En busca de una salida en Colombia

Las noches del pasado 9 y 10 de septiembre de 2020, al menos 10 personas murieron en las protestas que siguieron al homicidio de Javier Ord¨®?ez a manos de la Polic¨ªa en Bogot¨¢. Al mismo tiempo, no menos de 22 edificios de Comandos de Acci¨®n Inmediata (CAIs, peque?os edificios de barrio situados habitualmente en parques) de la misma Polic¨ªa fueron incendiados. Presuntamente, la mayor¨ªa de las muertes se produjeron a manos de ...

Las noches del pasado 9 y 10 de septiembre de 2020, al menos 10 personas murieron en las protestas que siguieron al homicidio de Javier Ord¨®?ez a manos de la Polic¨ªa en Bogot¨¢. Al mismo tiempo, no menos de 22 edificios de Comandos de Acci¨®n Inmediata (CAIs, peque?os edificios de barrio situados habitualmente en parques) de la misma Polic¨ªa fueron incendiados. Presuntamente, la mayor¨ªa de las muertes se produjeron a manos de disparos con armas de fuego policiales. El pasado 4 de mayo casi se repite la historia. 16 CAIs vandalizados, una respuesta desproporcionada, decenas de heridos (varios de ellos polic¨ªas, en particular unos patrulleros rasos que se encontraban en el interior de un CAI mientras lo incendiaban desde fuera); y casi milagrosamente ning¨²n muerto en una espiral de violencia que empieza a ser recurrente. Para entender su din¨¢mica y buscar una salida es imprescindible salir de la l¨®gica de di¨¢logo sordo entre ¨¦lites pol¨ªticas de distinto signo.

Porque en esta ocasi¨®n la espiral se produjo en el marco de un paro nacional que tiene a buena parte de la Colombia urbana movilizada desde el pasado 28 de abril. Las movilizaciones se sostienen en todo el pa¨ªs, con una crisis social y de seguridad particularmente intensa en Cali que ha alertado al resto de ciudades. Por eso, lo sucedido en Bogot¨¢ mereci¨® esta vez mucha m¨¢s atenci¨®n: con lo que pas¨® entre el 9 y 10 de septiembre ni siquiera es f¨¢cil reconstruir un relato hilvanado. Ahora, enseguida salieron voces condenando la situaci¨®n, en un abanico que iba desde los ¡°condeno, pero no podemos equiparar la violencia ciudadana con la ejercida por el Estado¡±, hasta los ¡°condeno y acuso a los convocantes del paro de lo que pueda pasarle a la fuerza p¨²blica¡±, pasando por los equidistantes ¡°condeno: as¨ª no se protesta, toda vida es sagrada¡±. Lo que llamaba la atenci¨®n es que todas ellas asum¨ªan una vinculaci¨®n m¨¢s o menos estrecha entre la situaci¨®n en Bogot¨¢ y la vanguardia dela huelga general: estudiantes, gremios semi-organizados de distintos sectores, y pol¨ªticos electos del ala izquierda del espectro (alguno de ellos incluso llam¨® a la ¡°movilizaci¨®n pac¨ªfica¡± como ¡°¨²nica v¨ªa¡±). Pero vale la pena cuestionar la fortaleza de dicha conexi¨®n.

Los segmentos de la protesta

En la semana y media que lleva activo el paro se ha repetido un patr¨®n: durante el d¨ªa, protestas que empiezan y terminan de manera m¨¢s o menos pac¨ªfica. Al caer la noche, la violencia se destapa. Lo primero que llama la atenci¨®n es que el perfil de las protestas es distinto en cada momento. Y es que podemos entender el paro como la confluencia de tres r¨ªos de movilizaci¨®n en una sola corriente que no se une, sino que mantiene caminos separados. A la vanguardia est¨¢n los estudiantes, con un foco poco definido pero ambicioso en reformas de orden social y garant¨ªas para la protesta en relaci¨®n a la polic¨ªa. Cerca se encuentran gremios y sindicatos m¨¢s o menos organizados, con objetivos mucho m¨¢s concretos (¡°no a la reforma de la salud¡±, ¡°que nos bajen los peajes¡±, ¡°no a las plataformas tipo Uber¡±, etc¨¦tera) pero una presencia y capacidad de movilizaci¨®n m¨¢s estrecha entre la sociedad. Y m¨¢s all¨¢ se encuentra el torrente de j¨®venes que se activa en barrios y ciudades perif¨¦ricas, segregadas social, urban¨ªstica y econ¨®micamente.

Los estudiantes sienten su propio agravio respecto al Escuadr¨®n M¨®vil Anti Disturbios (Esmad) de la Polic¨ªa, alimentado por encontronazos y abusos de fuerza por parte de la unidad en el manejo de las protestas desde tiempo atr¨¢s. Es una generaci¨®n que se ha socializado pol¨ªticamente en las revueltas actuales y recientes, que tuvo el paro nacional de noviembre de 2019 un punto de inflexi¨®n que llevar¨ªa incluso a la Corte Suprema de Justicia a defender el derecho a la manifestaci¨®n por encima de la violencia policial un a?o despu¨¦s. Dentro todas estas protestas, un elemento fundamental de movilizaci¨®n ha sido la contraposici¨®n al Esmad, hasta el punto de que su desmonte es para algunos un punto irrenunciable de las demandas.

