de violar una secci¨®n de FEMA [Ley de Administraci¨®n de Divisas] pero no da ninguna prueba sobre c¨®mo hemos infringido esa provisi¨®n¡±, explica Nandikesh Sivalingam, el director de campa?a de la organizaci¨®n dedicada a la preservaci¨®n del medio ambiente.

Al igual que Amnist¨ªa, Greenpeace Internacional fund¨® una start-up para la colecta de fondos en 2015, cuando el Gobierno cancel¨® la licencia de su sucursal india alegando que ¡°supon¨ªa una amenaza potencial para la seguridad econ¨®mica nacional¡±.

Ese mismo a?o, se filtr¨® un informe confidencial de la Oficina de Inteligencia dirigido al reci¨¦n electo primer ministro, Narendra Modi, alertando de que un ¡°n¨²mero significativo de ONGs indias [financiadas por EEUU, Reino Unido, Alemania, Holanda y los pa¨ªses escandinavos]¡± realizaban ¡°actividades anti-desarrollo¡± cuyo ¡°impacto negativo en el crecimiento del PIB se estimaba en 2%-3% al a?o¡±. Greenpeace contrarresta la acusaci¨®n se?alando el da?o que para la econom¨ªa india tienen las agresiones al medio ambiente: ¡°La contaminaci¨®n y la degradaci¨®n del suelo reducen el PIB de India m¨¢s del 5% seg¨²n el Banco Mundial. Las alegaciones [del Gobierno] no tienen sentido¡±, razona Sivalingam.

Desde entonces y hasta finales de 2016, el Ejecutivo cancel¨® las licencias de alrededor de 20.000 organizaciones; entre ellas, C¨¢ritas, reduciendo su n¨²mero a un tercio seg¨²n medios locales. El Ministerio del Interior, por su parte, cifra en 4.872 las organizaciones cuyas licencias han sido canceladas en los ¨²ltimos tres a?os.

La mano dura fue respondida por una carta-denuncia firmada por una veintena de ONG, entre ellas Amnist¨ªa, mientras que expertos de la ONU llamaban a que el Gobierno anulase la ley y la revista Forbes titulaba que Modi estaba convirtiendo a la democracia m¨¢s grande del mundo en un Gran Hermano. La persecuci¨®n de las voces cr¨ªticas no se ci?e a las filiales indias de grupos internacionales. La financiaci¨®n de los grupos locales en defensa de comunidades tribales y de los intocables -los m¨¢s pobres en el sistema de castas hind¨²- se ha paralizado y se ha detenido a activistas, incluidos abogados.

Uno de los casos m¨¢s sonados es el de la activista Teesta Setalvad. Ella y su marido, periodista, fueron denunciados en 2018 por defraudar cerca de un mill¨®n de euros - posteriormente recibieron medidas de protecci¨®n contra su arresto del Supremo - y medios afines al Gobierno les acusan de ¡°antipatriotas¡± e ¡°incitadores al odio contra los hind¨²es¡±.

Teesta desciende de una conocida familia de abogados ¨C su abuelo fue el primer fiscal general del pa¨ªs ¨C y recibi¨® el premio Padma Shri, uno de los mayores honores del pa¨ªs, hace una d¨¦cada. Pero su reputaci¨®n cay¨® en desgracia cuando inici¨® un proceso legal contra el Estado de Gujarat por instigar la violencia religiosa que caus¨® m¨¢s de mil muertos en la regi¨®n en 2002. El Centro para la Justicia y la Paz, una de las organizaciones que ella dirige, busca procesar al actual primer ministro, Narendra Modi, porque en aquella ¨¦poca era jefe del Gobierno de Gujarat. Desde que empez¨® la investigaci¨®n, se han cancelado las licencias de las ONG que ella fund¨®. ¡°El Gobierno ha usado la ley para una vendetta contra Teesta y su investigaci¨®n sobre la limpieza ¨¦tnica en Gujarat¡±, cuenta a su marido, Javed Anand.