¡°Hay una gran desconfianza hacia el Tribunal Penal Internacional por la falta de resultados¡±
Carlos Castresana, candidato a fiscal jefe en el organismo con sede en La Haya, aboga por acercar los recursos a los territorios donde est¨¢n las v¨ªctimas
El fiscal Carlos Castresana (Madrid, 63 a?os) lleva cuatro d¨¦cadas de carrera profesional, la mitad de ella con experiencia en investigaciones internacionales. Pionero en la lucha contra la corrupci¨®n en Espa?a, logr¨® en los a?os noventa llevar ante la justicia a Jes¨²s Gil, estramb¨®tico presidente del Atl¨¦tico de Madrid y m¨¢s tarde alcalde de Marbella. Tambi¨¦n fue el impulsor del proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet e intervino, entre otros, en el procesamiento del presidente guatemalteco Alfo...
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El fiscal Carlos Castresana (Madrid, 63 a?os) lleva cuatro d¨¦cadas de carrera profesional, la mitad de ella con experiencia en investigaciones internacionales. Pionero en la lucha contra la corrupci¨®n en Espa?a, logr¨® en los a?os noventa llevar ante la justicia a Jes¨²s Gil, estramb¨®tico presidente del Atl¨¦tico de Madrid y m¨¢s tarde alcalde de Marbella. Tambi¨¦n fue el impulsor del proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet e intervino, entre otros, en el procesamiento del presidente guatemalteco Alfonso Portillo. En la actualidad trabaja en el Tribunal de Cuentas y es candidato, junto con otros ocho finalistas, al cargo de fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. La decisi¨®n para el reemplazo de Fatou Bensouda, cuyo mandato termina el 15 de junio, se espera en febrero.
El tribunal ¡°necesita reformas, ser m¨¢s ¨¢gil, m¨¢s eficiente y de alguna manera estaba un poco ensimismada con una experiencia que era heredera directa de los tribunales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda¡±, comenta Castresana en conversaci¨®n telef¨®nica desde su casa en Madrid. En su opini¨®n, es necesario que incorpore m¨¦todos de investigaci¨®n del siglo XXI. ¡°Hasta ahora, las acusaciones se basan fundamentalmente en la prueba testifical y documental, cuando la tecnolog¨ªa hoy ofrece procedimientos de prueba mucho m¨¢s eficientes, baratos y r¨¢pidos¡±, se?ala.
El fiscal tambi¨¦n aboga por poner en marcha una red de cooperaci¨®n con las Fiscal¨ªas nacionales (que son las que poseen las herramientas para intervenir tel¨¦fonos o correos electr¨®nicos, bloquear cuentas o efectuar arrestos), y llevar a cabo una reorganizaci¨®n en el TPI. ¡°El 62% del personal [sobre un total de 300 fiscales] pertenece a Europa occidental, Canad¨¢, Australia y Nueva Zelanda frente, por ejemplo, a un 17% de africanos. Creo que hay que traer expertos de otros pa¨ªses al tribunal y tambi¨¦n sacar la Fiscal¨ªa de La Haya y llevarla a los territorios donde est¨¢n los problemas¡±, defiende. ¡°All¨ª donde no sea materialmente imposible por seguridad, tiene que haber oficinas de campo para que las investigaciones est¨¦n cerca de las v¨ªctimas, de los hechos, de la prueba y en la medida de lo posible, hacer equipos mixtos de investigadores internacionales y nacionales que permitan crear una capacidad que quede despu¨¦s instalada en esos territorios¡±, algo que redundar¨ªa en una mayor protecci¨®n de los testigos.