Pero una parte importante de los conflictos nocturnos con resultados m¨¢s tr¨¢gicos se ha trasladado, precisamente, a esas zonas segregadas. Y es aqu¨ª donde se concentra la mayor letalidad policial. Sucedi¨® en septiembre en Bogot¨¢, y ha vuelto a pasar ahora. De las 24 muertes confirmadas por la Defensor¨ªa hasta el mi¨¦rcoles 5 de mayo, 17 se produjeron en el Valle del Cauca, estando todas las dem¨¢s regadas por el conjunto de la geograf¨ªa nacional. Es en Cali, capital del Valle, donde hemos visto m¨¢s uso de armas de fuego a manos de la Polic¨ªa. Tambi¨¦n hay, por cierto, indicios en forma de video de su uso al menos espor¨¢dico y localizado por parte de quienes los confrontan. Sin embargo, la atenci¨®n medi¨¢tica y discursiva, tanto en redes como en plataformas alternativas o tradicionales, tiende a centrarse en el segmento de los estudiantes y, adem¨¢s, extrapola la din¨¢mica que afecta a dicho segmento como si fuese la general de la huelga, cuando no es as¨ª.

La relaci¨®n entre los tres carriles de la protesta existe, si bien es probablemente inconstante y poco articulada. El solapamiento tambi¨¦n: al fin y al cabo, no pocos estudiantes o miembros de sindicatos y otras agrupaciones vienen de estos mismos barrios. Pero entender de manera segmentada el Paro y la reacci¨®n policial al mismo, as¨ª sea como modelo aproximado, ayuda a vislumbrar que esa pretensi¨®n de que las ¨¦lites de oposici¨®n al gobierno pueden detenerlo con un solo adem¨¢n de di¨¢logo es m¨¢s bien ilusoria. La desescalada para proteger vidas se vuelve, por desgracia, tambi¨¦n mucho m¨¢s compleja.

No una, sino muchas conversaciones

En este marco, ?qu¨¦ conseguir¨ªa un di¨¢logo nacional? Si su contenido es espec¨ªfico y atiende a las demandas de los segmentos m¨¢s organizados, podr¨ªa desactivar algunos de los bloqueos que ahora mismo se mantienen en diversas carreteras a lo largo y ancho de Colombia. Si su contenido es amplio y ambicioso, y si adem¨¢s incluye un reconocimiento con prop¨®sito de enmienda de los excesos del Esmad , tambi¨¦n podr¨ªa ayudar a conciliar en ese frente.

No ser¨¢ muy efectivo, en cambio, si no se articula con la dimensi¨®n subnacional: se ha evidenciado una considerable diferencia entre ciudades y regiones del grado de escalamiento de la violencia, o en la capacidad de las autoridades para lograr que se abran o cierren bloqueos al movimiento de insumos b¨¢sicos o misiones m¨¦dicas, sin duda producto de las diferentes estrategias seguidas por los gobiernos locales y regionales, as¨ª como con su capacidad para articularse y encontrar interlocutores.

Esta dimensi¨®n local, clave para desescalar con estos dos segmentos de la protesta, se vuelve a¨²n m¨¢s imprescindible con el tercero. Aqu¨ª resulta particularmente iluminadora la visi¨®n de Jorge Mantilla, investigador experto en conflicto. En una conversaci¨®n, Mantilla subray¨® la infinidad inabarcable de roles atribuidos habitualmente a la polic¨ªa en Colombia: se les atribuyen labores de gesti¨®n de convivencia a ras de suelo. El polic¨ªa, ilustra el experto, es el funcionario de primer contacto para cualquier ciudadano de a pie en el pa¨ªs.

Pero a la vez el polic¨ªa es l¨®gicamente el responsable de la seguridad en su zona. Eso crea un doble incentivo para el abuso de un pie de fuerza que, remarca Mantilla, no tiene buenas condiciones de trabajo ni salario. La comunidad recurre a ellos en todo momento para resolver cualquier cuesti¨®n, y lo hace tambi¨¦n la autoridad para manejar crisis de seguridad.

En este contexto, la probabilidad para que se enquisten problemas entre la comunidad, particularmente sus segmentos m¨¢s j¨®venes, y la polic¨ªa (tambi¨¦n particularmente joven en sus rangos de base) se multiplica. Un ejemplo tr¨¢gico se observ¨® el d¨ªa cuatro en la localidad de Bosa, al sur de Bogot¨¢: all¨ª se mont¨® una protesta espont¨¢nea en torno a un CAI porque circulaba una noticia de violaci¨®n a una menor a manos de los polic¨ªas que lo ocupaban. La noticia era falsa, inventada al parecer por un ciudadano como venganza por una multa, pero la aclaraci¨®n oficial no fue cre¨ªda o asumida por la ciudadan¨ªa del barrio. La noche acabar¨ªa all¨ª en duros disturbios.

