La clase pol¨ªtica de Per¨² afronta el reto de su regeneraci¨®n
Los casos de corrupci¨®n desgarran al pa¨ªs andino, a¨²n sacudido por el suicidio de Alan Garc¨ªa
En tres d¨ªas se agrietaron tres d¨¦cadas. Y lo que todo Per¨² ya sab¨ªa, que los cuatro ¨²ltimos?presidentes estaban investigados por corrupci¨®n, adquiri¨® el pasado mi¨¦rcoles una nueva dimensi¨®n a trav¨¦s de un s¨ªmbolo tr¨¢gico. El exmandatario Alan Garc¨ªa, que hab¨ªa gobernado en dos periodos no consecutivos, desenfund¨® el rev¨®lver Colt que guardaba en un caj¨®n junto a su cama y se dispar¨® minutos antes de ser detenido por su vinculaci¨®n con el caso Odebrecht. Dos d¨ªas despu¨¦s, la justicia impuso tres a?os de prisi¨®n provisional a Pedro Pablo Kuczynski, que est¨¢ acusado de lavado de dinero y se encuentra ingresado en una cl¨ªnica privada.
La investigaci¨®n de la gigantesca trama de sobornos millonarios tejida por la constructora brasile?a en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina ha desnudado al poder pol¨ªtico peruano, que se enfrenta a la urgencia de una regeneraci¨®n. Mientras el Gobierno de Mart¨ªn Vizcarra enarbola la bandera de la lucha anticorrupci¨®n, el equipo de fiscales encargado de esclarecer el esc¨¢ndalo no se detiene. Tienen el apoyo de amplios sectores de la sociedad, aunque encuentran la resistencia de varios parlamentarios que cuestionan el empleo de medidas preventivas.
Garc¨ªa estaba investigado por la concesi¨®n de la l¨ªnea 1 del Metro de Lima. Seg¨²n la resoluci¨®n judicial, varios altos cargos de su Gobierno recibieron 24 millones de d¨®lares. Se fue defendiendo su inocencia y con una carta, conocida el pasado viernes antes de un cortejo f¨²nebre que recorri¨® el centro de Lima, que describe su suicidio, premeditado, como ¡°muestra de desprecio¡± hacia sus rivales. Su despedida fue de alguna manera una fotograf¨ªa de un Per¨² que est¨¢ dejando de existir. Cientos, quiz¨¢ algunos miles de seguidores del Partido Aprista, que hoy apenas cuenta con cinco representantes en el Congreso, acudieron a decirle adi¨®s.
Muchos parec¨ªan m¨¢s fieles que simpatizantes. ¡°Le debo mucho a ese hombre, le debo mi vida. Por envidia han tratado de traerlo abajo. Prefiri¨® matarse antes de que a un presidente como ¨¦l, inocente, le metieran en la c¨¢rcel¡±, lamenta Pedro Romero, con una bandera nacional al hombro. ¡°Creo que soy aprista desde que nac¨ª. Soy aprista hasta en los huesos¡±, aseguraba tambi¨¦n Carmen Arroyo, de 73 a?os.
Los casos de corrupci¨®n han repercutido en la vida pol¨ªtica y alimentan la disputa entre los partidos, aunque las sospechas rodean a pr¨¢cticamente todo el mundo y las investigaciones han implicado a dirigentes de distinto signo. La polit¨®loga Jessica Bensa reconoce los riesgos de la crispaci¨®n, pero considera que esta situaci¨®n puede ser una oportunidad para pasar p¨¢gina. ¡°Estamos en una encrucijada, porque por un lado nos revela lo mal que funcionaba nuestra pol¨ªtica desde la transici¨®n y todos los problemas que hemos tenido: una pol¨ªtica que ha sido muy vulnerable a la corrupci¨®n, que ha funcionado de manera desinstitucionalizada, que ha priorizado personas o intereses antes que a la sociedad. Pero, por otro lado, el enfrentarnos a esta realidad tambi¨¦n nos abre la posibilidad de hacer justicia, si es que logramos hacerla, y abrir un debate pol¨ªtico¡±, se?ala Bensa, profesora e integrante de la comisi¨®n designada por el actual mandatario para desarrollar una reforma pol¨ªtica y modernizar el funcionamiento de las instituciones. ¡°En este momento las ¨¦lites pol¨ªticas tienen que reaccionar¡±, a?ade; la discusi¨®n ¡°puede llevar a una polarizaci¨®n terrible o a un populismo a lo Bolsonaro o puede avanzar hacia un pacto entre las fuerzas pol¨ªticas actuales¡±. "Por supervivencia de ellos mismos, yo creo que lo tendr¨ªan que hacer", considera.
