Un fiscal espa?ol aspira a la Corte Penal Internacional

El nombre de Carlos Castresana, fiscal con larga experiencia internacional, va a estar sobre la mesa en el proceso de elecci¨®n del nuevo jefe de la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional (CPI). Castresana (Madrid, 1957) fue uno de los 14 preseleccionados para ocupar el cargo en los primeros pasos de un sistema de designaci¨®n que est¨¢ resultando sumamente laborioso y pol¨¦mico. La raz¨®n es el momento clave que atraviesa el tribunal, ante la necesidad imperiosa de lanzar un mensaje de solvencia y credibilidad frente a las acusaciones de excesiva politizaci¨®n.

Es la justicia internacional, por tanto, la que se juega una importante partida en este proceso de elecci¨®n. Y los pasos dados hasta ahora por el comit¨¦ encargado de proponer a los candidatos finales no han convencido en la propia organizaci¨®n. Ese comit¨¦ anticip¨® cuatro nombres entre los 14 preseleccionados. Pero ninguno de los cuatro est¨¢ encontrando facilidades para reunir el consenso que asegure su designaci¨®n en la pr¨®xima asamblea de pa¨ªses firmantes del tratado fundacional del tribunal, que se celebrar¨¢ en La Haya en diciembre. Vista la situaci¨®n, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez quiere jugar fuerte en apoyo de la candidatura de Castresana, que ser¨ªa el primer espa?ol que accediese al cargo.

Se trata, en parte, de recuperar cierto terreno perdido. Espa?a dio signos claros de apoyar los objetivos de la justicia universal durante los a?os ochenta y noventa, con procedimientos muy sonados, como el de la Audiencia Nacional contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Sucesivas reformas legislativas han estrechado, sin embargo, el campo de actuaci¨®n de la justicia espa?ola en este ¨¢mbito. La Corte Penal Internacional se revela ahora como un instrumento id¨®neo para relanzar iniciativas en este campo.

De ah¨ª el apoyo rotundo que la candidatura de Castresana ha recibido del Ejecutivo. Se trata de ¡°volver al buen camino¡±, como ha sostenido el fiscal espa?ol en defensa de su proyecto. El prop¨®sito es enlazar con una tradici¨®n jur¨ªdica que a¨²n tiene un corto recorrido hist¨®rico, iniciado en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, y cuyos referentes actuales son los tribunales para la antigua Yugoslavia en 1993 y Ruanda en 1994.

¡°El Estatuto de Roma de 1998, que cre¨® la Corte Penal es, como el caso Pinochet de 1996, hijo de la distensi¨®n de los noventa, despu¨¦s de la Guerra Fr¨ªa. Pero luego la guerra contra el terror [yihadista] iniciada en 2001 lo complic¨® todo, y ah¨ª seguimos atascados¡±, dice Castresana.

La CPI afronta, en definitiva, una etapa clave para asentarse como instituci¨®n. Y la elecci¨®n del futuro fiscal jefe puede marcar el punto de partida de esa operaci¨®n.

Castresana fue fiscal en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo; luego ejerci¨® la abogac¨ªa y encabez¨® misiones internacionales, para volver a la Fiscal¨ªa en enero de este a?o. Entre 2007 y 2010, dirigi¨® la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con rango de subsecretario general de Naciones Unidas.

Los cuatro candidatos inicialmente destacados por la comisi¨®n creada ad hoc son dos abogados ¡ªMorris Anyah, americanonigeriano, y Fergal Gaynor, irland¨¦s¡ª, el fiscal canadiense Richard Roy y la juez ugandesa Susan Okalany. La procedencia de Morris Anyah es un factor desfavorable, ya que Estados Unidos no solo no forma parte de la Corte Penal sino que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha impulsado sanciones contra la instituci¨®n por haber abierto investigaciones sobre actuaciones de la CIA y del Ej¨¦rcito americano en Afganist¨¢n, y otra sobre Palestina. Y Gaynor ha representado a v¨ªctimas relacionadas con ambas investigaciones, lo que podr¨ªa poner en cuesti¨®n su imparcialidad.

Las investigaciones sobre Afganist¨¢n y Palestina ¡°levantan chispas¡±, afirma Castresana, quien reivindica para la Fiscal¨ªa de la Corte Penal la posibilidad de actuar como ¡°un gran motor¡±. Explica que esa Fiscal¨ªa ahora ¡°no tiene ruedas; por eso no va a ninguna parte, no puede detener a nadie ni hacer registros ni intervenciones telef¨®nicas ni confiscar bienes¡±. En el futuro, sostiene, ¡°hay que aplicar los procedimientos de investigaci¨®n que se emplean contra el crimen organizado¡±. Y para ello habr¨¢ que contar con autoridad y con el decidido apoyo de los Estados miembros.