A Bosa s¨ª lleg¨® el Esmad, pero en otras ocasiones han sido los propios patrulleros rasos quienes se han enfrentado directamente a la poblaci¨®n. Esto no justifica (nada puede hacerlo) pero s¨ª ayuda a entender el por qu¨¦ del recurso a estas armas de fuego, ¨²ltimo pero casi ¨²nico del que disponen, que por descontado multiplica la probabilidad de homicidio en abuso de fuerza. Aqu¨ª, se opaca el rastro de la cadena de mando y toma de decisiones, activ¨¢ndose recursos inadecuados para el manejo de situaciones cr¨ªticas que muchas veces desembocan en escalamientos inmediatos, o aplazados, de violencias localizadas. Luego, la mentada cadena de mando parece incapaz de resolverlos desde arriba, desde la autoridad organizativa, civil, pol¨ªtica y minimizando el da?o tanto para la poblaci¨®n como para sus propios agentes, de quienes se han filtrado videos estos d¨ªas expresando a sus superiores la falta de medios para salir a manejar la situaci¨®n en las calles.

Este mismo patr¨®n se reproduce entre la fuerza p¨²blica (sobre todo el Esmad) y los estudiantes, por cierto: en todos los casos, el recurso sistem¨¢tico a la resoluci¨®n de conflictos exclusivamente por la v¨ªa de la fuerza lleva a una ¡°acumulaci¨®n de agravios¡±, como se?ala la analista de International Crisis Group Elizabeth Dickinson, que ¡°deja poco espacio para la esperanza de una resoluci¨®n a corto plazo¡±.

Es por todo ello que efectivamente urge una reforma integral de la polic¨ªa y su accionar pol¨ªtico y organizacional, para el beneficio tanto de la comunidad como de las personas que integran la instituci¨®n en sus niveles de base. Tambi¨¦n es imprescindible dar seguimiento a las 46 investigaciones abiertas por abuso policial durante estos d¨ªas: los incentivos y las sanciones hacia los agentes deber¨ªan realinearse para que est¨¦n lo m¨¢s lejos posible del recurso a la confrontaci¨®n.

Pero antes siquiera de entrar en ello, parece a¨²n m¨¢s urgente articular soluciones inmediatas a los enquistamientos activos. Estas soluciones, que pasan por abrir espacios de di¨¢logo para manejo de problemas acumulados, no son escalables, sino que se tienen que producir casi barrio a barrio. La infraestructura social e institucional para ello es escasa, seg¨²n Mantilla, incluso en ciudades como Bogot¨¢ donde figuras como el gestor de convivencia ya existe.

La falta de articulaci¨®n de la sociedad civil en muchos barrios (no en otros, donde s¨ª hay l¨ªderes comunitarios visibles), da?ada a¨²n m¨¢s por una coyuntura pandemia, hace dif¨ªcil la concertaci¨®n: ?con qui¨¦n sentarse a hablar, as¨ª sea a nivel local? Pero si se buscan esos referentes siempre existen, as¨ª sean de manera impl¨ªcita, incipiente.

De abajo hacia arriba

Todo lo anterior nos lleva a un di¨¢logo que ser¨ªa muy distinto del que plantea tanto el Gobierno como ciertos l¨ªderes de la oposici¨®n, o de la intelectualidad colombiana. En lugar de empezar por sentar a los pr¨®ceres de la patria (o del paro), habr¨ªa que comenzar por sentarse en las calles. El 5 de mayo se produjo la primera ¡°tregua¡± entre manifestantes y polic¨ªa en Cali, en un sector que hab¨ªa sido particularmente conflictivo desde la semana pasada: el Paso del Comercio. No se resolvi¨® en despachos: la articularon los j¨®venes en las calles con los patrulleros rasos. De igual manera, el desbloqueo parcial de una ciudad que lleva una semana desabastecida se ha venido logrando gracias a gestiones conjuntas a nivel medio y de base de la sociedad civil, con la participaci¨®n de las autoridades en di¨¢logos multilaterales que han empezado a un nivel medio, no alto.

Lo que aqu¨ª surge es una conversaci¨®n que comienza abajo, escuchando, y que desde ah¨ª debe dejar ¨ªtems de cambio a todos los niveles. El barrio, la ciudad, el departamento y, por ¨²ltimo, el Estado, cuya labor ahora mismo en el di¨¢logo deber¨ªa centrarse en la escucha y la muestra de empat¨ªa m¨¢s que en la vertiente institucional-elitista de ¡°burbuja bogotana¡± que ha adquirido. Se trata de darle una soluci¨®n local a un problema nacional, al menos en su origen o en uno de sus vectores centrales. Muchas desescaladas de violencias que tienen origen, motivaciones y accionar distinto, para converger en una. Y esto deber¨ªa ir antes siquiera de definir el contenido espec¨ªfico de las reformas, antes de hablar de qui¨¦n debe renunciar o permanecer, si realmente se busca un camino adelante que no deje atr¨¢s a los que siempre se quedan atr¨¢s, y sobre quienes desaparecen los focos una vez las ¨¦lites tienen temporalmente tramitados sus problemas.

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