Se trata de un reto enorme porque supondr¨ªa una impugnaci¨®n de los engranajes del sistema que ha resistido hasta ahora. Los tent¨¢culos de Odebrecht fueron los que m¨¢s golpearon a la Administraci¨®n p¨²blica, pero los datos sobre corrupci¨®n a escala local y regional demuestran que el fen¨®meno va mucho m¨¢s all¨¢. En 2018 hab¨ªa abiertos 4.225 casos por delitos de corrupci¨®n que afectan a 2.059 autoridades y exresponsables territoriales como imputados. Entre ellos figuran 57 gobernadores y exgobernadores regionales; 344 alcaldes o exalcaldes provinciales, y 1.658 regidores o exregidores de distrito.
Investigar los esc¨¢ndalos, seg¨²n Rafael Vela, coordinador del grupo de fiscales que investiga el caso Odebrecht en Per¨², deber¨ªa ser lo normal. Sin embargo, critica en declaraciones a EL PA?S que los cuestionamientos de la clase pol¨ªtica y algunos grandes empresarios a la justicia suponen el principal obst¨¢culo. Adem¨¢s de Garc¨ªa y Kuczynski, la sombra de la corrupci¨®n alcanz¨® al expresidente Alejandro Toledo, pr¨®fugo desde hace dos a?os, mientras que Ollanta Humala ya ha pisado la c¨¢rcel. La l¨ªder opositora Keiko Fujimori est¨¢ en prisi¨®n preventiva por una operaci¨®n de lavado de activos y su padre, Alberto Fujimori, que en 1992 dio un autogolpe al anular el Congreso y gobern¨® sin contrapoderes, tambi¨¦n se encuentra detenido, aunque en su caso por responsabilidad en dos matanzas perpetradas por un destacamento del Ej¨¦rcito, el llamado Grupo Colina.
De la acci¨®n de la Fiscal¨ªa y del Poder Judicial depende ahora, en buena medida, el futuro de Per¨². ¡°El proceso anticorrupci¨®n, hasta ahora con altos y bajos, ha logrado estar enganchado con la ciudadan¨ªa y esa ha sido su fortaleza¡±, opina el abogado y polit¨®logo Eduardo Dargent. ¡°La poblaci¨®n ha ido aprobando el trabajo [de los investigadores] m¨¢s all¨¢ de que pueda haber algunas discrepancias sobre temas complejos como la detenci¨®n preventiva, de 36 meses, que se vuelve exagerada para una persona sin sentencia, algo que no deber¨ªa tener nadie, ni un pol¨ªtico ni un ciudadano de a pie¡±. As¨ª, cree que ¡°los ¨²ltimos sucesos van a requerir mucha capacidad pol¨ªtica de los fiscales, aunque suene contradictorio, de entender mejor el entorno que les toca, ya que alguna de la paciencia o los apoyos hacia ellos pueden comenzar a flaquear, y eso ser¨ªa muy complicado dado que su mayor apoyo hasta el momento sido la indignaci¨®n ciudadana¡±.
Debate sobre el suicidio
Despu¨¦s del suicidio del expresidente Alan Garc¨ªa se instalaron en el debate dos interpretaciones legales sobre las supuestas responsabilidades de terceros. Su familia revel¨® el viernes la carta en la que el pol¨ªtico explicaba por qu¨¦ decidi¨® dispararse y su secretario personal, Ricardo Pineda, ha relatado las conversaciones e instrucciones que recibi¨® en los ¨²ltimos d¨ªas. El abogado Luis Vargas Valdivia sostiene que si hubo personas del entorno de Garc¨ªa que supieron de su intenci¨®n de suicidarse debieron notificarla a las autoridades. ¡°Hay responsabilidad penal, pues se afecta el principio de solidaridad que debe existir entre los seres humanos¡±, coment¨® a EL PA?S Vargas, especializado en Derecho Procesal.
Sin embargo, otros dos abogados especializados en Derecho Penal, interpretan de manera m¨¢s restringida la ley. Romy Chang y Luis Lamas Puccio refieren que solo los m¨¦dicos, psiquiatras o psic¨®logos de una persona que expresa que quiere suicidarse tienen la obligaci¨®n de hacer algo.
¡°Ellos est¨¢n en posici¨®n de garante como profesionales al cuidado de un paciente. Los m¨¦dicos que no evitan el suicidio podr¨ªan ser responsables por homicidio culposo por comisi¨®n o por omisi¨®n, si por imprudencia o si por no generarse complicaciones no lo persuadieron a evitarlo o no informaron¡±, opina Chang. Lamas Puccio afirm¨® que solo est¨¢ penalizada la "instigaci¨®n o la ayuda al suicidio¡±. ¡°Tener conocimiento no tiene connotaciones, a no ser que hubiera una situaci¨®n de tutela sobre el que se suicid¨®, en todo caso es una responsabilidad profesional o deontol¨®gica¡±, explica.
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