123 pa¨ªses ¡ª¡±dos tercios de la comunidad internacional¡±, subraya Castresana¡ª han ratificado hasta la fecha el Estatuto de Roma, que en 1998 dio origen a un Tribunal Penal Internacional que desde 2002 juzga, bajo el principio de justicia universal, genocidios, cr¨ªmenes de guerra, de agresi¨®n y de lesa humanidad. Entre los Estados fuera de su jurisdicci¨®n est¨¢n, por un lado, los que firmaron el tratado pero no llegaron a ratificarlo, como es el caso de Estados Unidos, Rusia, Israel, Ir¨¢n o Siria, y por el otro, pa¨ªses como China, la India, Arabia Saud¨ª o Turqu¨ªa, que desde el inicio rechazaron su adhesi¨®n. ¡°Se ha producido una ruptura Norte-Sur y ese di¨¢logo en relaci¨®n con la corte es indispensable y hay que restaurarlo¡±, afirma. ¡°Al mismo tiempo, tambi¨¦n ha habido una conflictividad creciente con pa¨ªses que no son Estados miembro¡±, reconoce. En uno de los casos m¨¢s llamativos, la Administraci¨®n del presidente Donald Trump ha boicoteado en los ¨²ltimos a?os la investigaci¨®n del tribunal sobre la actuaci¨®n de EE UU en Afganist¨¢n y en junio pasado emiti¨® una orden para bloquear los activos de los empleados de la corte e impedir su entrada en territorio estadounidense. Castresana dice esperar que las relaciones cambien con la inminente llegada del dem¨®crata Joe Biden a la Casa Blanca, y recuerda la colaboraci¨®n con los primeros Gobiernos estadounidenses tras la creaci¨®n del tribunal. ¡°Tenemos que volver a ese escenario lo antes posible. Se puede, pero hay que trabajar mucho¡±, defiende sin querer entrar en detalles, porque afirma que la negociaci¨®n pol¨ªtica es competencia de la Asamblea de Estados Partes, el ¨®rgano rector del tribunal.
El fiscal opina, sin embargo, que se han de dar pasos para atraer a alguna de las potencias que se mantienen fuera del alcance del TPI. ¡°Debemos evitar abrir investigaciones en territorios donde la jurisdicci¨®n no est¨¢ claramente establecida, porque eso es un bumer¨¢n que a la larga produce efectos contraproducentes. Pero a la vez, debemos ser muy eficientes en aquellos territorios y respecto a aquellas personas sobre quienes s¨ª tenemos jurisdicci¨®n. Ha habido poqu¨ªsimas condenas en estos a?os. Si hubiera m¨¢s, si tuvi¨¦ramos capacidad de disuasi¨®n real, nos ir¨ªamos ganando el respeto de esos Estados que no est¨¢n dentro de la corte, porque ahora mismo hay una gran desconfianza, no solo por la falta de resultados, sino por la acusaci¨®n, que normalmente no est¨¢ fundada, de quienes dicen que la corte se extralimita porque investiga a los que no han ratificado el estatuto¡±, mantiene.
Sobre los ex¨¢menes preliminares para investigar cr¨ªmenes en Venezuela, Filipinas o Israel, el fiscal prefiere no pronunciarse todav¨ªa, pero considera que hay demasiados frentes abiertos, los recursos son ¡°insuficientes¡± y no es sostenible que dichas investigaciones preliminares sean tan largas. De llegar al cargo, Castresana muestra su intenci¨®n de revisar en seis meses todos los expedientes y ¡°priorizar¡± los casos que tengan m¨¢s probabilidades de salir adelante con ¨¦xito. Planea, adem¨¢s, crear una secci¨®n dedicada a las investigaciones financieras y otra a las telecomunicaciones, as¨ª como reenfocar la de violencia de g¨¦nero, con nuevas perspectivas sobre fen¨®menos transversales como el tr¨¢fico de mujeres.
¡°Tenemos que recuperar el esp¨ªritu de que la justicia es un elemento indispensable de las relaciones internacionales¡±, considera, y se?ala que su candidatura es un desaf¨ªo profesional personal, pero, sobre todo, ¡°una oportunidad de contribuir a recuperar ese esp¨ªritu¡± presente en los a?os noventa y que permiti¨®, entre otros, que saliera adelante el caso Pinochet o que naciese el propio TPI.